Sin un hospital de segundo nivel o 100% de acceso a agua potable y alcantarillado, los pobladores de Puerto Suárez llevan 15 años esperando los beneficios de la Siderúrgica del Mutún, que se construye desde 2007 en su municipio, según constató Página Siete en una visita la semana pasada. Las autoridades afirman que el 2022 ya hubo un aumento en las regalías y que éstas se incrementarán más cuando la planta funcione.
“Como porteños y centinelas del coloso Mutún, hoy por hoy todavía no hemos visto el impacto de la siderúrgica tal como la gente lo esperaba. Sí hubo algún beneficio económico en regalías, pero aún hay cosas que nos faltan. En salud, por ejemplo, el hospital de segundo nivel más cercano está a más de 600 kilómetros, en la ciudad de Santa Cruz”, dice el alcalde de Puerto Suárez, Mauricio Montero Yorje.
En 2007, entre bombos y platillos, el Gobierno boliviano y el grupo Jindal Steel suscribieron un contrato para la explotación compartida del yacimiento del Mutún, uno de los mayores depósitos mundiales de hierro. La firma llegó con promesas de progreso y regalías para los municipios aledaños, en especial para Puerto Suárez.
“El pedido especial es el agua potable. No puede ser que nosotros teniendo al frente un proyecto de más de 400 millones de dólares no tengamos acceso a este servicio básico. Hay un compromiso, los municipios que estamos en la provincia Germán Busch siempre hemos sido soldados sin armas del Mutún. Necesitamos que el Gobierno nos dé una compensación o ayuda”, manifiesta el presidente del Comité Interinstitucional de Puerto Suárez, Daniel Suárez.
Empleos que no llegan a locales
“Dijeron que la explotación generaría muchas fuentes de trabajo, directos e indirectos. Hay gente que trabaja allá, pero no es mucha y siempre hay problemas por las condiciones en las que lo hacen”, señala Rolando, poblador porteño. “Dicen que cuando entre en funcionamiento se requerirá más personal”, añade.
Mientras tanto, lamenta, sólo queda esperar, como lo han hecho ya por 15 años.
Cuando la noticia de la construcción de la planta llegó al municipio fronterizo con Brasil, en un extremo de Bolivia, los sueños de cinco décadas parecían a punto de cumplirse. La población esperaba una gran avanzada de obreros y especialistas que demandarían todo tipo de servicios y mano de obra.
Los alquileres subieron al igual que el precio de muchos productos. Pero con el pasar del tiempo lo que tanto esperaban no llegó.
“Prácticamente estamos mirando de lejos”, sostiene Suárez al hablar de las fuentes de empleo. Observa que la siderúrgica tiene volúmenes de carga que requieren servicio de transporte, pero al que los emprendimientos locales no acceden.
“Estamos buscando la manera de que nuestro transporte local pueda acceder a estos volúmenes, no sólo de la siderúrgica, sino de Cemento Itacamba o de la producción de grano que pasa por la zona. Es una de las maneras para reactivar nuestra economía”, explica el representante.
En 2021, cuando se reactivaron los trabajos en la siderúrgica, el entonces ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, señaló -según un boletín ministerial- que el proyecto generaría “4.500 empleos en la etapa de construcción y unos 1.800 en la etapa de operación”.
Sin embargo, la cifra dada por Villavicencio está lejos de lo reportado por la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM).
“En este momento tenemos alrededor de 1.100 trabajadores. El 85% son bolivianos, la mayor parte de la provincia Germán Busch. Para agosto, conforme el avance de la obra, posiblemente ya tengamos más de 1.400 o 1.500 trabajadores. Esos son los beneficios que trae la siderúrgica a la región”, sostiene el presidente ejecutivo interino de la ESM, Jorge Alvarado Rivas.
El burgomaestre porteño señala que no tiene certeza de estos datos o de cuántos de los habitantes del municipio forman parte de ese millar de obreros. Tampoco puede precisar el impacto en trabajos indirectos.
