La decisión del gobierno de intervenir YPFB fue recibida con escepticismo, críticas y dudas en sectores políticos, sociales y analistas, pues consideran que no es la solución al grave problema de desabastecimiento que sufre el país desde hace varios años.
“El modelo estatista de Bolivia fracasó. Luego de la famosa nacionalización falsa que hubo muere ese modelo”, señaló el primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, quien duda de la efectividad de la medida aplicada. “No queremos solamente intervención para cambiar de pícaros y simplemente que esto quede en el aire”, remarcó.
La dirigencia de choferes de El Alto y el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, calificaron la medida como un show político del gobierno. El legislador sospecha además que es parte de un plan para privatizar YPFB y con ese objetivo buscarían declararla en quiebra.
El analista Francesco Zaratti considera que la intervención es una auditoría de instancias del gobierno a una entidad estatal y no a cargo de una firma especializada. Enfatiza que hay la presunción de corrupción en la comercialización de combustibles, pero eso tiene que demostrarse identificando a funcionarios y unidades de la petrolera estatal implicada.
“La medida real tiene que ser eliminar la subvención. Sobre esto no llueve. Obviamente, acompañada de otras medidas de mitigación para la población que sería más golpeada”, señaló Zaratti, en entrevista con Unitel.
El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, señaló que lo ideal hubiera sido que la comisión interventora la integren personalidades independientes y no los ministros. Espera que la comisión realice cambios de fondo y no “maquillaje”, incluida la depuración del personal de la anterior gestión que está contaminando a la empresa.
“YPFB fracasó. Y la respuesta del Gobierno es meter más burocracia”, agregó desde sus redes sociales el senador Branko Marinkovic, quien cuestionó la creación de una comisión, integrada por cinco ministerios “para intervenir una empresa que todos ya sabemos que es corrupta y no funciona, mientras los bolivianos siguen haciendo fila para cargar combustible”.
Hizo énfasis en que un ejércitos de funcionarios de la petrolera, que califica de ineficientes e incapaces para importar combustibles, le cuesta al país Bs 2.400 millones en salarios. Entre las soluciones de fondo plantea eliminar el monopolio de YPFB y liberar la importación de combustibles.