Bolivia enfrenta una paradoja: tiene recursos para producir electricidad, pero podría no garantizar su abastecimiento. El gas disminuye, los subsidios ocultan costos y las inversiones se retrasan. Están en juego la producción, el empleo y el desarrollo. ¿Llegará a tiempo la nueva ley? ¿Será suficiente?
Este fue el eje de Diálogos al Café Marcos Escudero, con Arturo Iporre, expresidente de ENDE y del Comité Nacional de Despacho de Carga; Luis Galleguillos, especialista en gestión energética; y Rolando Garnica, docente de la Universidad Mayor de San Simón. Coincidieron en que Bolivia necesita una política que transforme recursos en inversión y suministro confiable.
El gas se agota, la factura sigue creciendo
Cerca de dos tercios de la electricidad boliviana provienen del gas. Las termoeléctricas consumen unos 4,7 millones de metros cúbicos diarios, cifra que podría llegar a 5,2 millones en 2030. La demanda aumenta mientras la producción del combustible disminuye.
El subsidio agrava esta fragilidad. Las centrales térmicas reciben gas a aproximadamente $us 1,30 por millar de pies cúbicos, muy por debajo de los precios con los que habría que importarlo. Las simulaciones expuestas muestran que retirar ese subsidio podría elevar las tarifas finales promedio hasta un 59 %. Es una simulación, no un aumento aprobado.
El subsidio indiscriminado también beneficia a quienes consumen más y tal vez pueden pagar más, mientras sus efectos económicos suelen recaer sobre los más vulnerables. El precio artificialmente bajo desincentiva inversiones que permitirían ahorrar gas.
La remuneración actual tampoco reconoce adecuadamente los costos de nuevas centrales hidroeléctricas. Sin esas inversiones, las termoeléctricas seguirán quemando gas que podría tener otros usos. Bolivia abarata parte de la electricidad de hoy, pero dificulta financiar la de mañana. La amenaza no es solo pagar más: es necesitar más electricidad cuando sea más difícil y caro producirla. Esta ha sido la lógica dominante en las últimas décadas.
Cambiar la ley sin cambiar el modelo
El anteproyecto reconoce energías renovables, almacenamiento, generación distribuida (pequeñas plantas cerca del consumidor) y comercialización. Introduce subastas y contratos de largo plazo. Pero su eficacia dependerá de las reglas de aplicación.
En la nueva ley se pretende que ENDE conserve una posición dominante y se dejan dudas sobre la independencia del regulador y del operador del sistema. Abrir la puerta a inversionistas exige garantizar competencia. Si la empresa estatal conserva ventajas frente a otros agentes, la incertidumbre encarece el financiamiento y desalienta proyectos que el país necesita. Quedan, además, definiciones críticas sobre tarifas, remuneración de inversiones, condiciones de las subastas, contratos y riesgos cambiarios. Buena parte se posterga a reglamentos. Sin certeza sobre recuperación de capital y cumplimiento de contratos, la apertura puede quedarse sin proyectos.
La crisis, sin embargo, no puede esperar a los reglamentos. Se necesita una ley guiada por principios de acceso, seguridad y sostenibilidad, con reglas suficientemente claras para dar certidumbre sin caer en un exceso de detalles. La alternativa más razonable es corregir el proyecto durante su tratamiento legislativo, sin paralizar una respuesta urgente.
El desafío es abrir un mercado que funcione, no solo uno que exista sobre el papel. Si permanecen los mismos incentivos y las mismas relaciones de poder, podrán cambiar las normas, pero no cambiarán la situación que hoy estamos enfrentando.
Sol y agua: la riqueza que aún no se convierte en energía
Bolivia aprovecha apenas una fracción de su potencial hidroeléctrico y dispone de abundante radiación solar. El aprovechamiento hidroeléctrico ronda el 2% del potencial estimado. Desarrollarlo exige capital, pero permitiría reducir el uso de gas.
La generación distribuida, en pequeñas plantas que pueden incluso estar en barrios, comunidades o en domicilios y fábricas, ofrece una respuesta más inmediata. La normativa permite generar electricidad e inyectar excedentes. Entre las propuestas destacan revisar el límite de 6 megavatios, facilitar conexiones y remunerar mejor la inversión.
Sin embargo, más paneles no equivalen automáticamente a un suministro seguro. La producción solar cae al anochecer, cuando el sistema enfrenta su demanda máxima. Incorporarla exige adaptar las redes y complementarla con hidroelectricidad y almacenamiento. También se planteó estudiar la interconexión con Chile para aprovechar excedentes solares, sin darla por asegurada.
La ruta propuesta tiene tres tiempos: acelerar ahora la generación distribuida; impulsar después subastas y contratos capaces de financiar nuevas centrales; y sostener una planificación independiente que articule demanda, gas, redes e inversiones. Pero faltan definiciones sobre qué proyectos se necesitan, dónde deben ejecutarse y con qué recursos.
La riqueza energética del país no se mide solo por el sol y el agua disponibles. Se mide por la capacidad de convertirlos en electricidad cuando hogares e industrias la necesitan.
Consideraciones finales
El conversatorio no dejó una solución única, sino prioridades que deben avanzar juntas: reconocer progresivamente los costos reales sin desproteger a los hogares vulnerables; asegurar independencia técnica y competencia justa; destrabar la generación distribuida; financiar proyectos estratégicos y planificar con responsables y plazos.
Más que enfrentar al Estado y a los privados, importa hacer viables las inversiones. Y ninguna tecnología bastará por sí sola: el desafío es combinar recursos, corregir incentivos y ejecutar decisiones antes de que la escasez imponga las suyas.
La ley puede abrir el camino, pero su éxito se medirá en proyectos ejecutados y electricidad confiable para hogares e industrias. Cada demora traslada costos al futuro. Bolivia todavía tiene alternativas. Lo que empieza a agotarse no es su potencial, sino el tiempo para aprovecharlo.