“Los pocos que trabajan lo hacen en pésimas condiciones”, sostiene Luis Pereira Peralta, secretario general del Sindicato de Técnicos Industriales de Bolivia. “Hay hermanos bolivianos que están trabajando hacinados en los campamentos precarios, donde no tienen la seguridad industrial o seguro de vida”.
La semana pasada, su sector cerró el corredor bioceánico exigiendo una auditoría al proyecto de la siderúrgica. No son empleados de la ESM, pero sí parte de los trabajadores que participaron en la construcción de decenas de proyectos similares, pero que no fueron tomados en cuenta para el Mutún.
“Desconocemos en qué medida los obreros son locales o extranjeros. Por eso pedimos una auditoría”, reitera.
Alvarado y los representantes de los obreros de la ESM niegan las acusaciones. Sostienen que todo se hace de forma legal y que la empresa cumple con la cuota que demanda el Ministerio de Trabajo para la mano de obra nacional, aunque tampoco precisan cifras.
En busca de estos datos, desde hace tiempo, la diputada de oposición María René Álvarez asevera que pide información a la ESM sin recibir respuestas. Para ella, las quejas de los trabajadores no son nuevas y sostiene que deben investigarse.
“La región tiene expectativas en el sueño del Mutún, anhelado desde hace muchos años, los pobladores tienen derecho a que se los contrate. Voy a ser la piedra en el zapato de estas personas y de los funcionarios públicos que deben dar respuesta a estos temas y beneficiar al trabajador boliviano, cruceños y de la provincia”, sentencia.
Para los porteños la conclusión de la obra no es una garantía de poder acceder a fuentes laborales en la planta. Sostienen que se necesitarán profesionales especializados y que en la región no hay centros de educación superior con carreras relacionadas.
Sin infraestructura
Con el fin de dar por terminado el bloqueo del sindicato de obreros, el jueves, representantes del sector en conflicto, la Central Obrera Regional de la provincia Germán Busch, el Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización y la ESM realizaron una inspección a la siderúrgica, que evidenció un avance del 74% en la obra, dato con el que Alvarado afirmó que las operaciones de prueba comenzarán en 2024.
Para el alcalde de Puerto Suárez, el avance es una alegría, pero también una preocupación. Sabe que la puesta en marcha podría llegar con una explosión demográfica para la que el municipio no está listo. “Ahora tendremos que ver el impacto social que tendrá en la población. Desde el inicio de gestión hemos empezado a revisar esto, porque a Puerto Suárez se nos viene una explosión demográfica y con ello también las responsabilidades para el municipio”, indica.
Una de sus preocupaciones es la infraestructura en salud, que no ha mejorado en los últimos años. Una muestra de ello es el hospital municipal San Juan de Dios que atiende a más de 60.000 habitantes de tres municipios, sin contar a los habitantes bolivianos que radican en las ciudades de Corumbá y Ladario del vecino país Brasil.
Para dar atención a la población, en abril se logró habilitar especialistas en traumatología y en anestesiología, con lo que se habilitó el quirófano.
“Tengo que decirlo, estamos a más de 640 kilómetros de un hospital de segundo o tercer nivel, que no lo tenemos acá y que necesitamos. Gran parte del presupuesto se nos va haciendo las referencias a la capital del departamento que es Santa Cruz”, sostiene Montero.
Asegura que se están realizando las gestiones para el hospital de segundo nivel y que sólo espera la atención definitiva del Gobierno nacional que de a poco les ha ayudado con sus proyectos. “Es algo que quiero agradecer a nuestro Presidente”.
“El alcantarillado es otro de los problemas, es necesario cuidar ese punto porque también es un factor de impacto en el medioambiente. El tema de educación también debe ser tratado porque seguramente tendremos la llegada de muchas familias y habrá niños que necesitarán estudiar”, observa el alcalde.
Para Suárez, el tema del acceso a agua de calidad es urgente. Al igual que Montero, advierte que pronto habrá un aumento de la población y éste es un servicio básico para las personas.
