El Gobierno estableció, mediante el Decreto 5676, promulgado poco después de la medianoche de este lunes por el presidente Rodrigo Paz, un precio referencial y flotante de Bs 18 por litro de diésel para clientes directos y grandes consumidores (Gracos). Con esta medida se busca acabar con las filas en los surtidores, frenar el contrabando de combustibles y reducir la carga fiscal del Estado, pero generó el rechazo en sectores como la CAO, que considera que la medida castiga a pequeños y medianos productores.
Los ministros de la Presidencia, Fernando Aramayo, y el de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, defendieron la norma en una conferencia de prensa ofrecida la tarde de este lunes, luego de que la noticia sorprendiera a la población y provocara incertidumbre. Aramayo sostuvo que la decisión responde a la necesidad de “dejar de desangrar al Tesoro General del Estado” con la compra de hidrocarburos a precios que no corresponden al valor internacional, en referencia a la escasez de dólares que enfrenta el país para financiar esas importaciones.
El decreto en cuestión crea un segmento de grandes consumidores y compradores directos de diésel, a los que se les cobrará un precio referencial y flotante que inicialmente fue fijado en Bs 18, mientras que los pequeños consumidores, transportistas y particulares seguirán pagando Bs 9,80 por litro, sin variación.
Blanco explicó que hay tres grupos afectados: los que consumen entre 120 y 5.000 litros mensuales, los que compran entre 5.000 y 19.900 litros, y los Gracos, que superan los 20.000 litros.
Ambas autoridades señalaron que lo que se busca es acabar con las filas, aunque remarcaron en que la disposición no resolverá de inmediato la escasez ni las filas en los surtidores. “No se va a acabar de la noche a la mañana, porque esa medida apenas empieza”, señaló Aramayo, mientras Blanco añadió que “lo que han destrozado en 20 años no se va a solucionar, como muchos piensan, en nueve meses”.
En ese marco, el titular de Hidrocarburos calificó el decreto como un intento de “sincerar” el precio del combustible tras décadas en los que el valor el el mercado interno no reflejó el costo real de importación.
Aramayo también denunció la existencia de una estructura de contrabando que opera “a todo nivel” y que, según dijo, saca el diésel “desde las estaciones, desde las cisternas, desde los tanques”. El Gobierno citó además los casos de Colombia, Chile y Perú como referencias de esquemas similares de precios ajustables, y comparó el mecanismo con el aplicado al tipo de cambio del dólar flexible.
RECHAZO
El sector agropecuario de Santa Cruz, sin embargo, expresó un rechazo rotundo al decreto. Con notoria molestia, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, dio lectura a un pronunciamiento surgido de una larga reunión y calificó la norma como un “trato discriminatorio del Gobierno a los pequeños, medianos y grandes productores al implementar un precio diferenciado en el diésel con respecto a otras actividades económicas”. Anunció además la convocatoria a un congreso extraordinario junto a otros sectores productivos “para que tomemos decisiones más drásticas si es que esto no se mejora”.
Frerking sostuvo que el aumento del precio para grandes consumidores no resuelve el desabastecimiento en los surtidores y advirtió que, por el contrario, “la aplicación de precios diferenciados es un incentivo al agio, a la especulación, al mercado negro y a la corrupción, que son los principales problemas que han originado el desabastecimiento que actualmente tenemos”. El dirigente cuestionó que la medida recaiga sobre el agro cuando, según explicó, el sector demanda apenas el 16% del consumo nacional de diésel y con eso produce todos los alimentos para los bolivianos. “No nos hacemos responsables del desabastecimiento de alimentos que pueda presentarse por esta causa”, advirtió.
La CAO planteó como alternativa que el Gobierno considere la compra de etanol de producción nacional pagado en bolivianos, y reclamó reglas iguales “para todos” los sectores económicos.
Ante las críticas, Aramayo atribuyó el rechazo a “una mala interpretación” del alcance del decreto y llamó al diálogo con los sectores afectados para definir su reglamentación.
Auríferos rechazan diésel a Bs 18 y exigen diálogo
La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) rechazó este lunes el Decreto 5676, normativa que autoriza la venta de diésel a un precio referencial de 18 bolivianos por litro para grandes consumidores, y exigió una reunión inmediata con el Ejecutivo para revisar la medida.
