Después de tres días de debate en la población de Rurrenabaque del departamento de Beni, delegaciones de las resistencias de todo el país, aglutinadas en la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinas y Áreas Protegidas (Contiocap) emitieron una resolución que interpela a la clase política. Concluyeron que el modelo económico desde la república hasta llegar al Estado Plurinacional, basado en el extractivismo de los recursos naturales, vulnera derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y amenaza con su extinción.
“El modelo económico desde la república al Estado Plurinacional de Bolivia es extractivista de recursos naturales, como la manera más fácil de generar recursos económicos, pero con altos costos de destrucción de los medios de vida saludables de la sociedad, además profundizado con falta de transparencia y corrupción”, señala el manifiesto suscrito por las y los defensores territoriales que se hicieron presentes en el V Encuentro de la Contiocap.
Coincidieron que la población boliviana espera un cambio, pero que pese a ello los candidatos no hablan de los graves problemas medioambientales que ocasiona el extractivismo, ni menos toman en cuenta a los pueblos indígenas, quienes nos consideramos olvidados por el gobierno y por los posibles gobiernos que asumirán en la gestión 2026.
Las delegaciones manifestaron que los candidatos a la presidencia y a otros cargos proponen cambiar la Constitución Política del Estado, lo que constituye en un grave riesgo para los pueblos indígenas en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. “Nos genera temor de ser excluidos de la protección constitucional. Y significaría la pérdida de derechos ganados a costa de marchas y sacrificios, como el derecho a la propiedad colectiva de nuestros territorios”, señala el pronunciamiento, basándose en las luchas logradas en marchas históricas de tierras bajas y altas.
“Sentimos la pérdida de nuestras voces como pueblos indígenas y como sociedad civil boliviana por la disputa del poder entre los mismos de siempre, lo cual indica que no tienen interés de ofrecer reales cambios al país”, afirma el documento leído en la población amazónica.
Reunidos los defensores y defensoras de sus territorios, de las áreas protegidas y la Madre Tierra del altiplano, valles, Chaco y Amazonía, organizados en la Contiocap, luego de exponer y analizar la situación que enfrentan sus comunidades a nivel nacional, de constante acoso y violencia, de las múltiples formas de despojo de sus territorios y medios de vida como el agua y los bosques, amenazando de extinción a su milenaria existencia, emitieron un amplio pronunciamiento.
Y luego de volver a constatar la permanente agresión a la cohesión social de sus pueblos, por medio de la división organizacional en nuestras comunidades, incluso a nivel familiar, para favorecer intereses de grandes capitales del sector de hidrocarburos, sector agronegocio, sector minero tanto en Tierras Altas como en Tierras Bajas, y ahora con mayor violencia de la minería de oro que contamina con mercurio los ríos a comunidades de la Amazonía.
“Nos damos cuenta cómo nos vienen engañando con propuestas de falsas soluciones frente a las políticas de economías basadas en el extractivismo de minerales, de combustibles fósiles, usando una narrativa falsa denominando con nuevos términos a sus viejas prácticas extractivistas”, señala el manifiesto.
Advierten que bajo el término de exploraciones no convencionales, se esconde el fracking, tras la transición energética o energías limpias están las mega hidroeléctricas con grandes inversiones para su corrupción, tras los biocombustibles se alientan a los agrocombustibles de palma aceitera, soya, tras la biotecnología se encuentran los transgénicos, tras la minería verde, responsable o alternativa se oculta la verdadera cara de la minería que no es con la naturaleza y los seres humanos, tras la seguridad climática o prosperidad, no se define para quiénes, tras los bonos de carbono, se ocultan los negocios que no detienen el extractivismo transnacional y permite seguir contaminando, entre otros aspectos.
“Finalmente, que nuestros gobernantes y los que se disputan el poder, son parte de este sistema de opresión y sometimiento de nuestros pueblos y del pueblo boliviano en su conjunto, para sostener la riqueza de los grandes capitales nacionales y trasnacionales, para ellos mantenerse en el poder y beneficiar a su entorno y base política, mientras al pueblo humilde nos mantienen en la pobreza”, señala el pronunciamiento.