“Cuando hablamos de agua, pensamos en un ducto que viene desde la orilla de la hidrovía Paraguay – Paraná y va a llegar hasta la siderúrgica para lavar el mineral, en el kilómetro 22. Por qué no pensamos en traer este ducto hasta el Cerrito Colorado y que haya agua en abundancia para Puerto Suárez, Puerto Quijarro, el Carmen, etc.”, dice.
Afirma que la planificación de todos estos temas debe ser integral. Para él es importante no sólo contar con Puerto Suárez sino con la unidad de todas las comunidades y municipios de la Chiquitania y el Pantanal.
Las regalías son los beneficios
La regalía minera es una compensación por la explotación de los recursos minerales y metales no renovables. Está regulada por la Ley 535 de Minería y Metalurgia. La norma establece una distribución del 85% para las regiones o gobernaciones y el 15% para los municipios productores. El Artículo 6 de la Ley Nº 3790 indica que el municipio debe invertir los recursos en obras de infraestructura básica, caminera y productiva.
Según Alvarado, en 2022 la ESM vendió 300 mil toneladas de producción, el triple de las 90 mil toneladas que se vendieron en años pasados. Esto generó un ingreso de 43 millones de bolivianos, que sirvieron para comprar nueva maquinaria e incrementar las regalías.
“El año pasado aportamos alrededor de 8,5 millones de bolivianos a las regalías; 7,2 millones se fueron a la Gobernación de Santa Cruz y 1,3 millones al municipio de Puerto Suárez. Esos son los resultados del Mutún”, sostiene. Explica que en anteriores gestiones el monto máximo en regalías fue de 300 mil bolivianos.
Para Puerto Suárez ese 1,3 millones de bolivianos recibidos representa un tercio más a su presupuesto para obras.
“Como centinelas del Mutún, hoy, todavía no vemos el impacto de la siderúrgica tal como la gente lo esperaba”.
Mauricio Montero, alcalde
“Tenemos alrededor de 1.100 trabajadores. El 85% son de Bolivia, la mayoría de la provincia Germán Busch”.
Jorge Alvarado, ESM
1,3
MILLONES
de bolivianos fueron entregados a Puerto Suárez como las regalías de enero a octubre de 2022.
“ No puede ser que teniendo al frente un proyecto de más de 400 millones de dólares no tengamos agua potable”.
Daniel Suárez, comité
“La región tiene muchas expectativas en el Mutún. Es un sueño anhelado hace muchos años”.
María René Álvarez, diputada
15 años sin poder arrancar la siderúrgica al 100%
El cerro Mutún es uno de los yacimientos de hierro y manganeso más importantes del mundo. Está ubicado en el sudeste de Bolivia, en la provincia Germán Busch, a 27 kilómetros de Puerto Suárez. Tiene un área de 65 kilómetros cuadrados que colinda con el yacimiento de hierro Urucum de Brasil.
En 2007, el Gobierno boliviano firmó un contrato de explotación a riesgo compartido con la empresa india Jindal Steel. La obra que debió empezar a dar regalías en cinco años se retrasó por falencias en la disposición de las tierras, la falta de caminos y de provisión de gas.
Luego de mucha controversia, el 16 de julio de 2012, Jindal envió una carta a la ESM en la que daba por terminado el contrato suscrito. La salida de la empresa significó el inicio de una serie de líos legales.
En el contrato, la inversión total era de 2.100 millones de dólares, pero Jindal se comprometía a invertir 600 millones en los dos primeros años. Pero tras una auditoría, se informó que la inversión real fue de apenas 12 millones de dólares.
En 2016, tras cinco años de paralización, el Gobierno firmó un nuevo contrato para la construcción de la siderúrgica, esta vez con la empresa china Sinosteel Equipment & Engineering, bajo la modalidad llave en mano.
La inversión total es de 466 millones de dólares, de los cuales el 85% es financiado por el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank) y el 15% por el Tesoro General de la Nación.
Además de construir, equipar y poner en marcha el proyecto siderúrgico, Sinosteel debe prestar la supervisión para el funcionamiento.