El presidente de la institución, Wilson Alanoca, afirmó que la nueva disposición no fue consensuada y advirtió que la norma “afecta de sobre manera este incremento, que es abismal”. Por ello, el dirigente explicó que el directorio decidió rechazar el decreto supremo y pedir la instalación de una mesa técnica para conocer los costos reales de importación del combustible.
En esa línea, Alanoca cuestionó la diferencia de precios en el mercado. El representante observó que hay empresas privadas que venden el diésel a 16,50 y 17 bolivianos, y criticó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fije un costo mayor. En ese sentido, el vocero preguntó si su sector tiene que pagar “hasta la utilidad de los funcionarios de YPFB o de las instituciones públicas”.
Choferes advierten con revisar tarifas por el ajuste del diésel
La Confederación de Choferes de Bolivia exigió al Gobierno explicar el decreto que ajusta el precio del diésel y advirtió que revisará sus costos si la medida encarece los artículos de primera necesidad.
El ejecutivo del sector, Lucio Gómez, cuestionó que los grandes consumidores trasladarán el gasto extra a los productos básicos. Por ello, aseguró que si sube la canasta familiar el autotransporte “también revisará los costos de operaciones”. Asimismo, precisó que un viaje entre La Paz y Cochabamba ya supera el tope mensual de 120 litros fijado para mantener el combustible subvencionado.
Gómez anunció que el gremio analizará la situación en un ampliado. En esa línea, el dirigente subrayó que no quieren “ya más papeles y papeles”, sino que exista la distribución de diésel y gasolina para trabajar.
Las tarifas se ajustaron a inicios de año tras reducirse la subvención a los carburantes. Sin embargo, los transportistas advirtieron que la volatilidad del dólar presiona sus costos y obliga a una eventual nivelación de pasajes.
Industriales de Cochabamba prevén una subida de costos
La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba advirtió que el Decreto Supremo 5676, que fija el litro de diésel en 18 bolivianos para grandes consumidores, provocará un fuerte incremento en los costos operativos del sector formal.
El gerente de la institución, Alberto Arze, afirmó que la medida impactará a las empresas, pero la consideró necesaria. El directivo indicó que “evidentemente, van a subir los costos”, aunque aclaró que apoyan el objetivo de “sincerar la economía” por encima de mantener las subvenciones estatales.
Por otro lado, los empresarios proyectan que el nuevo esquema frenará la fuga del carburante. Arze expresó su expectativa de que se normalice el abastecimiento y que “se corte lo que está ocurriendo hoy en día, que es el contrabando”. Para ilustrar este problema, recordó que en Perú el litro cuesta 20,61 bolivianos frente a los 9,80 del precio subvencionado nacional.
El Gobierno aprobó el decreto este lunes por la noche para disminuir la carga fiscal que asume YPFB por la importación de estos combustibles.
Lara exige parar el decreto sobre ajuste del diésel
El vicepresidente Edmand Lara exigió este lunes al Gobierno frenar la aplicación del Decreto Supremo 5676, que establece un precio de Bs 18 por litro de diésel para consumidores que superen los 120 litros mensuales, y pidió abrir un diálogo con transportistas, productores y trabajadores para abordar la situación de YPFB. En una declaración en la cual afirmó que tiene el “corazón apretado”, el segundo mandatario enfatizó que lo ocurrido “se llama dieselazo”.
El vicepresidente advirtió que el incremento tendrá efectos sobre los sectores productivos y de transporte, para posteriormente afectar a los precios que pagan las familias.
Chávez: “No es una solución estructural, es un parche”
El analista Gonzalo Chávez consideró que el Decreto Supremo 5676 no es una solución estructural para el problema de desabastecimiento, sino es que es un parche temporal.
“Esta no es una solución estructural, es un parche para intentar resolver el problema de la falta de diésel en el corto plazo. La diferencia entre el precio local Bs 9.80 y los precios internacionales es muy elevada”, indicó Chávez. Explicó que anteriormente el diésel se iba afuera del territorio nacional, dejando sin combustible al país, por lo que los dólares se perdían y generaba una brecha de la moneda extranjera y un problema fiscal para el Gobierno.