Ante ello, y por la férrea defensa de la vida, la de los pueblos indígenas, y de los pueblos no contactados y en aislamiento voluntario, la vida de las poblaciones urbanas y de todas las formas de vida que forman parte de este Estado Plurinacional, en el contexto de Elecciones Nacionales de 17 de agosto de 2025, emitieron una resolución para el debate de la sociedad civil boliviana y de los pueblos indígenas, sobre los problemas reales que afronta para exigir los futuros gobernantes que sus planes de gobierno presten atención a las necesidades de soluciones básicas del pueblo boliviano, en especial de nuestros pueblos indígenas.
En un acto de reivindicación de la defensa de los territorios indígenas, las delegaciones se trasladaron hasta el Estrecho de El Bala donde el Gobierno de Evo Morales pretendió construir una megarepresa que de acuerdo a estudios académicos tendría consecuencias catastróficas sobre la Amazonía, condenando a la desaparición a comunidades y biodiversidad de una superficie similar a la mancha urbana de la ciudad de La Paz.
RESOLUCIÓN
Situación del país:
El sistema político desde la República hasta este Estado Plurinacional y llegar al bicentenario, sigue siendo el mismo sistema de cuoteo de poder y asalto al erario público con total falta de transparencia y corrupción. Y la población boliviana sigue esperando un verdadero cambio, pero los candidatos actuales no hablan de los graves problemas del país, y los pueblos indígenas nos consideramos olvidados y excluidos por el gobierno y por los posibles gobiernos que asumirán en la gestión 2026.
Los candidatos a la presidencia y a otros cargos proponen cambiar la Constitución Política del Estado, esto para nosotros los pueblos indígenas es un gran retroceso en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas y nos genera temor de ser excluidos de la protección constitucional. Y significaría la pérdida de derechos ganados a costa de marchas y sacrificios, como el derecho a la propiedad colectiva de nuestros territorios.
Sentimos la pérdida de nuestras voces como pueblos indígenas y como sociedad civil boliviana por la disputa del poder entre los mismos de siempre, lo cual indica que no tienen interés de ofrecer reales cambios al país.
En el marco del derecho a la participación política los pueblos indígenas, hemos sido limitados en nuestro derecho a la participación directa en las elecciones nacionales, más aún cuando el Tribunal Constitucional de Bolivia rechaza la acción de inconstitucionalidad que se planteaba para que los pueblos indígenas podamos ser partícipes directos.
Los candidatos van ofreciendo simplemente supuestas soluciones a la falta del dólar y de combustible, pero hasta la fecha ningún candidato se va preocupando por el despojo de que somos objeto las comunidades y pueblos indígenas, la pérdida de nuestros territorios con complicidad del Estado Boliviano, a través de sus instituciones como ser la AJAM, SERNAP, INRA, ABT, YPFB, COMIBOL, INIAF, YLB, ENDE, JUSTICIA, SIN y otros. Pese a que tenemos posesión ancestral de nuestros espacios de vida, están entregando áreas mineras sobrepuestas a nuestros territorios y áreas protegidas, y dada la situación actual de la coyuntura boliviana, que afrontamos una crisis social y económica, la situación tiende a agravarse por las proyecciones de incrementarse los altos precios del oro.
Propuestas en el ámbito político:
Que los actuales y futuros gobernantes escuchen, consulten, informen y atiendan las reales necesidades y demandas del pueblo boliviano, y no solo nos usen para darles el voto, sino para entre todos construir una Bolivia sin exclusiones.
Tiene que haber representatividad de manera directa por parte de los pueblos indígenas para cumplir con la plurinacionalidad en todos los niveles del sistema político.
Mejorar la vida de los pueblos indígenas, en salud, educación, comunicación, energía eléctrica entre otros, sin transar nuestros territorios.
