La propuesta del presidente Rodrigo Paz de impulsar una “ley corta” para acelerar los proyectos hidrocarburíferos abre una discusión que va más allá de la velocidad con la que se pueda perforar un pozo. En el fondo, el debate está relacionado con una pregunta que Bolivia arrastra desde hace varios años: ¿cómo volver a atraer capital para explorar y producir hidrocarburos sin modificar las reglas que establece la Constitución?
Paz anunció la iniciativa el martes, durante la presentación del proyecto hidrocarburífero Montecristo-9, en Okinawa Uno, Santa Cruz. El objetivo, según explicó, es contar con una norma que permita hacer más ágiles este tipo de proyectos y acelerar la exploración para recuperar producción y reservas. El Gobierno plantea inicialmente concentrar los esfuerzos en Santa Cruz y luego extenderlos a otras regiones del país.
La discusión llega en un momento particularmente delicado para el sector. La producción de gas boliviano ha caído de manera sostenida durante la última década y la falta de exploración se convirtió en uno de los principales problemas para garantizar el abastecimiento interno y recuperar la capacidad exportadora. La propia YPFB reconoce que Bolivia necesita recuperar producción, incorporar nuevas reservas y aprovechar áreas que durante años no fueron desarrolladas.
¿Es constitucional una ley corta?
En principio, sí. Una ley corta puede ser aprobada por la Asamblea Legislativa siempre que su contenido se mantenga dentro del marco establecido por la Constitución Política del Estado (CPE).
El punto de partida está en el artículo 359 de la Constitución, que establece que los hidrocarburos son propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano y que el Estado, en su representación, ejerce la propiedad de toda la producción y es el único facultado para su comercialización.
La Constitución también establece que el Estado define la política de hidrocarburos y promueve su desarrollo integral, sustentable y equitativo. Además, el artículo 362 permite a YPFB suscribir contratos, previa autorización y aprobación conforme al procedimiento constitucional correspondiente.
Por eso, una eventual ley corta no podría simplemente eliminar esas disposiciones ni transferir la propiedad de los hidrocarburos a empresas privadas. Tampoco podría reemplazar por sí sola las exigencias constitucionales vinculadas con los contratos, el control estatal, el medioambiente o los derechos de los pueblos indígenas.
Lo que sí puede hacer una ley es desarrollar esos principios y establecer procedimientos más claros y rápidos dentro del marco constitucional.
Ahí está precisamente el espacio que podría ocupar la propuesta del Gobierno.
¿Para qué serviría?
La principal utilidad de una norma de este tipo sería reducir la incertidumbre y los tiempos que enfrenta una empresa antes de comprometer capital en exploración y producción.
Una ley corta podría concentrarse, por ejemplo, en establecer procedimientos y plazos para la aprobación de proyectos, ordenar la relación entre las diferentes entidades estatales que intervienen en la actividad, facilitar la tramitación de contratos y definir reglas más claras para proyectos de exploración y explotación.
También podría incorporar mecanismos específicos para atraer inversión en áreas de mayor riesgo geológico o en campos maduros, siempre dentro del esquema constitucional que mantiene al Estado como titular de los recursos y a YPFB como actor central de la cadena.
La Ley 3058, vigente desde 2005, contiene buena parte del marco legal actual. Fue aprobada antes de la Constitución de 2009 y desde entonces el sector ha cambiado de manera importante. La propia discusión gubernamental sobre una nueva legislación apunta precisamente a actualizar las reglas de una industria que hoy enfrenta una realidad muy diferente a la de los años del auge gasífero.
“Más amigable” para el inversionista
Francesco Zaratti, analista en hidrocarburos, considera que una ley corta es factible y que podría servir para presentar un escenario “más amigable a los potenciales inversores”.
El experto sostiene que Bolivia necesita una norma que refleje el escenario actual de los hidrocarburos y que permita avanzar con los proyectos de perforación.
“Se necesita dinero para las perforaciones y eso la ley corta de hidrocarburos generará creando las condiciones necesarias para dar certidumbre a los inversores. Legalmente se puede hacer esta ley corta, para luego ir trabajando en una ley más amplia”, destacó Zaratti.
La observación toca uno de los principales problemas de la industria: explorar hidrocarburos requiere grandes cantidades de capital antes de saber si un pozo será comercialmente exitoso. Para un inversionista, por tanto, no basta con saber que existe un recurso potencial. También necesita conocer las reglas fiscales, contractuales, regulatorias y operativas que estarán vigentes durante la vida del proyecto.
Montecristo pone a prueba el nuevo modelo
La iniciativa anunciada por Paz tiene además un componente práctico: el pozo Montecristo-9.
