El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que el nuevo Decreto Supremo 5516 abroga el DS 5503, pero conserva sus lineamientos centrales para la estabilización económica, mientras que los temas que generaron mayor controversia serán remitidos como proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Lupo explicó a Erbol que la nueva norma mantiene la “columna vertebral” de la anterior, aunque los capítulos referidos a recursos naturales, Banco Central, inversiones y el mecanismo de aprobación acelerada (Fast Track) pasarán a tratamiento legislativo. “Todo ese capítulo lo remitiremos en un proyecto de ley a la Asamblea, porque consideramos que darle rango de ley brinda mayor seguridad jurídica a los inversionistas que un decreto supremo”, precisó.
El DS 5503 fue cuestionado por establecer un régimen extraordinario de inversiones en recursos naturales, con estabilidad jurídica y tributaria por hasta 15 años, y por facultar al Banco Central de Bolivia a realizar operaciones financieras para la estabilización de la balanza de pagos. La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó esos alcances, aunque aceptó la eliminación del subsidio a los hidrocarburos.
En horas de la mañana de este lunes, Lupo detalló que el DS 5516 incorpora el levantamiento del subsidio a los combustibles, la continuidad de los bonos sociales, el incremento del salario mínimo, la reprogramación de créditos para pequeños prestatarios y la reducción o eliminación de aranceles para insumos del transporte. “Estos son los elementos centrales y más importantes para la estabilización económica”, afirmó en conferencia de prensa.
El ministro anunció que el decreto será publicado de inmediato y exhortó a los sectores movilizados a levantar los bloqueos. “En menos de 24 horas el Gobierno ha respondido a las demandas. Si continúan las protestas, el mensaje sería que la motivación es otra”, advirtió. Finalmente, reiteró que los artículos vinculados a la seguridad jurídica para inversiones, que requieren rango de ley, serán consensuados con la Asamblea, mientras que otros aspectos se mantendrán por decreto, respaldados —dijo— por el diálogo previo con más de 160 organizaciones sociales.