Situación económica del país:
El modelo económico desde la República al Estado Plurinacional de Bolivia es extractivista de recursos naturales, como la manera más fácil de generar recursos económicos, pero con altos costos de destrucción de los medios de vida saludables de la sociedad, además profundizado con falta de transparencia y corrupción. Y la población boliviana espera un cambio, pero pese a ello los candidatos no hablan de los graves problemas medioambientales que ocasiona el extractivismo, ni menos toman en cuenta a los pueblos indígenas, quienes nos consideramos olvidados por el gobierno y por los posibles gobiernos que asumirán en la gestión 2026.
La situación económica del país es crítica, debido a que todos los productos de la canasta familiar elevaron sus precios hasta en más del 100%, llevando a nuestros pueblos indígenas a una mayor crisis, porque ahora no solo tenemos que encargarnos de la protección del territorio que sufre mayor presión del extractivismo minero e hidrocarurífero, la cacería, extracción de mandera y otras falsas soluciones, sino también tenemos que preocuparnos más de llevar alimento a nuestras familias para nuestra subsistencia.
La situación actual y la posición de propuestas de los candidatos omiten el sacrificio de los pueblos indígenas, que no toman en cuenta a la pequeña economía, ni el desarrollo sostenible y sustentable que desarrollamos los pueblos indígenas en nuestros territorios, para preservar los recursos para las futuras generaciones como nuestros antepasados lo hicieron, y no existen políticas de apoyo para la pequeña economía.
La situación crítica de la economía repercute en mayor escala a la población vulnerable de los pueblos indígenas, especialmente en la población joven que no tiene empleo y por falta de trabajo, agudizado por el despojo y avasallamiento de nuestros territorios indígenas, se ven obligados a migrar a diferentes países como ser Chile, Perú y Argentina.
La política de los gobiernos y propuestas de candidatos es pedir préstamos y más prestamos multilaterales, y quienes pagaremos con nuestra vida somos los pueblos indígenas, porque a cambio van a entrar las grandes empresas transnacionales a nuestros territorios, y lo pagaremos toda la población boliviana a través de impuestos indirectos.
Mientras tanto no reducen los gastos innecesarios en publicidad del Estado, sueldos elevados de parlamentarios, ministros y gerentes de las empresas públicas que no solucionan nada.
Nuestras propuestas en el ámbito económico:
Que los pueblos indígenas podamos acceder a nuestras verdaderas autonomías indígenas sin interferencia política partidaria. Lograr la distritación indígena para que ejerzamos en plenitud la autodeterminación y autogobierno para desarrollar nuestras pequeñas economías.
Se exige que los candidatos y otros profesionales accedan a cargos públicos a través de la meritocracia, para que el país cuente con gente capaz para un verdadero desarrollo del país acorde al hermoso país que tenemos.
Apoyar y fomentar a los pequeños productores de alimentos, y no fomenten a los modelos del agronegocio que no alimenta.
Tiene que haber un cambio en la administración de la salud, la educación y distribución de los recursos. Con reducción de gastos en el aparato público, excepto en lo vinculado a servicios públicos como la educación y salud que debe seguir siendo universales.
El cambio del modelo extractivista es imperante para tener una economía más sustentable que garantice el cuidado del agua y la vida, como ser la producción agroecológica, apoyo a las producciones pequeñas de las poblaciones indígenas y campesinas.
Relación honesta entre la población del campo y la ciudad para la provisión directa de productos, sin intermediarios.
Situación del medioambiente:
El medioambiente se deteriora por el modelo económico extractivista, que explota la tierra y el subsuelo brutalmente, con expansión de la frontera agrícola, monocultivos, ganadería intensiva, la exploraciones hidrocarburíferas, la minería, que están utilizando incendios forestales para abaratar sus costos.
Mediante leyes y decretos aprobadas a espaldas de la población se legaliza desmontes y quemas a gran escala de nuestros bosques primarios, sabanas y llanuras naturales, afectando la biodiversidad, humedales y cuerpos de agua.
