La decisión del Gobierno de establecer un precio de 18 bolivianos el litro y un nuevo mecanismo de comercialización de diésel para grandes consumidores ya generó malestar entre diferentes sectores – choferes, vecinos, campesinos, gremiales, etc., – que advirtieron que revisarán sus costos de operación si el ajuste termina trasladándose a los precios de los productos de primera necesidad.
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El Ejecutivo, entretanto, sostiene que la medida “no debería afectar a la canasta familiar” mientras sigue “aclarando” el alcance de la medida fruto de la “confusión” en las definiciones entre lo que es un Graco, un cliente directo y un usuario directo.
Aclaración del Gobierno
El gobierno publicó el decreto 5676 pasada la medianoche del domingo y como de costumbre, disposiciones contradictorias generaron alarma. La medida afectará a las empresas consideradas “Gracos”, es decir, Grandes Contribuyentes al Sistema Impositivo – como la Cervecería Nacional, Soboce, Pil Andina, BoA o la propia Entel – y a aquellas industrias – llamadas “clientes directos” – que por sus características requieren de un alto flujo de diésel y que por lo tanto, no cargan en surtidores sino que reciben despachos de YPFB en sus propios sistemas, estos son, sobre todo, grandes mineras y también grandes agroindustrias, entre otros.
El decreto incluye esa misma tarifa referencial para “usuarios directos”, que son quienes consumen entre 120 y 5.000 litros mensuales y sí cargan en surtidores, sin embargo en horas de la tarde el mismo Ministerio se vio obligado a emitir un comunicado en el que aseguran que el “usuario directo” es el que compra en surtidor para llevarlo a sus instalaciones y no al tanque. Una aclaración que no dejó satisfecho a casi nadie.
Antes, la Asociación de Surtidores (Asosur) había emitido comunicados para limitar a 120 litros al mes la carga “fuera de tanque”, es decir, en bidones, para evitar el acopio, pero estos seguirán al precio inicial de 9,80 bolivianos, salvo que se superen los 120 litros mensuales, se entiende.
Desconfianza e incertidumbre
La medida se venía filtrando en los últimos días ante el incremento de las filas en los surtidores derivada de la insolvencia para la compra adecuada de combustible de calidad. Esto se viene registrando desde el mes de abril, cuando se desterró la “gasolina basura” del sistema. El gobierno en cualquier caso justifica la medida sobre dos argumentos: que se desincentiva el contrabando, que a su criterio se seguía produciendo pese a la retirada parcial de la subvención, y que los grandes industriales ya estaban comprando combustible a precios que rondaban ya estas bandas, incluso más. El recién nombrado ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, aseguró que estas empresas adquirían en precios entre 19 y 25 bolivianos el litro, aunque el monopolio lo tiene YPFB.
Entre los sectores sociales, pequeños empresarios, cuentapropistas y transportistas – que aun dudan de la definición de “usuario directo” – se argumenta que el precio de compra de diésel se repercutirá a través de la cadena hasta el precio final del producto que comercializan esas “Graco” – sea una llamada de teléfono, una bolsa de cemento o una tonelada de pienso para los pollos -, pero además se entiende como el primer paso hacia la retirada total de la subvención de todos los combustibles.
En cierto modo lo es, y así lo ha reconocido el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, que explicó que el objetivo es “sincerar el precio” para los grandes consumidores y acercarlo al costo real de importación, pero también señaló que el objetivo es que Yacimientos salga de la cadena de comercialización de hidrocarburos dejando esta responsabilidad en los privados, que hasta el momento apenas han avanzado dado que no pueden competir con el precio subvencionado por el Estado. Blanco habló de una nueva forma de Gobernanza “hasta fin de año”, que incluye el cierre de la Agencia Nacional de los Hidrocarburos (ANH), pero no anticipó fechas para liberar definitivamente la subvención.
¿Cómo se pagará?
La metodología tomará como referencia la cotización del petróleo y añadirá costos de logística, transporte, seguros, impuestos y otros componentes vinculados a la importación. El Ministerio de Hidrocarburos tiene hasta cinco días hábiles para aprobarla y posteriormente el ente regulador deberá publicar diariamente el precio referencial.
Blanco reiteró, tras el revuelo, que los consumidores que utilizan entre 120 y 5.000 litros mensuales para consumo propio y adquieren el combustible en estaciones de servicio no estarán sujetos al precio referencial mientras mantengan su consumo habitual. Los clientes directos que demandan entre 5.000 y 19.999 litros y los GRACOS, con requerimientos de 20.000 litros o más al mes, sí estarán alcanzados por el nuevo esquema.
El Gobierno defiende que el cambio permitirá reducir la carga fiscal que soporta YPFB por la importación de diésel y, al mismo tiempo, generar condiciones para que empresas privadas ingresen al mercado como importadoras y comercializadoras.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, aseguró que el ajuste no debería repercutir en la canasta básica porque está concentrado en los grandes consumidores. “Con relación al tema de la canasta básica familiar no debería afectar”, afirmó contra el criterio generalizado de buena parte de la población.
Aramayo sostuvo que esos consumidores ya adquirían anteriormente diésel a precios promedio de entre Bs 19 y Bs 25 por litro, por lo que el precio referencial inicial de Bs 18 no supondría necesariamente un incremento para ellos. Sin embargo, el propio Gobierno ha explicado que el valor será posteriormente variable y estará vinculado a los costos internacionales de importación.
Santa Cruz exigente
En paralelo, el Gobierno y representantes de instituciones de Santa Cruz acordaron medidas para enfrentar la crisis de abastecimiento. Entre ellas está la publicación diaria de un cronograma que detalle los volúmenes de gasolina y diésel programados y efectivamente despachados al departamento, sus provincias y municipios.
El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, confirmó que la estatal publicará y socializará esa información y aseguró que se están aplicando medidas financieras, logísticas y operativas para garantizar el suministro. Estimó que las filas por gasolina podrían resolverse en dos o tres días y comprometió también la cobertura de los volúmenes de diésel.
El acuerdo contempla además una mayor participación pública y privada en la importación, almacenamiento, transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles; la eliminación de cargas y restricciones que dificulten la importación privada; el impulso a los biocombustibles; la reactivación de campos petroleros paralizados y la puesta en funcionamiento de poliductos y oleoductos.
Las instituciones cruceñas plantearon también la eliminación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), mayor participación de las Fuerzas Armadas en el control de fronteras y un debate nacional sobre reformas legales y constitucionales para transformar el modelo energético. El acuerdo incluye asimismo identificar responsabilidades y promover acciones penales por hechos de corrupción vinculados a YPFB y otras instituciones estatales.
Gobierno y representantes cruceños volverán a reunirse el 31 de agosto para evaluar los avances.