El debate de la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) suma a universidades y juristas, mientras en la Asamblea Legislativa avanzan propuestas sobre justicia, economía y autonomías. El presidente del Senado, Diego Ávila, anunció que se convocará al sistema universitario para participar del proceso.
“Las universidades tienen que ser parte fundamental en la discusión de los temas”, afirmó Ávila. Señaló que el aporte académico no debería limitarse al sistema universitario, sino abarcar justicia, autonomías y otros asuntos nacionales.
También anunció que buscarán incorporar a constitucionalistas y mencionó al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé. Además, informó que ya llegaron planteamientos ambientales. En esas primeras conversaciones se marcó un límite para la reforma. “Hemos coincidido con ellos, por ejemplo, que el capítulo de derechos no se toca en la reforma constitucional. Eso es algo que la única forma de tocar es para profundizar derechos”, sostuvo.
El artículo 411 de la CPE establece que cualquier modificación que afecte las bases fundamentales del Estado, los derechos, deberes y garantías corresponde a una reforma total mediante Asamblea Constituyente. Para una reforma parcial prevé iniciativa popular con al menos el 20% del electorado o una ley aprobada por dos tercios de los presentes de la Asamblea. En ambos casos se requiere referéndum.
El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan Del Granado, también puso énfasis en el procedimiento y pidió que cualquier modificación respete las reglas de la propia Carta Magna.
“La Constitución no es solamente un conjunto de normas que pueden modificarse de acuerdo con las circunstancias políticas del momento. Es el marco que nos permite organizar nuestra convivencia democrática”, señaló el legislador.
Del Granado sostuvo que la competencia corresponde a la Asamblea Legislativa y no a cada cámara por separado. Añadió que, obtenidos los dos tercios, puede activarse ante el Tribunal Constitucional una consulta sobre el procedimiento y alcance de esta reforma.
En paralelo, la Comisión de Constitución de Diputados retomó la socialización de su proyecto de reforma judicial. Plantea un presupuesto mínimo del 3% para el Órgano Judicial, eliminar jueces provisorios y crear una comisión de postulaciones para preseleccionar candidatos a las principales magistraturas, al Defensor del Pueblo y al Fiscal General del Estado.
“La reforma judicial viene siendo una exigencia del sistema democrático para su fortalecimiento y para su consolidación”, afirmó Juan Del Granado.
Esta iniciativa incorpora el reconocimiento constitucional de la justicia de paz, la conciliación y el arbitraje; prohíbe las prórrogas de mandato y dispone el cese automático de funciones al concluir el periodo. También plantea eliminar la Procuraduría General del Estado.
El diputado Ruddy Pantaleón respaldó que el debate judicial forme parte de la reforma. “Sabemos cómo está la administración de justicia en Bolivia, no podemos decir que está en terapia intensiva, creo que es más complicado el tema”, sostuvo el legislador.
Otra iniciativa en curso es la presentada por Ávila y el diputado Carlos Alarcón (Unidad), que plantea modificaciones en los sistemas económico y judicial. La propuesta busca retirar de la Constitución varias disposiciones para que posteriormente sean reguladas mediante leyes y contempla ajustes relacionados con inversiones, propiedad estatal y resolución de controversias.