Bolivia busca incorporar la conservación de sus bosques a una nueva alternativa de generación de recursos: el mercado internacional de créditos de carbono. En el marco de la COP31, el Gobierno firmó un memorando de entendimiento con la organización internacional Emergent para evaluar proyectos forestales y facilitar su conexión con potenciales compradores y financiadores.
El acuerdo fue suscrito por el ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, y el presidente y director ejecutivo de Emergent, Eron Bloomgarden. La primera experiencia que será evaluada es el proyecto de conservación forestal de la Autonomía Indígena Originaria Campesina Charagua Iyambae, en Santa Cruz.
La apuesta económica consiste en transformar la reducción verificable de la deforestación en créditos de carbono que puedan comercializarse en mercados internacionales. En términos prácticos, esto permitiría que la conservación de los bosques genere ingresos, en lugar de depender exclusivamente de recursos públicos o de la cooperación internacional.
El potencial anunciado por el Gobierno para el programa de Charagua Iyambae alcanza los 18 millones de toneladas de emisiones reducidas. Esta cifra constituye una proyección del programa y no significa que ya existan 18 millones de créditos certificados y disponibles para la venta.
Una oportunidad para captar financiamiento externo
Emergent es una organización internacional que conecta a gobiernos y territorios con proyectos forestales de alta integridad con empresas y otros compradores interesados en financiar la protección de los bosques tropicales.
La entidad coordina la Coalición LEAF, una iniciativa público-privada que busca movilizar recursos para frenar la deforestación. Su modelo contempla pagos vinculados a resultados ambientales comprobables y también la posibilidad de anticipar recursos para ayudar a los gobiernos forestales a superar barreras técnicas y financieras.
Para Bolivia, el interés radica en acceder a una fuente adicional de financiamiento externo, atraer capital para proyectos de conservación y generar oportunidades económicas en territorios que mantienen importantes superficies de bosques.
Sin embargo, el memorando firmado en Turquía no representa todavía un contrato de compra ni garantiza ingresos para el país. Abre una etapa de trabajo técnico destinada a evaluar la viabilidad de los proyectos, fortalecer su preparación y acercarlos a potenciales compradores.
Un mercado que exige certificación y reglas claras
Bolivia cuenta con un marco normativo que permite avanzar en esta actividad. El Decreto Supremo 5264, aprobado en octubre de 2024, estableció lineamientos para gestionar financiamiento climático y acceder a mecanismos como los mercados de carbono.
La normativa define que un crédito o bono de carbono equivale a una tonelada de dióxido de carbono equivalente cuya reducción, evitación o captura haya sido reconocida mediante los procedimientos correspondientes. También contempla el Registro Nacional de Programas y/o Proyectos (RENAPP), encargado del registro, seguimiento y monitoreo de estas iniciativas.
El desafío está en demostrar que las reducciones de emisiones son reales, medibles y verificables, evitar la doble contabilización de resultados y establecer mecanismos transparentes para distribuir los recursos.
En el caso de Charagua Iyambae, el programa busca avanzar bajo el estándar internacional ART TREES 3.0, utilizado para evaluar programas jurisdiccionales de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal.
La participación de las autoridades indígenas también será determinante. El modelo debe garantizar que las comunidades que conservan los bosques reciban una parte justa de los beneficios económicos y participen en las decisiones sobre el uso de los recursos.
El reto: pasar del potencial a los ingresos
El acuerdo con Emergent se suma a las gestiones que Bolivia desarrolla con Noruega y Reino Unido para conseguir respaldo financiero y técnico para sus iniciativas forestales.
El siguiente paso será completar las evaluaciones, avanzar en los procesos de registro y certificación, establecer las condiciones de comercialización y conseguir compradores interesados.
Para la economía boliviana, el desarrollo de este mercado podría diversificar las fuentes de ingreso externo y dar valor económico a la conservación de los recursos naturales. Pero su impacto dependerá de la capacidad del país para ofrecer créditos confiables, garantizar seguridad jurídica y demostrar resultados ambientales.
La oportunidad está planteada: que los bosques no sean valorados únicamente por la madera o por las actividades productivas que pueden desarrollarse en ellos, sino también por el servicio ambiental que prestan al planeta. El desafío será convertir ese valor en recursos concretos para Bolivia y sus comunidades.



















