El Gobierno duplicó de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el respaldo destinado a cubrir el diferencial entre el costo de importación de combustibles y el precio al que son comercializados en el mercado interno.
La ampliación fue establecida mediante el Decreto Supremo 5683 y los recursos serán financiados por el Tesoro General de la Nación para apoyar las operaciones de YPFB.
El presidente de la estatal petrolera, Sebastián Daroca, había advertido que la diferencia de precios representa una carga difícil de sostener. Bolivia requiere grandes volúmenes mensuales de diésel y gasolina, cuya importación demanda recursos superiores a los recuperados mediante la venta local.
El Gobierno ya había modificado parcialmente la subvención a finales de 2025 y posteriormente estableció un precio diferenciado de Bs 18 por litro de diésel para determinados grandes consumidores.
La medida provocó cuestionamientos de sectores productivos, industriales y transportistas, que advierten sobre posibles distorsiones y un impacto adicional sobre sus costos de operación.