En un pronunciamiento de la Plataforma de la Sociedad Civil para la Incidencia Económica y Social, sobre la escasez de combustibles, plantearon la urgente necesidad que el Gobierno reduzca el gasto público ante la crisis económica actual.
El Estado boliviano ha registrado, por más de una década, un profundo y persistente déficit fiscal (más gastos que ingresos), cercano e incluso mayor a 10% del PIB, en los últimos años. Este déficit es resultado del modelo aplicado por los anteriores gobiernos de incrementar el gasto público persistentemente para impulsar la demanda interna, en un escenario de caída de ingresos fiscales (principalmente hidrocarburos).
Asimismo, se han destinado importantes recursos orientados a la creación y fortalecimiento de las empresas estatales que, en general, no han demostrado rentabilidad o costo-efectividad.
En este contexto, el crecimiento del gasto público ha sido financiado con deuda externa, las Reservas Internacionales (hasta su agotamiento), crédito del Banco Central, los fondos de pensiones y, finalmente, con emisión monetaria.
Esta dinámica, además que ha desplazado las inversiones del sector productivo privado (limitando las oportunidades de creación de empleo), conlleva diferentes problemas económicos. El aumento del gasto público y su forma de financiarlo mediante aumento de la base monetaria (emisión) ha producido inevitables presiones inflacionarias, además que fue un factor que generó la crisis cambiaria.
La inflación deteriora rápidamente el poder adquisitivo de las familias bolivianas, castigando con mayor dureza a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es así que el costo del elevado gasto público y consecuente endeudamiento se traslada a la población y a futuras generaciones.Referencia geográfica
Durante varias gestiones de gobierno se ha recurrido, de manera constante, a endeudamiento para financiar gastos corrientes (gastos operativos de un Estado), principalmente deuda interna en los últimos años, lo que vulnera un principio de sostenibilidad fiscal.
El aumento del gasto público, y en un escenario de ingresos limitados, es uno de los principales factores que han conducido al país a la actual situación de crisis.
Es por esto que uno de los principales temas de la agenda económica, ante el deterioro macroeconómico gestado durante varios años, era y es la urgente disminución del gasto público y, por ende, del déficit fiscal.
Al respecto, el Presupuesto Modificado 2026 (replanteado por el nuevo Gobierno), recientemente aprobado, no refleja la anunciada y necesaria disminución de los gastos.
Ya se tiene en puerta la formulación del Presupuesto 2027 y es urgente revertir esta dinámica. Posponer el ajuste del gasto público representa un alto riesgo de caer en una situación económica mucho más complicada en adelante. Los recursos de financiamiento externo son y serán insuficientes ante las múltiples obligaciones y necesidades que afronta el país.
Por tanto, preocupados por esta situación, desde las instituciones de la Plataforma de la Sociedad Civil para la Incidencia Económica y Social, consideramos necesario y oportuno que se realice una significativa reducción del gasto público y del déficit fiscal, orientada hacia la sostenibilidad fiscal y a recuperar la estabilidad de la economía.Economía
Nos referimos a una reestructuración fiscal profunda, puesto que los limitados recursos, además, deben reorientarse bajo criterios de eficiencia y priorización. La reducción del gasto debiera aplicarse sobre el gasto público ineficiente, burocrático e improductivo, lo que incluye a las empresas estatales deficitarias; resguardando e incluso priorizando el gasto orientado a programas de protección social para los sectores de mayor vulnerabilidad.
Además de reducir el gasto y el tamaño del aparato estatal a través de una política fiscal austera, consideramos fundamental desarrollar un marco de gobernanza de las finanzas públicas orientado a garantizar el uso eficiente y equitativo de los limitados recursos públicos, y la responsabilidad por el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad; a través de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y sistemas de control y gestión adecuados. Se podría incluir la conformación de un comité técnico de Política Fiscal que sea independiente y la aplicación de reglas fiscales que permitan restablecer el equilibrio y eviten caer nuevamente en esta dinámica de gasto excesivo, déficit y endeudamiento en el futuro.Política
Finalmente, planteamos que estas correcciones deban ser acompañadas por la restitución de la autonomía del Banco Central de Bolivia, limitando el financiamiento directo al sector público, con la finalidad de frenar la emisión inorgánica y así contener la presión inflacionaria.Política
Como parte de la sociedad civil, continuaremos vigilantes y comprometidos en la construcción de propuestas técnicas para procurar la estabilidad y el bienestar de la población.