Una resolución fiscal fechada el 3 de noviembre de 2026, un día antes de que Rómer Saucedo anunciara su salida de Bolivia, requiere la aprehensión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El documento, emitido en La Paz, revela una línea de investigación hasta ahora no detallada públicamente.
El requerimiento identifica como integrantes de la comisión investigadora a los fiscales Daniel Portales Barja y Edwin Alfonso Sarmiento Valdivia, adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Medioambientales y Pérdida de Dominio de La Paz. La parte resolutiva requiere su “aprehensión” al amparo del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.
La Fiscalía ordenó aprehender a Saucedo por presunto tráfico de drogas y organización criminal
La resolución sostiene que existen indicios para considerar al magistrado probable autor del hecho investigado y cita el artículo 48 de la Ley 1008, referido al tráfico de sustancias controladas, y el artículo 132 bis del Código Penal, sobre organización criminal. Para el primero menciona penas de diez a 25 años de presidio.
Los fiscales fundamentan la aprehensión en supuestos riesgos procesales. Señalan que Saucedo no habría presentado documentación idónea de domicilio y trabajo en Bolivia y que, por tanto, podría abandonar el país. También alegan la posibilidad de que permanezca oculto, destruya pruebas o influya sobre testigos. El escrito invoca los artículos 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal, relativos al riesgo de fuga y obstaculización.
Una decisión anterior al anuncio de exilio
La fecha es relevante porque la resolución aparece emitida el martes 3, mientras Saucedo comunicó el miércoles 4 que había abandonado Bolivia con su familia. Denunció persecución política y riesgos para su vida y libertad, y afirmó que no renunciará a su mandato de magistrado.
Ese mismo miércoles, el fiscal general interino, José Armando Urioste, reconoció que existían entre dos y tres investigaciones en Santa Cruz contra Saucedo y anunció gestiones para emitir órdenes de aprehensión y tramitar una eventual notificación roja de Interpol.