Los representantes del Comité pro Santa Cruz volvieron a salir en defensa de los enfermos renales y se presentaron en el Palacio de Justica para exigir que el Gobierno nacional pague a los centros privados que prestan los servicios de hemodiálisis.
Acompañados por un grupo numeroso de pacientes renales, los cívicos presentaron un oficio en el que se exige al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Salud y Deportes a que cumplan la sentencia constitucional que los obliga a que cubran estas deudas con los centros de salud mencionados.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, sostuvo que el incumplimiento de esa resolución pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y, por ende, la vida de más de 1.400 pacientes renales en el departamento de Santa Cruz.
Durante un contacto con los medios de prensa, el líder cívico recordó que los pacientes cumplen 28 días de vigilia en la plaza principal 24 de Septiembre de la capital cruceña, exigiendo el desembolso de recursos para cubrir los servicios de diálisis. Según indicó, hasta el momento las autoridades nacionales no han atendido sus demandas.
Asimismo, aseguró que más de diez centros privados de diálisis en Santa Cruz no han recibido pagos por los servicios prestados desde diciembre de 2025 o enero de este año, dependiendo del establecimiento. Afirmó que la deuda acumulada supera los Bs 76 millones.
Por su parte, el representante de los pacientes renales de Santa Cruz, Marco Antonio Torrez, manifestó que los centros privados continúan prestando el servicio «con gran esfuerzo» para evitar que los pacientes pierdan sus sesiones de hemodiálisis, pese a la falta de pagos.
Torrez afirmó que algunos centros han cerrado debido a la crisis económica derivada de la deuda estatal y expresó su preocupación por la situación de los hospitales de segundo nivel, donde, según indicó, también existirían deudas pendientes y equipos en condiciones deficientes para atender a más de 600 pacientes.
Por último, el dirigente de los pacientes también lamentó que, durante los 28 días de protesta, no hayan recibido respuesta de las autoridades nacionales y cuestionó la falta de respaldo de algunas autoridades departamentales y municipales, aunque reconoció que la competencia sobre el financiamiento corresponde al nivel central del Estado.