Seis departamentos de Bolivia sufren las consecuencias de la sequía, 78 mil familias afectadas y 35 mil damnificadas debido a la escasez de agua y pérdidas en sus medios de vida, informó ayer el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.
“La emergencia por el fenómeno de El Niño ya empezó, ya tenemos nosotros una situación de emergencia. Tenemos hasta el momento 114 mil familias afectadas por el tema de la sequía. Tenemos nosotros 78 mil familias afectadas y 35 mil damnificadas en 63 municipios en 6 departamentos”, detalló Justiniano.
El ministro aseguró que el tema de la emergencia no termina con la sequía; en realidad, otras regiones tendrán problemas por inundaciones, por lo que se deberá tomar en cuenta que habrá demasiada agua, según reporte de Urgente.bo.
Tres instancias
El ministro remarcó que la capacidad des responder a los efectos climáticos no puede recaer únicamente en el Gobierno central, sino también debe comprometer a las gobernaciones de los nueve departamentos y a las alcaldías. Además de el trabajo de las otras carteras de estado.
“Llamado a las gobernaciones y a los alcaldes para que puedan identificar los daños, elaborar la situación de daños y necesidades y formalizar sus propias declaratorias de emergencia cuando la magnitud del evento y la ley lo justifique. Permite documentar las zonas afectadas y respaldar actuaciones correspondientes”, sostuvo.
Además, para llevar a cabo las acciones de prevención de manera transparente, la autoridad dijo que se informará a la población sobre las acciones que se están desarrollando.
“La emergencia nacional no resuelve por si sola los problemas, nuestra responsabilidad es convertir esta decisión en prevención, coordinación, recursos gestionados con responsabilidad y ayuda concreta para las familias bolivianas”, finalizó.
Emergencia
El sábado pasado, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, declaró emergencia nacional ante la previsión de sequías e inundaciones asociadas al fenómeno climático de El Niño, un escenario que podría afectar a distintas regiones del país y agravar la situación de las familias más vulnerables.
La medida, formalizada mediante un decreto supremo, habilita la movilización de recursos económicos y humanos y refuerza la coordinación entre el Gobierno central, la cooperación internacional, las gobernaciones y las alcaldías para atender contingencias y reducir daños.