Bolivia asumirá un papel estratégico en la coordinación regional para prevenir y combatir los incendios forestales, una amenaza que tiene consecuencias directas sobre la producción agropecuaria, los recursos naturales y las economías rurales. El país fue elegido para ejercer la Presidencia Pro Tempore de la Red Amazónica de Manejo Integral del Fuego (RAMIF) durante el periodo 2027-2029, en una oportunidad que también abre espacio para fortalecer la cooperación y captar asistencia técnica y financiera.
La designación se realizó el 12 de noviembre, durante el Tercer Encuentro Regional de la RAMIF, desarrollado en Brasilia, Brasil, con representantes de los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).
La responsabilidad llega en un momento en el que los incendios forestales representan un riesgo económico de gran magnitud para Bolivia. Un estudio del Banco Mundial, denominado Consequences of the 2024 Fires in the Amazon: A Rapid Valuation of Damages, estima que las pérdidas económicas asociadas a los incendios de 2024 en el territorio amazónico boliviano alcanzaron aproximadamente los $us 3.044 millones, equivalentes al 6,3% del PIB nacional de ese año.
La estimación contempla daños en la producción agrícola y ganadera, emisiones de gases de efecto invernadero, pérdida de servicios ambientales y efectos sobre la salud por la contaminación del aire. No se trata de un gasto ejecutado por el Estado, sino de una valoración económica de los perjuicios ocasionados por el fuego.
El impacto productivo es particularmente importante. El fuego destruye cultivos, afecta pasturas, reduce la disponibilidad de recursos forestales y deteriora las condiciones de producción de comunidades que dependen de los bosques.
Una agenda regional con 18,7 millones de euros
La presidencia boliviana coincidirá con la ejecución del Programa Regional de Gestión Integral del Fuego en la Selva Amazónica, impulsado por la OTCA, el banco alemán KfW y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
El programa contempla una inversión total de 18,7 millones de euros para el periodo 2026-2029, destinada a fortalecer las capacidades de los ocho países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.
De acuerdo con la información del KfW, el financiamiento contempla una subvención de 17 millones de euros y aproximadamente 1,7 millones de euros en aportes propios.
Los recursos permitirán desarrollar alrededor de 12 proyectos de manejo integral del fuego, seleccionados mediante convocatorias y criterios técnicos. También se financiarán actividades de capacitación, intercambio de conocimientos y fortalecimiento institucional.
La inversión tiene un componente económico preventivo: mejorar los sistemas de alerta temprana y la coordinación entre países puede reducir los costos de combatir incendios de gran magnitud y limitar los daños sobre las actividades productivas.
Es importante precisar que los 18,7 millones de euros corresponden al programa regional y no constituyen una asignación exclusiva para Bolivia. La participación nacional dependerá de los proyectos que sean seleccionados y de los mecanismos de ejecución establecidos.
El costo de los incendios para Bolivia
Las cifras nacionales muestran la dimensión del problema. El Plan de Prevención de Incendios Forestales 2026 del Ministerio de Planificación señala que durante 2024 los incendios afectaron aproximadamente 12,6 millones de hectáreas, mientras que en 2025 la superficie estimada de bosques y pasturas naturales afectadas llegó a 2,09 millones de hectáreas.
La reducción entre ambas gestiones no elimina el riesgo. Los incendios siguen amenazando zonas productivas de Santa Cruz, Beni, Pando y el norte de La Paz, donde la actividad agropecuaria y el aprovechamiento de los recursos forestales tienen un peso importante en las economías locales.
En Santa Cruz, por ejemplo, los daños no se limitan a la pérdida de vegetación. También comprometen la productividad de los bosques, el aprovechamiento de madera y frutos silvestres, las actividades de comunidades indígenas y los servicios ambientales que sostienen otras actividades económicas.
El desafío consiste en pasar de una política concentrada en apagar incendios a otra que priorice la prevención, el monitoreo y la planificación territorial. Esto requiere inversión en tecnología, capacitación de brigadas, equipamiento, coordinación institucional y sistemas de alerta que permitan actuar antes de que el fuego alcance grandes extensiones.
Bolivia coordinará la respuesta regional
El Plan de Trabajo 2027-2029 de la RAMIF contempla cuatro líneas estratégicas: cooperación y asistencia técnica; fortalecimiento de capacidades; comunicación para el cambio social y de comportamiento; y planificación estratégica e institucional.
Entre las principales medidas figura la creación del Comité de Respuesta ante Incendios Forestales (CRIF), prevista para el primer trimestre de 2027. Esta instancia facilitará la asistencia mutua entre países cuando se presenten emergencias que superen las capacidades nacionales o afecten zonas fronterizas.
También se prevé desarrollar, entre 2027 y 2028, un programa regional de capacitación y certificación de brigadistas, además de simulacros y ejercicios para mejorar la interoperabilidad de los equipos de emergencia.
En Bolivia, el Viceministerio de Defensa Civil coordinará la implementación de la agenda con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades forestales. La participación de las Fuerzas Armadas, mediante el Comando Conjunto de Gestión de Riesgos de Desastres y la Unidad Militar de Emergencias y Ecología, será parte de este proceso.
La presidencia de la RAMIF representa una oportunidad para que Bolivia fortalezca su capacidad de negociación y cooperación con los países amazónicos. Sin embargo, el principal resultado deberá medirse en términos concretos: menos hectáreas afectadas, menores pérdidas productivas y una mayor protección de los recursos naturales que sostienen la economía nacional.



















