Mientras la justicia agroambiental define el rumbo del proceso legal vinculado al proyecto hidrocarburífero Domo Oso X-3 (DMO X-3), – que pone en entredicho el futuro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía -, las actividades de exploración permanecen paralizadas desde enero de este año. En ese escenario, los defensores de Tariquía ratifican su rechazo a cualquier intento de reactivación de trabajos que consideren lesivos para uno de los ecosistemas más importantes de Tarija.
Después de años de confrontación entre comunidades, instituciones ambientales, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras, el futuro del proyecto Domo Oso X-3 se encuentra en manos de la justicia por un recurso jurídico que ha sido planteado desde la Defensoría del Pueblo.
Información de YPFB señala que todas las actividades vinculadas al proyecto permanecen suspendidas desde el 17 de enero de 2026, cuando el conflicto ingresó de lleno al ámbito judicial, alterando el cronograma que la estatal había diseñado para ejecutar una de sus apuestas exploratorias más importantes en el sur del país.
La paralización representa un freno para una iniciativa que contaba con una inversión garantizada de 61 millones de dólares y que proyectaba extenderse hasta 2027.
Un proyecto que avanzaba
Hasta finales de 2025, YPFB reportaba avances administrativos y técnicos para la ejecución del DMO X-3.
Entre las etapas ya concluidas figuraban el estudio de evaluación de impacto ambiental, la obtención de la licencia ambiental, el levantamiento de causales de fuerza mayor, la adjudicación de obras y la autorización formal para iniciar los trabajos.
Durante los últimos meses de la pasada gestión también se registraron movimientos vinculados a la apertura de caminos de acceso, habilitación de planchadas, relevamientos de campo y adecuación de campamentos.
El cronograma contemplaba que entre enero y agosto de 2026 se desarrollaran las obras de infraestructura vial y preparación de plataformas. Posteriormente, la perforación exploratoria estaba prevista para ejecutarse entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, mientras que las pruebas de formación debían realizarse entre abril y mayo de ese mismo año.
Sin embargo, el proceso judicial modificó completamente la hoja de ruta.
El expediente vuelve a Entre Ríos
Uno de los acontecimientos más relevantes ocurrió cuando la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental decidió devolver la competencia del caso al juez agroambiental de Entre Ríos, Clever Marcelo Osorio.
La determinación dejó sin efecto la pretensión del Gobierno de trasladar la definición del conflicto a instancias superiores en Sucre, devolviendo la responsabilidad de emitir una resolución de primera instancia a la autoridad judicial que inicialmente había conocido la causa.
La decisión fue recibida con expectativa por los sectores que se oponen a las actividades hidrocarburíferas dentro de la reserva.
Ahora será el juez agroambiental quien deberá analizar los antecedentes y emitir un fallo que podría marcar el futuro inmediato del proyecto.
Una calma temporal en las comunidades
Para los defensores de Tariquía, la suspensión de actividades ha significado una reducción de las tensiones que durante años caracterizaron la convivencia en varias comunidades de la reserva.
Juan Mendoza, integrante del Comité de Defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, considera que la intervención judicial logró, al menos temporalmente, detener el avance de las operaciones petroleras.
Según explicó, desde que se emitieron las medidas impulsadas por la Defensoría del Pueblo no se ha observado presencia de personal de YPFB ni de Petrobras en la zona.
Esa ausencia, asegura, ha contribuido a disminuir los conflictos internos.
Mendoza sostiene que cuando representantes de las empresas ingresaban a las comunidades, las reuniones comunales se convertían en escenarios de confrontación entre quienes respaldan la actividad hidrocarburífera y quienes la rechazan.
La desconfianza hacia la justicia
Aunque reconocen la importancia de la vía judicial, los defensores de Tariquía mantienen reservas respecto al desenlace del proceso.
Mendoza afirmó que la experiencia acumulada durante casi una década de conflicto ha generado desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.
A su juicio, en anteriores procesos vinculados a recursos naturales y proyectos extractivos, las decisiones terminaron favoreciendo los intereses gubernamentales por encima de las demandas ambientales y comunitarias.
Por ello, sostuvo que la estrategia de defensa no dependerá exclusivamente de los tribunales.
«Nosotros no podemos dejar todo en manos de la justicia. Vamos a mantenernos atentos y preparados ante cualquier intento de ingreso de las empresas», manifestó.
Aunque evitó detallar las acciones previstas, señaló que las organizaciones defensoras se encuentran elaborando mecanismos de respuesta para enfrentar eventuales intentos de reactivar las actividades exploratorias.
Años de resistencia
El dirigente remarcó que la oposición al proyecto no responde únicamente a una posición política o ideológica, sino a la defensa de un ecosistema considerado estratégico para el departamento.
Los defensores argumentan que Tariquía cumple funciones ambientales relacionadas con la regulación climática, la conservación de fuentes de agua y la preservación de la biodiversidad.
Desde esta perspectiva, sostienen que los posibles beneficios económicos derivados de la explotación hidrocarburífera no justifican los riesgos ambientales asociados.
Mendoza recordó que la resistencia de las comunidades lleva aproximadamente una década y considera que esa movilización ha sido determinante para evitar transformaciones irreversibles dentro de la reserva.
Asimismo, cuestionó la capacidad de control ambiental que históricamente han ejercido las empresas hidrocarburíferas en otras regiones del departamento.
Citó como ejemplo zonas del Chaco tarijeño donde, según afirmó, persisten pasivos ambientales vinculados a la actividad petrolera.
La espera continúa
Mientras el expediente retorna a Entre Ríos y el juez agroambiental prepara la siguiente etapa del proceso, no existen plazos claros para conocer una decisión definitiva.
Los defensores esperan que la autoridad judicial actúe conforme a la normativa ambiental y a los principios de protección de áreas protegidas, respetando todos los procedimientos, principalmente con el de la consulta previa.