El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que el Decreto Supremo 5676, que establece un nuevo costo del diésel para determinados sectores, forma parte de los condicionamientos vinculados al proceso de negociación de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional.
Aramayo explicó que el Gobierno se encuentra próximo a cerrar un acuerdo con el organismo y que el financiamiento está relacionado con decisiones económicas que calificó como complejas y poco populares.
La declaración contrasta con la posición expresada en julio por el entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien había sostenido que el entendimiento técnico con el FMI no implicaba que Bolivia cediera la conducción de su política económica.
El Gobierno argumenta que el esquema de subvención de carburantes representa una fuerte presión sobre el Tesoro y que debe avanzar hacia mecanismos fiscalmente sostenibles.
El reconocimiento vuelve a colocar en el centro del debate las condiciones del eventual acuerdo con el FMI, el precio de los combustibles y el alcance de las reformas económicas que el Ejecutivo está dispuesto a implementar.