En el Cantón Chiquiacá del municipio de Entre Ríos, puerta de entrada a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, las tensiones sociales han encontrado una nueva forma de expresión, la exclusión de comunarios que defienden la reserva de los beneficios estatales. Mientras se consolidan proyectos de exploración petrolera en el área protegida, el Gobierno —a través de la Agencia Estatal de Vivienda— ha priorizado en sus listas de beneficiarios a personas afines al oficialismo y, en particular, a miembros de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolinas Sisa, según denuncian dirigentes locales.
Los comunarios que se oponen al ingreso de petroleras acusan que están siendo sistemáticamente marginados de los programas sociales, entre ellos el proyecto de viviendas sociales y mejoramiento habitacional, pese a cumplir con todos los requisitos de residencia y necesidad. Afirman que el castigo es porque no apoyan el ingreso de las petroleras y por eso quedan fuera de los beneficios.
El comunario de Chiquiacá, Juan Mendoza, y uno de los dirigentes que ha liderado la defensa de la reserva, señala que la exclusión se ha vuelto evidente. Incluso recordó que en la audiencia con YPFB del 24 de junio, han sido tratados como si fueran “criminales”.
Mendoza denuncia que la Agencia Estatal de Vivienda ha trabajado de la mano con dirigentes de organizaciones como las Bartolinas Sisa, a quienes acusa de avalar listas de beneficiarios que incluyen personas que ni siquiera residen en Chiquiacá o sus alrededores.
“Se ha beneficiado a gente que no hace vida orgánica en la comunidad. Mientras tanto, quienes vivimos aquí y realmente necesitamos las viviendas, fuimos excluidos por no apoyar al Gobierno”, lamenta.
El proyecto actual contempla 38 soluciones habitacionales entre viviendas nuevas y mejoras. Mendoza explica que muchas de las personas incluidas en el programa ya habrían sido beneficiadas anteriormente con otros proyectos, repitiendo el patrón de favoritismo político.
La exclusión, según el dirigente, no tiene justificación técnica. La Agencia habría argumentado que no se puede construir en zonas dentro de la reserva, pero los comunarios desmienten esta explicación. Ya que con anterioridad se ejecutaron proyectos en esta misma zona.
Indicó que pese a haber presentado su denuncia ante la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) y la Central de Campesinos de Entre Ríos, no han encontrado respaldo.
Respecto a este tema, El País intentó obtener la contraparte de la Agencia Estatal de Vivienda para conocer cómo son los mecanismos de selección de los beneficiarios, sin embargo, no se pudo concretar la entrevista, el compromiso es este miércoles brindar información.