Ante la crisis energética se proponen soluciones falsas como la construcción de mega hidroeléctricas que destruyen territorios, áreas protegidas y toda forma de vida con grandes endeudamientos para el país.
El crecimiento desordenado de la minería amparado por la Ley 535, es responsable por la devastación del medio ambiente, de los cuerpos de agua, y de la contaminación con mercurio, cianuro y otros metales pesados de poblaciones indígenas amazónicas y de Tierras Altas.
Los cooperativistas mineros supuestamente pequeños y sin fines de lucro son punta de lanza, intermediarios del capital transnacional, y de sus empresas para depredar y saquear los recursos naturales.
Ríos, arroyos, lagos, lagunas, cuerpos de agua subterráneos contaminados, por minería, agronegocio y petroleras (con mercurio, cianuro, metales pesados, agrotóxicos y otros).
Falta de fiscalización medioambiental por parte de las instancias del Estado, permiten incendios forestales y el avance de actividades extractivas en territorios indígenas y áreas protegidas.
El cambio climático es una consecuencia de la deforestación e incendios que provocan fenómenos visibles de pérdida de los glaciares en la región andina, Chacaltaya, nevado de Illimani y la extinción total del lagos como el Poopó, laguna Cáceres y Concepción y otros, que han perdido su capacidad de mantener agua.
El tráfico de vida silvestre y de colmillos de jaguar, extinción de especies de fauna terrestres y acuáticas por causa de incendios y la minería, está causando la ruptura de ecosistemas naturales y pérdida de caudal natural de ríos.
La legalización del cambio de uso de suelos, para incrementar el tráfico de tierras y la deforestación en territorios indígenas y áreas protegidas, está llevando a la criminalización de defensores de derechos humanos.
La deforestación e incendios está causando la pérdida de semillas nativas y la desaparición de medicinas tradicionales, así como el conocimiento ancestral y la aplicación de estos.
Las violaciones de las normativas superiores para imponer normas menores violan la CPE y convenios internacionales, para favorecer sectores extractivos y cuotas políticas.
Las falsas soluciones como los “bonos de carbono”, son otra forma de despojo territorial a pueblos indígenas y campesinos, con discursos de “compensación” o beneficio que nunca llega a los pueblos, y que solo les permite seguir deforestando o contaminando con sus actividades extractivistas en todas partes del mundo donde tienen sus grandes capitales.
Nuestras propuestas de solución en el ámbito medioambiental:
La mayor prevención para evitar incendios forestales es no quemar bosques y la anulación de las normas que promueven incendios como el denominado “paquete incendiario” de gobiernos del MAS.
Se propone un cumplimiento estricto de la normativa nacional y departamental en materia medioambiental, con inspecciones periódicas de las instancias pertinentes del Estado.
Cumplimiento de los planes de vida propios en nuestros territorios, sin interferencia política.
Políticas públicas de restauración de los recursos hídricos.
Política de fiscalización especializada, colegiada, científica y saberes de pueblos indígenas en monitoreo ambiental.
Paralizar los permisos de nuevos asentamientos que provocan deforestación e incendios de bosques para tráfico de tierras con sectores del agronegocio y menonitas.
Paralizar los permisos de nuevos asentamientos para actividades mineras en cabeceras de cuencas de aguas y glaciares, tanto en tierras bajas como en tierras altas como el Ayllu Cala Cala.
Prohibir actividades de turismo especializado de pesca deportiva en áreas protegidas como Tariquia, por ser violenta con los peces e ir contra el cuidado ancestral de los ríos que hacen las comunidades locales, asimismo prohibir el turismo de sobrevivencia que depreda la fauna en áreas protegidas como el Madidi.
Que los candidatos políticos conozcan los territorios, las áreas protegidas nacionales y subnacionales, para que junto con nosotros los pueblos indígenas elaboremos planes de cooperación para su protección.
Que se cumpla el acuerdo de Escazú con la implementación de mecanismos efectivos para el acceso a información, participación, justicia y la protección a defensores y periodistas ambientales.