El proyecto tenía que ejecutarse en 30 meses (dos años y medio), a partir de la orden de proceder. Es decir que la planta debía estar en marcha en 2019. Sin embargo, la empresa también tuvo dificultades.
Para 2019, los avances no eran los esperados. A ello se sumó que hubo una paralización de obras por los conflictos de 2019, el Gobierno transitorio y la pandemia.
En marzo de 2021, tras una larga negociación para evitar un arbitraje, se reanudaron las obras y se puso como nuevo plazo para la puesta en marcha de la siderúrgica para finales de 2023, pues el avance previo apenas había llegado al 7%.
Un aeropuerto para acceder a la siderúrgica y a la región
El pasado 29 de mayo, el Ministerio de Obras Públicas colgó en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) la licitación pública nacional para el “Mejoramiento del Aeropuerto de Puerto Suárez”. El monto de inversión del proyecto asciende a 12,8 millones de bolivianos, que serán financiados con recursos de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).
“Para nosotros es importante que ya estemos realizando acciones para que el Mutún y el hierro puedan despegar; con toda seguridad van a llegar empresarios y necesitan condiciones como es un aeropuerto”, manifestó el ministro Édgar Montaño.
Las obras contemplan la intervención de la pista, el cambio del pavimento, la construcción de dos subdrenes laterales y la señalización horizontal de toda la pista.
“Tenemos aeropuerto, pero se ha partido por todo lado y no logró entrar en funcionamiento”, explicó uno de los taxistas de Puerto Suárez.
Hace más de un año que las empresas comerciales dejaron de operar en esta ruta, debido a las malas condiciones de la pista. La terminal aérea apenas se mantuvo en funcionamiento para vuelos de enseñanza o privados. Toda la infraestructura quedó abandonada.
Ante tal situación, en julio de 2022, los pobladores de Puerto Suárez ingresaron en un paro cívico que cerró la frontera con Brasil y paralizó la Carretera Bioceánica. El aeropuerto era sólo uno de los cinco puntos solicitados, en cuanto a la infraestructura carretera y portuaria.
El acuerdo firmado el 28 de julio de 2022 establecía que Naabol efectuaría la rehabilitación de la terminal aérea con recursos propios. Ponía como plazo el 2 de septiembre para que la estatal socialice con todas las instituciones del municipio el alcance de la rehabilitación.
Medio siglo de estudios para la explotación del Mutún
Si bien el yacimiento de hierro fue descubierto en 1848, no fue hasta 1956 que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) empezó a analizar la factibilidad de su explotación. Por los años 70 se contrató a la Consultora Arthur McKee, que hizo un estudio sobre una franja de 2,6 kilómetros.
Una década después, la Empresa Siderúrgica Boliviana (Sidersa), que cerró en 1992, encargó un nuevo estudio a la consultora brasileña Cobrapi. La conclusión advertía que a pesar de la riqueza de los yacimientos, la explotación no era rentable ni conveniente.
De acuerdo con una publicación de la Fundación Milenio, las conclusiones argumentaban que el consumo de hierro en Bolivia era muy bajo y que la exportación no era posible por los subsidios que ofrecían los otros países a sus industrias. A eso sumaba que la producción con gas, frente a la producción con carbón vegetal, era muy onerosa y que la calidad del material encarecía los costos de producción.
En los años 90, el Gobierno boliviano contrató al consorcio DMT-Panamerican, como asesor en un proceso de participación del sector privado en el Proyecto Minero Siderúrgico El Mutún. Se generó la “Licitación Internacional de Explotación del Yacimiento de Hierro del Mutún”.
Dicho proceso se paralizó, pues las empresas consideraron poco viable la realización de los proyectos, debido a los bajos costos del hierro en los años 90.
En 2004, se contrató a la empresa Paribas para elaborar una nueva licitación del Mutún y se revivió la estatal Sidersa. En 2006, el Estado boliviano anunció un contrato con la empresa Jindal, lo que se concretó en 2007.