Durante décadas, el gas natural fue una de las principales fuentes de dólares de Bolivia. Salía de los campos productores, cruzaba las fronteras hacia Brasil y Argentina y regresaba convertido en ingresos para el Estado. También abastecía a las industrias y ayudaba a generar electricidad a precios internos relativamente bajos.
Ahora la historia amenaza con recorrer el camino inverso.
Bolivia se prepara para comprar en el exterior el combustible que antes exportaba. Y la pregunta ya no es solamente cuánto gas necesitará, sino cuánto costará adquirirlo y quién podrá pagar esa factura.
Una industria que depende del gas para mantener sus máquinas funcionando tendría que revisar sus cuentas si comenzara a comprar combustible a precios internacionales. El costo de producción podría subir, reducir sus márgenes o terminar reflejándose en el precio de los productos.
Ese escenario todavía no es una realidad generalizada, pero dejó de ser una discusión lejana.
El 26 de octubre, el presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo 5755, que autoriza excepcionalmente la importación de gas natural y gas natural licuado (GNL) para consumo propio o generación de electricidad. La norma permite participar a empresas públicas y privadas, pero prohíbe revender el combustible importado.
La decisión abre una alternativa para asegurar el suministro. No resuelve, sin embargo, las dos grandes preguntas de la crisis energética: ¿cuánto le costará a Bolivia haber dejado caer su producción de gas? ¿Está preparada para importarlo a precio de mercado?
El país que vendía gas ahora se prepara para comprarlo
Hay una coincidencia histórica que resume la magnitud del cambio.
En febrero de 1993, durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora, Bolivia impulsó el acuerdo que abrió el mercado brasileño al gas nacional. Las exportaciones hacia Brasil comenzaron en 1999 y, durante los años siguientes, el negocio gasífero se convirtió en uno de los pilares de la economía boliviana.
Más de tres décadas después, su hijo, Rodrigo Paz Pereira, gobierna un país que necesita preparar las condiciones para importar ese mismo combustible.
Entre ambos momentos se produjo un deterioro que las estadísticas permiten medir.
Según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la producción promedio de gas natural alcanzó 59,3 millones de metros cúbicos diarios en 2014. En 2025 se redujo a 27,3 millones. Es una caída cercana al 54%.
Para 2026, la estatal proyectó una producción de 26,71 millones de metros cúbicos diarios.
La disminución no solo significa menos gas disponible. También implica menores posibilidades de exportar, menos ingresos de divisas y una presión creciente sobre el abastecimiento interno.
Orlando Vaca, profesional experto en hidrocarburos, expresó su preocupación durante una entrevista en el programa Influyentes de EL DEBER.
«Me apena ver a mi país perdiendo por completo su soberanía energética», afirmó.
Vaca atribuye el deterioro a la falta de exploración, el agotamiento de los grandes campos y las modificaciones en las condiciones de inversión que, según su análisis, desalentaron nuevos proyectos.
El especialista sostiene que Bolivia conserva potencial hidrocarburífero. El problema es que disponer de recursos bajo tierra no equivale a contar con producción suficiente para atender las necesidades del país.
Bolivia se prepara para importar gas, pero ¿está lista para pagar su precio?
La diferencia entre tener gas y poder pagarlo
El Decreto 5755 constituye una medida preventiva ante el riesgo de que la producción nacional resulte insuficiente para cubrir la demanda.
El exministro y especialista Álvaro Ríos ha advertido que Bolivia podría enfrentar ese punto crítico alrededor de 2029. Por eso plantea anticipar contratos de suministro y asegurar capacidad de transporte antes de que aparezca el déficit.
Argentina surge como una fuente potencial gracias al desarrollo de Vaca Muerta y a los proyectos destinados a ampliar el transporte de gas hacia los mercados regionales.
Bolivia ya participa en esa transformación: su infraestructura permite transportar gas argentino hacia Brasil, uno de los principales compradores históricos del gas boliviano.
Pero importar gas plantea un desafío que no existía en las mismas condiciones cuando el país se abastecía con su propia producción.
En la entrevista con Influyentes, Orlando Vaca puso el foco en los precios.
El experto comparó valores internos cercanos a un dólar por millón de unidades térmicas británicas (BTU), aplicables a determinados segmentos, con posibles costos de importación de 10 o 12 dólares por la misma unidad.
Son escenarios de referencia planteados por el especialista, no precios acordados en contratos de importación.
La diferencia, sin embargo, permite dimensionar el problema.
«Por supuesto que se van a incrementar los costos de los productos, y eso va directamente a quién: a nosotros, al consumidor», advirtió Vaca.
Si una industria necesita gas importado para mantener su producción, tendrá que evaluar si puede absorber el nuevo costo, trasladarlo a sus precios o modificar sus operaciones.
Y si el combustible importado llega a utilizarse en la generación eléctrica, será necesario establecer cómo se distribuirá su costo dentro del sistema.
Bolivia se prepara para importar gas, pero ¿está lista para pagar su precio?
El especialista Orlando Vaca en el programa Influyentes de EL DEBER
¿Quién pagará la diferencia?
