El sector algodonero boliviano se reduce en un 70% en 2026 ante la falta de incentivos y financiamiento. Con apenas 1.000 hectáreas sembradas frente a las 4.500 del ciclo anterior, los productores advierten que la reactivación de la cadena productiva depende urgentemente del acceso a biotecnología y la apertura de créditos públicos para evitar el colapso de la campaña.
El representante de la Federación de Productores de Algodón (Fedepa), Guido Vaca Taborga, no maquilla la crisis. Con la crudeza de quien conoce el surco, el dirigente contrapone la expectativa frente a una realidad que golpea: de las 10.000 hectáreas proyectadas para este año, el sector apenas logrará rescatar 3.000. “Siendo realistas, esa es nuestra meta con suerte”, sentencia.
El estancamiento no responde al clima ni a la brecha tecnológica. La crisis nace de un ecosistema hostil: falta de incentivos, mercados anémicos y un nulo acceso al crédito. Así, un sector que fue punta de lanza en la agricultura cruceña hoy languidece en la marginalidad.
La expansión internacional del algodón boliviano continúa estancada. A pesar que los anuncios oficiales, el sector enfrenta dos obstáculos críticos: la dependencia de intermediarios en Paraguay y la parálisis administrativa en Perú, donde el protocolo sanitario aún no se ha concretado. Para Vaca, esta coyuntura reduce drásticamente el margen de maniobra de los productores, dejando al mercado local como su único y limitado refugio.
La crisis del sector no solo responde a la falta de mercados, sino también al retraso de obras estratégicas. La planta desmontadora en Pailón, proyecto emblema del gobierno de Luis Arce, sigue sin terminarse, mientras que la ejecución de programas estatales ha sido calificada como insuficiente por el gremio productor. “La falla reside en la operatividad. Hubo una desconexión total; faltó gente con experiencia real en el campo”, dijo.
En un escenario donde los cultivos tradicionales como la soya muestran su vulnerabilidad climática, el algodón emerge como una alternativa robusta. La brecha con los vecinos es, para los productores locales, una oportunidad de expansión desperdiciada: frente a la escala millonaria de Argentina y Brasil, o las 60.000 hectáreas de Paraguay, la meta de los productores en Bolivia de 20.000 hectáreas, se percibe no solo como posible, sino como una necesidad urgente de mercado.
En el marco de su 51 aniversario, el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) reafirmó el resurgimiento estratégico del algodón en el departamento. La Gobernación de Santa Cruz destacó los avances en el desarrollo de una nueva semilla con biotecnología aplicada, cuyo objetivo principal es optimizar los rendimientos en campo y garantizar una mayor rentabilidad para el productor cruceño.
En este sentido, la Gobernación de Santa Cruz acelera el paso para la liberación de nuevas semillas. El secretario de Desarrollo Económico, Pablo Sauto, señaló que las parcelas de prueba ya están siendo evaluadas para medir su productividad real. “Cuando tengamos los datos de rendimiento, el Comité Evaluador nacional deberá definir la certificación”, puntualizó.
Para la autoridad, el objetivo es que los productores puedan acceder a una semilla con mejores resultados por hectárea, lo que permitiría reducir costos y mejorar los ingresos en un contexto complicado para el sector algodonero.
La Federación de Productores de Algodón ha puesto bajo la lupa la ejecución del programa estatal de apoyo al sector. En una denuncia formal presentada ante la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, el sector alertó sobre irregularidades en el manejo de un presupuesto de Bs 122 millones asignado durante la gestión del presidente Luis Arce Catacora. Los productores exigen transparencia sobre el destino de estos fondos públicos destinados, originalmente, a reactivar la producción textil nacional.
Representantes del sector arremetieron contra la ejecución del Decreto Supremo 4632, denunciando “graves indicios de ineficiencia y malversación de fondos públicos”. El epicentro del escándalo es una planta desmotadora de algodón, adjudicada por Bs 37 millones, que hoy yace paralizada y en avanzado estado de deterioro.
Según la organización, el programa ha desviado recursos para favorecer de forma selectiva a sectores afines al oficialismo, entregando maquinaria e insumos mientras el grueso de los productores enfrenta una crisis financiera y productiva sin precedentes.