En la antesala de la efeméride departamental, el sector salud en Tarija había llevado adelante protestas. Las marchas de trabajadores desvinculados de programas nacionales expusieron un conflicto que hoy escala en tensión, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno y el personal afectado.
Las movilizaciones se activaron tras una serie de despidos que los trabajadores califican como “injustificados”, mientras desde el Ejecutivo se sostiene que responden a un proceso de evaluación y reordenamiento del sistema sanitario.
El argumento del Gobierno
El viceministro de Deportes, Roberto Bustamante, explicó que las desvinculaciones se dieron luego de inspecciones realizadas por equipos técnicos del Ministerio de Salud en distintos establecimientos del departamento, entre ellos el Hospital Regional San Juan de Dios, el Materno Infantil, el Rubén Zelaya y el Fray Quebracho.
Según la autoridad, en estas evaluaciones se detectaron deficiencias en el cumplimiento de horarios, baja productividad y problemas de coordinación con el Servicio Departamental de Salud.
“Se ha evidenciado descoordinación y falta de cumplimiento en varios casos”, afirmó, al señalar que los programas SAFCI y Mi Salud presentaban fallas estructurales en su funcionamiento.
Bustamante sostuvo que el proceso forma parte de una reestructuración más amplia del sistema de salud, orientada —según dijo— a mejorar la calidad del servicio y garantizar una administración más ordenada del recurso humano.
En esa línea, cuestionó que en estos programas se hayan incorporado perfiles que no corresponden al área médica, como personal administrativo, choferes o incluso profesionales de otras ramas, funciones que —remarcó— deberían ser asumidas por gobiernos municipales o la Gobernación.
Además, anunció que se busca avanzar hacia la institucionalización del personal, mediante procesos de selección basados en méritos y evaluación de competencias.
La versión de los trabajadores
Del otro lado, las trabajadoras afectadas rechazan de plano la versión oficial. Una de las enfermeras desvinculadas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) aseguró que en ningún momento recibieron memorándums de llamada de atención ni observaciones formales sobre su desempeño.
“Nos han despedido directamente, sin proceso previo”, cuestionó, al tiempo de señalar que varias de las afectadas cuentan con más de 15 años de experiencia en el sistema.
El caso del PAI es uno de los más sensibles, ya que la salida de personal ha derivado en la paralización parcial de servicios, como la atención en vacunatorios, justo en un periodo en el que se requiere reforzar campañas de inmunización.
La controversia también ha escalado al plano jurídico. La abogada Mónica Blacutt, quien representa a las trabajadoras despedidas, denunció la vulneración de derechos laborales y anunció que recurrirán a instancias judiciales.
Según explicó, se estaría incumpliendo la normativa vigente, particularmente lo establecido en la Ley General del Trabajo, al no haberse seguido un debido proceso en las desvinculaciones.
Blacutt también cuestionó las declaraciones del viceministro, señalando que no se puede justificar un despido sin pruebas documentadas de incumplimiento laboral. Aseguró que el argumento que está utilizando el Gobierno, es totalmente falso, y que a la fecha las trabajadoras vienen atravesando un calvario, más cuando hay funcionarias que ingresaron en huelga de hambre y una insensibilidad del nivel central.
La abogada manifestó que así como existen trabajadores que están amparados por la Ley General del Trabajo, de la misma manera se deben respetar los derechos de estos servidores públicos.