Un esquema de corrupción en YPFB permitió la aprobación en tiempo récord de dos contratos con una proveedora de aceite crudo de soya para la Planta de Biodiésel N° 1 sin garantías. La empresa terminó incumpliendo y el Estado quedó con un daño económico de Bs 871.573.979,35 ($us 74,4 millones).
La revelación fue ofrecida en una conferencia de prensa por el viceministro de Transparencia, Yamil García, un día después de que el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, denunciara nuevamente la existencia de “mafias” en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
El caso se origina en dos contratos suscritos entre YPFB Refinación S.A. y la empresa Agroindustrial del Este – Indueste S.R.L., destinados a la provisión de materia prima para la planta de biodiésel, por un monto de Bs 1.058,4 millones para ambos contratos.
De este total, se desembolsaron Bs 788,6 millones en anticipos, equivalentes aproximadamente al 75% del valor total.
SUCESIÓN DE DECISIONES
La investigación identifica una serie de decisiones que habrían generado las condiciones para la afectación al Estado.
Entre ellas se cuenta la modificación del Reglamento de Garantías de YPFB Refinación, que flexibilizó las condiciones para determinadas operaciones contractuales, incluyendo aquellas relacionadas con la provisión de materia prima para biocombustibles.
“Resulta que el Directorio de YPFB Refinación convoca una sesión de Directorio (el 2 de abril de 2024) en donde resuelven modificar el reglamento de garantías. Y en esta sesión de Directorio, los funcionarios públicos que ahora son corresponsables, coautores de esta investigación, definen añadir una excepción”, explicó el Viceministro.
La excepción consistía en no exigir la garantía de anticipo a proveedores de aceite crudo de soya y cambiar la garantía de cumplimiento por una simple retención para montos mayores a Bs 1 millón.
Tras las excepciones aprobadas, el contrato fue firmado en seis días, el 8 de abril de 2024, y los desembolsos fueron ejecutados al día siguiente. Es decir, el Gobierno no contaba con ninguna garantía de cumplimiento del contrato y la empresa lo sabía.
“YPFB identifica que había cometido errores garrafales con consecuencias lesivas para el Estado. Una vez que la empresa incumple y YPFB no tenía cómo cobrarse ese incumplimiento, resulta que ambas partes se reúnen y definen una terminación de contrato. En esta terminación de contrato, la empresa reconoce que ha incumplido y que tiene que devolver recursos millonarios”, explicó.
El 1 de abril de 2025 se suscribió la terminación por mutuo acuerdo de uno de los contratos, estableciéndose la obligación de la firma de devolver Bs 336.478.577,87 .
Al final de esa cita, la empresa dejó como garantía dos propiedades agrícolas. Ante el incumplimiento de devolución del dinero entregado, la empresa estatal inició el proceso de embargo y, cuando quiso ejecutarlo, se enteró de que se trataba de una pequeña propiedad, es decir, de acuerdo con la normativa vigente, inembargable.
INVESTIGACIÓN PENAL
El Viceministerio de Transparencia presentó una denuncia penal el 20 de marzo de 2026 y la investigación fue iniciada el 21 de marzo ante el Juzgado 5º de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz.
Los delitos denunciados: contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.
Un total de 14 personas están denunciadas, entre ellas Henry Nelson Ibáñez Padilla, representante legal de la empresa y sus socios, además de los miembros del Directorio; gerentes general, comercial, jurídico y los miembros de la unidad solicitante de YPFB Refinación.
Dos personas están con detención preventiva.
“La protección del patrimonio del Estado exige investigar cada decisión que pueda haber generado un perjuicio económico. Desde el Viceministerio vamos a continuar trabajando para esclarecer los hechos, establecer las responsabilidades que correspondan y, fundamentalmente, contribuir a la recuperación de los recursos públicos”, señaló García.
60 DENUNCIAS
En los últimos 20 días se recibieron alrededor de 60 denuncias relacionadas con YPFB, lo que representa aproximadamente una denuncia cada ocho horas, según Transparencia.
Experto: Hay mafias internas y externas
Esta semana, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Blanco, volvió a denunciar que en YPFB y la ANH actúan “mafias”, a las que atribuyó el desabastecimiento de carburantes que genera largas filas en los surtidores del eje central del país.
En redes sociales, la pregunta recurrente fue: ¿Por qué no actúan?
¿Es tan difícil desmontar ese esquema?, consultó Correo del Sur Radio al experto en Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez.
“Sí, es muy difícil de desmontar porque llevas 20 años en los que esas mafias han construido estructuras internas, pero hay que entender que hay varias mafias internas –porque no es solo una, hay varias–, como también hay mafias externas que tienen gente puesta dentro de YPFB, que responde a esos intereses que buscan contrabando, que buscan favorecer a ciertas empresas ya sea que consuman o que importan hidrocarburos”, respondió.