La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó este lunes que el conflicto registrado en La Asunta está relacionado con una disputa entre sectores de comunarios que mantienen posiciones contrapuestas respecto a las actividades mineras desarrolladas en la zona.
La institución aclaró, además, que no otorgó ningún área minera a ciudadanos extranjeros y que existe una investigación penal en curso por la presunta explotación ilegal de recursos minerales.
El director ejecutivo de la AJAM, Jaime Sanabria, señaló que parte de la información difundida en redes sociales atribuye a la institución una responsabilidad directa por el asentamiento de ciudadanos extranjeros y por la actividad minera denunciada como ilegal.
Sin embargo, explicó que existen antecedentes sobre acuerdos privados suscritos por representantes de comunidades de la zona con actores productivos para captar inversiones destinadas a actividades mineras.
De acuerdo con los antecedentes presentados por la AJAM, en 2022 representantes de la comunidad Cuchumpaya, perteneciente al municipio de La Asunta, habrían suscrito un contrato privado de inversión minera con actores productivos nacionales para captar inversión extranjera destinada a actividades mineras en el sector.
De esta manera, la vinculación con inversionistas extranjeros se habría generado a partir de acuerdos promovidos desde la propia comunidad.
La AJAM aclaró que estos contratos privados no constituyen derechos mineros otorgados por la autoridad administrativa y que el área denominada “Tres Amigos IV” no cuenta con un derecho minero vigente, por lo que cualquier actividad de explotación desarrollada en ese sector no estaría respaldada por un derecho minero reconocido por la institución.
“En ningún momento la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera ha proporcionado áreas a ciudadanos de nacionalidad china. Eso es totalmente falso; más al contrario, estamos resguardando los recursos naturales del Estado”, precisó Sanabria.
La institución también explicó que en las riberas del río Boopi existen aproximadamente 170 derechos mineros registrados, de los cuales siete corresponden a derechos preconstituidos y 164 son solicitudes en trámite.
La AJAM aclaró que una solicitud no habilita, por sí misma, el desarrollo de actividades de explotación, debido a que debe cumplir las etapas previstas por la normativa minera antes de obtener la autorización correspondiente.
Precisó que las actividades mineras deben cumplir las exigencias ambientales y contar con los permisos y autorizaciones emitidos por las autoridades competentes.
Respecto a los enfrentamientos registrados durante el fin de semana, señaló que estos se produjeron en el marco de una pugna entre sectores de las propias comunidades de La Asunta, con posiciones contrapuestas sobre la continuidad de las operaciones mineras.