La creación de un banco de semillas nativas para resguardar nuestra soberanía alimentaria e impulsar la agroecología.
Ejercer control social directo a todos los niveles del Estado por parte de los pueblos indígenas y población en general para el cuidado del agua.
Educación ambiental dentro de la malla curricular regionalizada sin restricciones de idioma en la educación escolar y superior en todas las carreras académicas incluidas las de comunicación.
Los políticos no deben sumar otra amenaza a nuestros territorios con promesas de recursos económicos por bonos de carbono, poniendo un precio a la naturaleza para lavarle la cara al extractivismo. Porque la naturaleza para nosotros no tiene precio.
También rechazamos el concepto de “minería responsable” u “oro certificado”, porque su extracción siempre estará vinculado a la devastación y muerte de la naturaleza y de cuerpos de agua. Y no puede existir muerte responsable o certificado.
Situación de la justicia indígena originaria campesina:
La falta de respeto a la igualdad jerárquica por algunas jurisdicciones está generando disconformidad en las comunidades, pese a que las autoridades solucionan en sus territorios ciertos problemas, acuden a la jurisdicción ordinaria.
El desconocimiento de la administración de la Justicia Indígena Originaria Campesina, en sus alcances, su aplicabilidad y la amenazas a autoridades originarias si pretenden usar esta jurisdicción, está impidiendo ejercer este derecho de nuestros pueblos indígenas.
Existe bastante falta de cooperación y coordinación entre jurisdicciones reconocidas en la Constitución Política del Estado.
Se desvirtúa el ejercicio de la Justicia Indígena con malas prácticas como los castigos que vulneran derechos o por mano propia, como la llamada “justicia comunitaria” que no respeta el derecho a la defensa y el debido proceso.
Propuestas de solución en el ámbito de la Justicia Indígena Originaria Campesina JIOC:
Capacitación y fortalecimiento a la JIOC entre pueblos, y el sistema de justicia de otras jurisdicciones.
Capacitación del sistema de justicia y los mecanismos de cooperación y coordinación, para su plena aplicación y cumplimiento en las distintas jurisdicciones.
Situación de la Tierra y el Territorio:
En el estado Plurinacional de Bolivia pese a que los pueblos indígenas tenemos derechos reconocidos en el convenio 169 de la OIT y en la Constitución Política del Estado Plurinacional, los pueblos indígenas en Bolivia, aun no gozamos en su plenitud nuestro derecho al territorio, debido a que existen instituciones estatales que vulneran este derecho principal, otorgando áreas mineras y nuevos asentamientos en nuestros territorios y pueblos indígenas de manera inconsulta.
El término de territorio es de vital importancia para nuestros pueblos indígenas originarios campesinos, desde la perspectiva de la autodeterminación y autogobierno. Y también se reclama la delimitación de nuestros territorios indígenas con respeto a los dominios ancestrales tanto como TCOs, TIOCs y GAIOCs.
El despojo de territorios y desplazamiento forzado y violento de pueblos indígenas ancestrales por parte de interculturales y mineros, además de otros grupos como menonitas en el Norte de La Paz y Beni, para la destrucción de áreas protegidas y de nuestros territorios indígenas.
La explotación legal e ilegal de la minería en nuestros territorios está generando migración, violencia contra las mujeres, adolescentes, niños y niñas, contaminación del medio ambiente, los suelos, nuestras fuentes de agua y a nuestros modos de vida, cambiando nuestras formas tradicionales de vivir y nuestra cultura.
Se denuncia que los interculturales están utilizando a hermanos indígenas Tsimanes para hacer nuevos asentamientos dentro otros territorios indígenas, ASLs y de áreas protegidas en el Norte de La Paz.
La expansión del agronegocio en el departamento de Santa Cruz expande también agrotóxicos cada vez más nocivos para el suelo, para el aire, para el agua; pero además despoja del acceso al agua, contamina toda forma de producir nuestros alimentos, genera problemas de salud para la población, afectando toda forma de vida y generando descertificación.