YPFB informó que la terminación del pozo demanda una inversión estimada de $us 12 millones y que el proyecto busca probar tecnología para intervenir formaciones de baja permeabilidad. La estatal señala que los resultados permitirán determinar si existe viabilidad para una explotación regular y sostenida y evaluar posteriormente otros pozos piloto.
El Gobierno considera que este tipo de proyectos puede abrir un nuevo espacio para recuperar producción.
Paz incluso proyectó una inversión de hasta $us 1.600 millones para desarrollar nuevas estructuras hidrocarburíferas a partir de la experiencia de Montecristo y habló de la posibilidad de desarrollar más de 90 campos. Esa cifra corresponde a una proyección presidencial y dependerá de que los resultados técnicos, económicos y geológicos de los proyectos confirmen su viabilidad.
El caso de Junín muestra una lógica similar. YPFB Chaco informó que el pozo JNN-9D contempla una producción inicial estimada de 8 millones de pies cúbicos por día y que el proyecto apunta a recuperar alrededor de 10 Bcf de reservas de gas. La empresa señaló que el éxito del proyecto podría abrir nuevas posibilidades para YPFB Chaco y pidió respaldo legislativo para otros proyectos en cartera.
¿Una ley corta garantiza que llegue inversión?
No necesariamente. Una ley puede mejorar el entorno regulatorio, reducir trámites y dar mayor previsibilidad, pero no garantiza por sí sola la llegada de capital.
En hidrocarburos, los inversionistas también evalúan el régimen tributario, la posibilidad de recuperar sus inversiones, el precio al que podrán comercializar la producción, las condiciones de los contratos, la estabilidad de las reglas durante varias décadas, el acceso a mercados y la posibilidad efectiva de repatriar utilidades.
En Bolivia existe además una particularidad constitucional: el Estado mantiene la propiedad de los hidrocarburos y YPFB ocupa un papel central en la cadena. La Constitución permite asociaciones y sociedades con participación de YPFB, pero establece condiciones específicas para ellas.
Por eso, el verdadero efecto de una ley corta dependerá de su contenido.
Si se limita a ordenar procedimientos, reducir burocracia, establecer plazos y dar mayor previsibilidad a los proyectos, puede convertirse en una herramienta para acelerar inversiones que ya están identificadas.
Si, en cambio, pretende modificar aspectos estructurales del régimen hidrocarburífero que están determinados por la Constitución, una ley ordinaria no sería suficiente y podría enfrentar cuestionamientos de constitucionalidad.
El problema es también el tiempo
Bolivia no solo necesita nuevas inversiones: necesita que estas lleguen con relativa rapidez.
La producción nacional ha caído mientras los principales campos maduros pierden capacidad. Al mismo tiempo, el país mantiene una fuerte dependencia de los hidrocarburos para la generación de energía, la industria y el transporte.
La propia YPFB informó recientemente que las refinerías tienen una capacidad nominal conjunta de 63.700 barriles por día y una capacidad operativa de 56.500 barriles, pero que la principal limitación actual no es la capacidad de refinación sino la disponibilidad de crudo nacional para procesar.
Eso explica por qué la discusión sobre exploración dejó de ser únicamente una cuestión de exportaciones. Encontrar nuevos campos tiene relación directa con la seguridad energética, la disponibilidad de combustibles y la necesidad de reducir la dependencia de las importaciones.
Una norma puente
En ese contexto, la propuesta de una ley corta puede entenderse como una norma puente.
Por un lado, permitiría al Gobierno intentar destrabar proyectos que requieren decisiones e inversiones inmediatas. Por otro, dejaría para una segunda etapa la discusión de una nueva Ley de Hidrocarburos que modifique de manera integral el marco creado por la Ley 3058.
Ese enfoque coincide con la posición de Zaratti: primero generar condiciones para que las perforaciones puedan avanzar y, paralelamente, trabajar en una legislación más amplia.
La clave estará en cuánto cambien realmente las condiciones para el capital privado. Una ley puede reducir trámites, pero una inversión petrolera o gasífera se decide mirando proyectos que pueden durar 20, 30 o más años.
Por eso, para que la “ley corta” tenga un efecto económico real, el mercado tendrá que encontrar en ella algo más que rapidez administrativa: reglas previsibles, contratos claros, mecanismos de recuperación de la inversión y seguridad jurídica dentro del marco constitucional boliviano.
La propuesta, por tanto, puede abrir una puerta para acelerar la exploración, pero la magnitud de la inversión dependerá de lo que finalmente contenga la norma y de si logra resolver las incertidumbres que hoy enfrenta el sector.