Fiscalía allana oficinas de YPFB Riberalta por presunta corrupción

Este martes, el Ministerio Público allanó las oficinas del Distrito Comercial Amazónico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Riberalta, en el departamento de Beni, por el presunto delito de corrupción en la venta de combustibles.

El fiscal asignado al caso, Stevens Heredia, detalló que la denuncia se hizo de manera pública a través de redes sociales y se acusa la existencia de una “red de comercialización” de diésel y gasolina que realiza el cobro de gran cantidad de dinero para permitir la venta de carburantes.

“A causa de una denuncia pública en las redes sociales que estarían sobrevendiendo a muy alto precio (combustibles) funcionarios, supuestamente de YPFB, a terceras personas que no son parte de YPFB”, afirmó en contacto con la prensa.

Denuncia
De acuerdo con las denuncias, autoridades de YPFB exigen un cobro de hasta Bs 30.000 para habilitar mayores cupos en los volúmenes de combustibles, en plena situación de desabastecimiento de carburantes.

Por el momento, el Ministerio Público no confirmó ni rechazó estas versiones, pero procedió a la intervención de las oficinas y a “secuestrar” algunos equipos. Durante la operación, no se procedió a la aprehensión de ningún funcionario, pese a la protesta de los comunarios.

“Se ha secuestrado equipos de computadora, documentación, equipos celulares de trabajadores. En las próximas horas, el Ministerio Público va a comenzar a citar a personas para que se constituyan a presentar su declaración”, explicó Heredia.

El fiscal indicó que con las declaraciones de los denunciados se espera obtener más indicios que señalen la existencia de una posible red de comercialización ilegal dentro de YPFB Riberalta.

Sin embargo, Heredia no quiso dar más información debido a que cualquier dato adicional podría “entorpecer la investigación”.

La denuncia ocurre solo dos días después del cambio de autoridades dentro de YPFB. Yussef Akly, ahora presidente de la petrolera estatal, anunció que realizará una auditoría para identificar cualquier posible hecho de corrupción que se haya instalado durante la anterior gestión.

SourceLa Razón

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