El incremento exponencial de la ganadería empresarial en la Chiquitania, y en otros lugares está provocando mayor deforestación y la apropiación del agua subterránea y superficial, despojando a las comunidades del acceso al agua, como un derecho fundamental para la vida.
Este sector agro extractivista y minero vinculado a la política estatal que fomenta redes de tráfico de tierras, donde el INRA se ha convertido en el principal responsable de despojo de territorios de pueblos indígenas originarios, con la titulación de tierras a terceros ajenos a nuestros territorios. Estos terceros supuestamente son parte de organizaciones llamados “interculturales”, quienes luego alquilan o venden las tierras a los grandes capitales del agronegocio y minería, lucrando con el sometimiento y servidumbre de la Madre Tierra.
Por otro lado, el cambio de uso de suelos permite métodos de deforestación con incendios de bosques que van replicándose en la Amazonía del Beni y el Norte de La Paz, arrasando con bosques, recursos hídricos, biodiversidad, para producir cultivos transgénicos y agrocombustibles de soya, caña de azúcar y palma aceitera.
Propuestas de soluciones en el ámbito de Tierra Territorio:
El respeto a nuestra autodeterminación y autogobierno como forma de ejercer nuestro derecho al territorio, el de la Madre Tierra como lo hacemos ancestralmente, respetando nuestro dominio ancestral.
Anular todas las dobles titulaciones sobrepuestas en nuestros territorios a terceros ajenos y en áreas municipales destinadas a cuidar el agua, así como los desalojos por comunidades de reciente creación a pueblos indígenas y comunidades campesinas que ya vivíamos ancestralmente en nuestros territorios.
Anular todas las áreas mineras de conformidad a convenios internacionales y constitución política para ejercer nuestro derecho al territorio y a nuestra autodeterminación.
Anular las áreas mineras en áreas protegidas nacionales y subnacionales. Así como respetar la declaratoria de municipios agroecológicos libre de minería.
Paralizar exploraciones y extractivismo hidrocarburífero como en la Reserva de Flora y Fauna Tariquia, para el cuidado y protección de las fuentes hídricas.
Reiteramos la necesidad de promover una Ley mediante la Asamblea Legislativa para la protección de recursos hídricos.
Paralizar el tratamiento de Leyes y Decretos que pretenden convertir nuestros territorios colectivos en mediana propiedad y empresarial.
Que nuestros territorios indígenas originarios campesinos, sean respetados en su integralidad, por el estado boliviano y por terceros.
El INRA debe detener la dotación de nuestros territorios a terceros ajenos, así como las tierras fiscales deben ser tituladas con prioridad a quienes ancestralmente han vivido en la región, y declararlas como áreas protegidas municipales, tanto en Tierras Altas como en Tierras Bajas, para garantizar el bienestar de las poblaciones futuras de la región y del Pueblo Boliviano.
Exigimos el cumplimiento del dictamen final del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, donde se restituye los derechos al territorio de nuestros hermanos Tsimanes del sector Yacuma, y denunciamos que hasta la fecha no se cumple, por el contrario existe hechos de violencia contra las mujeres, producto de este hecho una hermana miembro del Pueblo Tsimane ha fallecido en fecha 6 de junio, por lo que denunciamos públicamente este hecho y exhortamos que la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, y demás instituciones intervengan de manera inmediata en este caso a objeto de llegar a una justicia pronta oportuna y eficaz para nuestra hermana que ha perdido la vida de manera tan lamentable.
Declaramos que sea cual fuera el gobierno para los próximos 5 años, los pueblos indígenas seguiremos en pie de defensa de nuestros territorios, de las Áreas Protegidas y de la Madre Tierra. Y el Estado debe evitar la criminalización y judicialización a defensores de derechos humanos, y respetar los derechos de defensores ambientales establecidos en el Acuerdo de Escazú, otorgando las medidas que sean pertinentes a objeto resguardar la integridad física y psicológica de los defensores y defensoras.