El proyecto de ley que habilita el acuerdo por $us 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ingresó formalmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y fue remitido a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados.
El trámite legislativo abre ahora una etapa decisiva para el programa económico del Gobierno de Rodrigo Paz, mientras crece la presión de sectores cívicos, sindicales y productivos que vinculan las reformas anunciadas con el encarecimiento del diésel y la crisis de abastecimiento de combustibles.
El acuerdo, alcanzado a nivel técnico el 29 de julio, contempla un financiamiento de 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a aproximadamente $us 1.900 millones, mediante un programa de 36 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF). Sin embargo, todavía no está aprobado: requiere la autorización de la Asamblea boliviana y posteriormente la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo multilateral.
El primer paso ya está dado
El segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Antonio, confirmó que el proyecto fue leído en la sesión de la Cámara y que el documento fue derivado a la Comisión de Planificación, donde deberá comenzar su análisis.
“El proyecto de ley de préstamo con el Fondo Monetario Internacional, por un monto de $us 1.369 millones, destinados a respaldar el programa integral de reformas económicas”, señaló el legislador, según el reporte proporcionado.
La diferencia entre los dos montos —1.369 millones de DEG y $us 1.900 millones— no representa dos créditos distintos. Los DEG son la unidad de cuenta utilizada por el FMI y su equivalencia en dólares responde al valor de esa canasta de monedas.
El presidente Paz ya había anticipado el envío del proyecto al Legislativo y sostuvo que la aprobación del crédito permitiría abrir nuevas fuentes de financiamiento. El Gobierno estima que el programa del FMI podría catalizar recursos adicionales de organismos como el Banco Mundial, el BID y otros multilaterales.
De acuerdo con el FMI, el programa podría contribuir a movilizar más de $us 5.000 millones durante los 36 meses, sumando recursos de otros socios para el desarrollo.
¿Para qué quiere Bolivia los recursos?
El Gobierno sostiene que una de las prioridades será fortalecer las Reservas Internacionales y mejorar la disponibilidad de divisas, en un momento en que el mercado cambiario atraviesa una transición hacia un esquema más flexible.
El ministro de Economía, Christian Morales, señaló que los recursos contribuirían a garantizar el flujo de dólares hacia el mercado y ayudarían a estabilizar el tipo de cambio.
La necesidad de divisas es uno de los principales problemas que enfrenta la economía boliviana. El propio FMI identifica entre los desequilibrios acumulados la reducción de las reservas, los déficits fiscales persistentes, la menor producción de hidrocarburos y las distorsiones en los mercados cambiario y de productos.
Las últimas cifras disponibles del Banco Central de Bolivia muestran que las RIN, incluyendo las obligaciones relacionadas con el oro, alcanzaban $us 3.361,3 millones al 31 de julio de 2026.
El financiamiento externo, por tanto, no solo tiene una dimensión presupuestaria. Para el Ejecutivo representa también una fuente de liquidez externa para enfrentar la escasez de dólares y reconstruir el colchón de reservas.
El acuerdo también implica reformas
El punto central del debate político es que el dinero no llega sin un programa económico asociado.
El FMI señala que el acuerdo de 36 meses contempla medidas para restablecer la sostenibilidad fiscal, reconstruir las reservas, modernizar el régimen monetario y cambiario, fortalecer el sistema financiero y mejorar la protección social. También plantea reformas estructurales para favorecer un crecimiento liderado por el sector privado.
Entre los compromisos señalados por el organismo está avanzar hacia un sistema cambiario basado en el mercado, mejorar la efectividad de la política monetaria y mantener el compromiso de cero financiamiento monetario del déficit fiscal por parte del Banco Central.
Esto explica por qué la discusión sobre el préstamo trasciende la aprobación de una operación financiera. En la práctica, la Asamblea deberá analizar también el marco económico que acompaña al financiamiento.
Combustibles: el punto más sensible
La controversia más fuerte está relacionada con el diésel. Organizaciones empresariales, cívicas y sindicales cuestionan que el Gobierno haya reducido la subvención y elevado el precio del combustible para determinados consumidores antes de que el Congreso apruebe formalmente el acuerdo con el FMI.
El tema ganó fuerza después de declaraciones del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien inicialmente calificó la modificación del precio del diésel como una “condición” del FMI y posteriormente se retractó.
El Gobierno sostiene que las medidas forman parte de un proceso de corrección de los desequilibrios económicos, mientras sectores sociales exigen conocer el contenido completo del acuerdo y la denominada carta de intención.
En Santa Cruz, representantes cívicos y productivos han reclamado precisamente mayor transparencia sobre las condiciones del programa. Reuters reportó que dirigentes de organizaciones cívicas, sindicatos y empresarios están asociando cada vez más la escasez de combustibles y el recorte de la subvención al diésel con las reformas vinculadas al financiamiento.
La tensión no es menor porque el incremento del costo del combustible se produce cuando todavía existen problemas de abastecimiento. En las últimas semanas se registraron protestas y bloqueos vinculados al precio del diésel y a su disponibilidad.
El costo político crece antes de la votación
La resistencia al programa del FMI está aumentando incluso antes de que el proyecto sea sometido a una votación definitiva.
Reuters reportó que nueve organizaciones cívicas y sociales se reunieron en Cochabamba para reclamar medidas destinadas a reducir el impacto del incremento de costos sobre los hogares y la industria. El problema del combustible se ha convertido así en uno de los principales canales por los cuales se expresa el rechazo al programa.
El debate también tiene una dimensión histórica. Para una parte de la población boliviana, el FMI todavía está asociado con los programas de ajuste de las décadas de 1980 y 1990. Esa memoria puede dificultar la explicación política de medidas como la reducción de subsidios, la disciplina fiscal o la flexibilización cambiaria.
Sin embargo, la situación actual es distinta en un aspecto fundamental: el Gobierno de Paz busca utilizar el financiamiento externo para estabilizar una economía que enfrenta simultáneamente problemas fiscales, monetarios, cambiarios, productivos y de abastecimiento.