Confirmada la reunión entre el gobierno nacional y los nueve gobernadores de los departamentos del país, sigue pendiente la agenda. En principio la reunión es el primer paso para abrir un diálogo que defina una metodología que, en algún momento de lugar a un nuevo Pacto Fiscal, lo que en campaña se denominaba “50-50” y que ya entonces dejaba al descubierto enormes vacíos conceptuales que, lejos de llenarse, se han convertido en contradicciones.
Varios gobernadores y sus equipos técnicos se desplazaron ya esta noche hacia Sucre para preparar la reunión del 5 de agosto y si bien algunos tonos se han elevado, falta mucha “política” para construir un frente común y una agenda de mínimos que permita marcar el ritmo al gobierno en este tema, según reconocen fuentes cercanas a la negociación.
El concepto de 50-50
En campaña el tema era relativamente sencillo: el 50 por ciento de los recursos para cada administración. Chirriaba, porque había alcaldías, gobernaciones, etc., pero era simple. Después entró la duda del para qué. El exgobernador Óscar Montes ya advertía que si le daban el 50% de los recursos y le decían “pague policías y maestros”, pues la Gobernación de Tarija salía en déficit.
Después de la campaña, el propio presidente se ha convertido en el vocero de la propuesta que ya le costó el cargo a la Viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, cuando en plena campaña aseveró que aquello no iba “de un día o cinco años”. Rodrigo Paz habla cada vez más de competencias y menos de repartir recursos. Hace unos meses habló incluso de definir el currículum escolar al 50% con las gobernaciones.
Sin propuesta única
Por donde se vea, la propuesta 50-50 debería desembocar en un acuerdo de redistribución de recursos, más conocido como Pacto Fiscal. El gobierno del MAS lo negoció ocho años y acabó dejando todo como estaba.
La bancada de Libre, más pragmática en los temas de la gestión, insistió en la Asamblea en que desde este año se incluyera el 50% de los recursos en el Presupuesto para después definir competencias, pero no avanzó. La senadora tarijeña Isabel Moreno, por ejemplo, señala que el asunto es competencial y que debe haber reformas de fondo, pero que eso no puede trabar la gestión. En general la Constitución define la mayor parte de las competencias departamentales como concurrentes, provocando duplicidades y vacíos que, hasta hoy, nadie se atreve a cerrar.
Dominio tributario Algunos gobernadores plantean la posibilidad de asumir la recaudación de impuestos específicos
“Vamos con todo” aseveró el gobernador de Santa Cruz Juan Pablo Velasco en la previa a la reunión. “Con todo” resume una voluntad de atraer la mayor cantidad de recursos a la gestión departamental sin miedo a las competencias que después le sean adosadas.
En Santa Cruz se plantea la posibilidad de entregar dominios tributarios, es decir, convertir en recaudador al ente departamental para ser más eficientes y después, liquidar resultados al gobierno central.
En otros departamentos más pequeños el asunto se ve menos viable, no solo por lo que supone implementar estructuras nuevas, sino porque los volúmenes de recaudación serán insuficientes.
El criterio es extrapolable a las discusiones eternas del Pacto Fiscal y que se reviven a nivel calle cada vez que se hace un Censo de Población y Vivienda: utilizar como criterio solo el volumen de población pone a Tarija y a otros departamentos pequeños en condición de desventaja. En ese sentido, la mayor parte de países del mundo incluye factores correctores, como despoblación, fronteras o envejecimiento para lograr recursos que permitan desarrollar las regiones y ser atractivas para sus jóvenes, que de lo contrario, siguen migrando hacia el eje del país acentuando las deficiencias de forma circular.
¿Qué esperar de la reunión?
Mientras Santa Cruz aspira a sentar las bases de un Pacto Fiscal que le permita robustecerse, otros departamentos apuestan porque se alcancen acuerdos para atender emergencias y permitir mayor alivio fiscal.
La Ley que permitirá disponer de recursos de IDH confiscados desde el nivel central es relevante, pero en general las gobernaciones requieren acuerdos para condonar o reprogramar deudas con el FNDR y otros organismos públicos, y así liberar recursos hacia salud y educación principalmente.
En general todos los gobernadores comparten la voluntad de recortar gasto público, pero les faltan opciones para crear nuevos ingresos que solventen la gestión.
Porcel: “El 50/50 no le conviene al Gobierno”
El diputado tarijeño José Luis Porcel consideró que la reunión convocada para el 5 de agosto entre los gobernadores y el presidente Rodrigo Paz será poco productiva.
“Será un saludo a la bandera”, dijo, debido a que en su criterio no existe voluntad política del Gobierno nacional para atender la demanda de una distribución de recursos bajo el esquema 50/50.
El diputado y economista considera que sí hay margen para facilitar más transferencias a las Gobernaciones, que son quienes cargan con el ejercicio de las competencias más cercanas al ciudadano, pero que para ello sería necesario que el gobierno hiciera un esfuerzo en el recorte del gasto público, para lo que a su criterio, no existe voluntad.