El plazo de seis días venció sin que Rómer Saucedo retornara a su silla en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La Sala Plena remitió ayer los antecedentes a la Asamblea Legislativa, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y convocó a su suplente por Santa Cruz, Miriam Rosell Terrazas para que a suma la titularidad de sus funciones en esa institución.
Pero, la decisión llegó en medio de una profunda crisis judicial que esta vez llegó hasta la cúpula de los principales órganos jurisdiccionales del país. Hay investigaciones contra quienes dirigían el TSJ y la Fiscalía General, además de denuncias contra al menos dos decenas de operadores de justicia en todo el país.
La presidenta temporal del TSJ, Rosmery Ruiz Martínez, explicó ayer que Saucedo no se presentó a trabajar dentro del plazo previsto en la Ley de Residencia. “Se ha determinado por eso remitir toda la información e informes correspondientes” a las entidades competentes, declaró al concluir la sesión de los magistrados que tuvo lugar ayer en Sucre.
El magistrado anunció el 4 de noviembre que había salido del país con su familia y se declaró en el “exilio”, un día después de que la Fiscalía emitiera una orden de aprehensión en su contra. Alegó persecución política y riesgos para su seguridad. Esta ausencia no supone, por sí sola, una destitución, aunque el TSJ, tal como lo anticipó Ruiz, remitió todos los actuados para que las entidades asuman una determinación definitiva sobre su mandato que emerge del voto.
La suplencia
Rosell se presentó ayer en Sucre con una certificación del TSE que reconoce su elección como suplente por Santa Cruz en las elecciones judiciales de 2024. El presidente del organismo, Gustavo Ávila, informó que obtuvo cerca de 717.000 votos y que legalizó una copia de su credencial en el marco de su derecho legal.
“Me he constituido al Tribunal Supremo de Justicia con una certificación que me habilita para poder asumir el cargo de magistrada titular”, afirmó Rosell. Anunció que ocupará su despacho desde hoy jueves, tras presentar su declaración jurada de bienes y otros requisitos. Ruiz continuará al frente de la Presidencia temporal del TSJ, eventualmente hasta enero cuando debe asumir el magistrado Carlos Ortega, quien fue elegido en agosto ante la renuncia anticipada planteada por el propio Rómer Saucedo.
Mientras se resolvía la situación institucional, fiscales y policías allanaron esta semana las oficinas de la Presidencia del TSJ en Sucre, por la investigación contra Saucedo por tráfico de sustancias controladas y organización criminal. La Fiscalía también intervino el inmueble que residía en Sucre. “Tenemos indicios de que Rómer Saucedo está en la hermana República Federativa de Brasil”, señaló el fiscal general interino, José Armando Urioste.
En ese contexto, el magistrado Germán Saúl Pardo describió este episodio como “uno de los momentos más críticos de la historia de la justicia del país”.Aseguró que el TSJ colaborará con la Fiscalía y que se resguardaron las oficinas para evitar alterar posibles evidencias. “Somos los primeros interesados en que se conozca la verdad histórica de los hechos”, sostuvo.
La justicia bajo la lupa
El exfiscal general Róger Mariaca permanece detenido preventivamente en Cantumarca, Potosí. También hay exjueces y otros operadores judiciales investigados en expedientes relacionados con el caso de las 32 maletas.
El viceministro de Transparencia, Yamil García Delfín, informó que recibió 65 denuncias vinculadas con la administración de justicia, 25 contra autoridades judiciales, 24 contra fiscales, 13 contra funcionarios del Consejo de la Magistratura y Derechos Reales y tres contra policías. Anunció nuevas vías para recibir reportes ciudadanos en el contexto de una crisis de confianza.
Este deterioro institucional aparece también en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project. Bolivia ocupa el puesto 130 entre 143 países, frente al 131 de 2025, y conserva una puntuación general de 0,37 sobre uno. En justicia penal figura en el penúltimo lugar mundial (142), en justicia civil en el 140 y en ausencia de corrupción también en el 140.
La medición describe debilidades estructurales, sin atribuir responsabilidad penal a personas determinadas. En medio de esos cuestionamientos, el TSJ reorganiza su composición y mantiene una presidencia temporal, mientras las instituciones competentes examinan la ausencia de Saucedo y la Fiscalía continúa sus investigaciones por este caso.
La Asamblea Legislativa tendrá que elegir al fiscal titular y definir el futuro de Saucedo en el TSJ.