La pregunta es decisiva porque el gas natural no se utiliza únicamente en las industrias.
También alimenta centrales termoeléctricas, abastece redes domiciliarias y participa en actividades productivas que dependen de una fuente de energía continua.
Sin embargo, no todos los consumidores están expuestos de la misma manera.
El especialista Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, ha señalado que una eventual importación de gas no significa un aumento automático de las tarifas eléctricas ni de las facturas de los hogares.
El impacto dependerá de los contratos, los precios de compra, los sectores abastecidos y las decisiones regulatorias.
Hay una diferencia entre una empresa que importa combustible para su consumo y una familia que recibe gas o electricidad mediante sistemas sujetos a regulación.
El decreto autoriza las operaciones, pero no establece que los precios internacionales deban trasladarse automáticamente a todos los usuarios.
Además, existe otra dificultad: el gas importado deberá pagarse con divisas.
Bolivia enfrenta este desafío después de perder buena parte de los dólares que durante años obtuvo precisamente de sus exportaciones gasíferas.
La economía podría quedar sometida a una doble presión: necesitar recursos adicionales para comprar energía y disponer de menores ingresos provenientes del sector que antes ayudaba a financiar esas compras.
Por eso, el costo del gas no puede analizarse únicamente como un problema de abastecimiento. También es una cuestión de competitividad, disponibilidad de dólares y sostenibilidad económica.
La crítica: ¿por qué no producir más en Bolivia?
Orlando Vaca no rechaza la posibilidad de importar gas. Considera que el Decreto 5755 puede servir para mitigar los riesgos futuros.
Su cuestionamiento apunta a otra dirección: ¿por qué el país avanza en mecanismos para comprar gas extranjero mientras demora decisiones para aumentar su producción nacional?
«Hay una gran brecha entre el sentido de urgencia que tenemos en el sector energético y la toma de decisiones», sostuvo durante la entrevista con Influyentes.
Vaca propone revisar las condiciones que reciben las empresas operadoras, incentivar inversiones en campos existentes y acelerar la exploración.
Su argumento parte de una comparación económica: si Bolivia contempla pagar precios internacionales por gas importado, también debería estudiar qué condiciones permitirían aumentar la oferta nacional.
El experto plantea negociar incentivos con las operadoras para desarrollar proyectos capaces de incrementar la producción y recuperar reservas.
Pero hay un obstáculo: el tiempo.
Una importación puede ayudar a cubrir necesidades próximas si existen contratos, infraestructura y proveedores. Desarrollar nuevos yacimientos, en cambio, requiere inversiones y plazos considerablemente mayores.
Por eso, importar y producir más gas no son necesariamente estrategias excluyentes.
El problema aparece cuando las medidas de emergencia avanzan más rápido que las decisiones estructurales.
Vaca reconoció que existe disposición del Gobierno para escuchar al sector, pero cuestionó que esa apertura todavía no se traduzca en las reformas esperadas.
La nueva legislación de hidrocarburos continúa entre las decisiones pendientes que, a juicio del especialista, deberían dar certidumbre a los inversionistas.
Una autorización todavía necesita contratos y logística
El Decreto 5755 tampoco significa que el gas importado comenzará a llegar inmediatamente.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías dispone de un plazo de hasta 20 días hábiles para establecer los requisitos y procedimientos. Después, el regulador tendrá otro plazo para aprobar instrumentos operativos y de control.
Los interesados deberán cumplir exigencias de autorización, calidad, registro de volúmenes y precios de compra.
También deberán resolver cuestiones comerciales y logísticas: identificar proveedores, contratar el suministro y asegurar cómo llegará el combustible hasta el punto de consumo.
En el caso del gas transportado por ductos, será necesario definir las condiciones de acceso y transporte. Para el GNL, se suman exigencias técnicas y de seguridad vinculadas con su traslado y utilización.
La norma abre una posibilidad. Su viabilidad económica dependerá de condiciones que todavía deben concretarse.
La factura de una crisis que se construyó durante años
Durante buena parte de las últimas décadas, la discusión energética giró alrededor de cuánto gas podía exportar Bolivia, cuántos dólares ingresarían por esas ventas y cómo se distribuirían los beneficios.
Hoy las preguntas son otras.
¿Cuánto gas tendrá que importar el país? ¿De dónde vendrá? ¿Cuánto costará transportarlo? ¿Qué empresas podrán pagar su precio? ¿Cómo afectará a las inversiones y a los consumidores?
Y hay una interrogante todavía más profunda: ¿qué decisiones deben adoptarse ahora para que una eventual dependencia de las importaciones no se convierta en permanente?
Bolivia enfrenta una doble transición. De exportador a potencial importador de gas natural. Y de una economía abastecida con energía nacional relativamente barata a otra que podría quedar parcialmente expuesta a los precios internacionales.
El Decreto 5755 permite comenzar a preparar el suministro. Pero conseguir gas y tener capacidad para pagarlo son dos problemas diferentes.
Durante años, el gas ayudó a pagar las cuentas de Bolivia.
Ahora Bolivia debe prepararse para pagar la cuenta del gas.