Filas por gasolina estarán resueltas ‘en dos o tres días’
El presidente de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, reiteró que están tomando las medidas necesarias para cumplir con los volúmenes requeridos para el departamento de Santa Cruz y anticipó que las filas por gasolina, serán “resueltas” en los próximos días.
“Estamos absolutamente seguros que en cuestión de dos o tres días estarán resueltas todas las filas en términos de gasolina y los volúmenes de diésel estarán este también cubiertos durante este periodo”, manifestó.
ΑΝΤΕ LA CRISIS DE LOS COMBUSTIBLES
Cívicos y autoridades pactan medidas
El Gobierno y representantes de instituciones cruceñas acordaron establecer medidas para enfrentar la crisis de abastecimiento de combustibles, entre ellas la publicación de un cronograma diario de suministro que detalle los volúmenes programados y efectivamente despachados para Santa Cruz, sus provincias y municipios.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó que entre los compromisos asumidos está garantizar el abastecimiento inmediato de combustibles y transparentar diariamente la programación de los despachos.
El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, confirmó que la estatal publicará y socializará de manera permanente el cronograma de abastecimiento, con el objetivo de informar a la población sobre las asignaciones y atender la demanda del departamento.
Daroca señaló que YPFB está adoptando medidas financieras, logísticas y operativas para asegurar la provisión de combustibles.
Afirmó además que se están realizando asignaciones adicionales de gasolina y expresó su confianza en que las filas por este carburante quedarán resueltas en un plazo de dos o tres días, mientras que los volúmenes de diésel también serán cubiertos durante el periodo de programación.
Entre las medidas acordadas se encuentra la incorporación de los sectores público y privado en la importación, almacenamiento, transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles. Además se solicitará una normativa que elimine cargas tributarias y otras restricciones que, obstaculizan la importación privada de carburantes.
También se determinó declarar prioridad nacional la producción de biocombustibles, reactivar la producción nacional de crudo en campos actualmente paralizados o sin utilización y poner en funcionamiento poliductos y oleoductos para fortalecer la logística de suministro.
El acuerdo plantea asimismo la eliminación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la participación de las Fuerzas Armadas en la protección de las fronteras para combatir el contrabando y el desvío ilegal de combustibles, y el inicio de un debate nacional sobre reformas legales y constitucionales destinadas a transformar el modelo energético boliviano.
El pacto determina también identificar a los responsables y establecer acciones penales frente a hechos de corrupción relacionados con instituciones de YPFB y del Estado.
Daroca manifestó la disposición de YPFB a trabajar en los aspectos estratégicos planteados, principalmente el incremento de la producción de crudo y de la capacidad logística, así como la atención de los problemas estructurales del sector energético y de hidrocarburos.
Por su parte, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que se tomó nota de las observaciones formuladas durante el encuentro y destacó que se alcanzaron acuerdos, compromisos y tareas concretas para atender tanto la emergencia por el abastecimiento como los problemas estructurales del sector.
LAS CLAVES
● El Decreto Supremo 5676 fue promulgado por el presidente Rodrigo Paz poco despúes de la medianoche del lunes, con el objetivo de disminuir la carga fiscal que asume YPFB por la importación de diésel.
● Autoriza a YPFB a vender diésel a Precio Referencial a Clientes Directos y Grandes Consumidores (Gracos), y habilita a las estaciones de servicio y puestos de venta a comercializar ese combustible a Usuarios Directos, bajo la misma modalidad.
● Define tres categorías según el volumen mensual: UsuaWrio Directo (120 a 5.000 litros, comprados en surtidores); Cliente Directo (5.000 a 19.999 litros, en plantas de almacenaje); y Gran Consumidor o GRACO (desde 20.000 litros, también en plantas de almacenaje).
● Para el resto de los consumidores, se mantiene invariable el precio de Bs 9,80 por litro, fijado en el Decreto Supremo 5516 y modificado por el 5652.
● El Precio Referencial incluye costos de importación e impuestos. Mientras el Ministerio de Hidrocarburos aprueba la metodología definitiva –en un plazo de hasta cinco días hábiles– y el Ente Regulador la publica a diario, rige un precio inicial de Bs 18 por litro.
● El diferencial entre el precio referencial y el mayorista se deposita a favor de YPFB.
● La norma también difiere a 0% el arancel para la importación de gasolinas y aceites de petróleo hasta el 31 de diciembre de 2027.