La crisis de la justicia alcanzó la cúpula de los tribunales, provocó cambios en la Fiscalía y ahora toca al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Investigaciones por narcotráfico, cohecho y presunta manipulación de causas involucran a exautoridades y precipitaron relevos en Sucre y Santa Cruz.
Ayer, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) adelantó la posesión de Carlos Eduardo Ortega Sivila como presidente. Debía asumir el 4 de enero de 2027, pero la Sala Plena aceleró el relevo tras la ausencia de Rómer Saucedo, quien el 4 de noviembre anunció su “exilio” alegando amenazas. Saucedo no retornó en el plazo que le fue otorgado y dejó de ejercer la magistratura por Santa Cruz, ahora ocupada por su suplente, Mirian Rosell.
El magistrado Ortega no disimuló la gravedad del momento. “Siento —y toda esta Sala Plena siente— profundamente el dolor que atraviesa el Órgano Judicial de Bolivia”, afirmó ayer tras tomar posesión en Sucre. Luego fue más lejos. “Ya no es momento de hablar de crisis, sino de reconocer una profunda, pero profunda crisis total del sistema de administración de justicia”, apostilló.
Su diagnóstico incluyó una autocrítica. Sostuvo que la burocratización ha oscurecido las decisiones de los administradores de justicia y alimentado la pérdida de credibilidad. Recordó que los intentos de transformación se repiten desde las reformas promovidas por René Blattmann entre 1997 y 1999. Propuso reformas con el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, universidades, abogados y organizaciones civiles. “Hay que dar el puntapié inicial con cosas concretas”, remarcó.
Pero, la salida de Saucedo abrió además otro frente. El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó dos investigaciones en su contra. Una por el caso de las 32 maletas llegadas a Viru Viru y otra por un supuesto hecho de cohecho relacionado con Bs 1 millón que habría recibido su hermana. La Fiscalía determinará si corresponde la vía ordinaria o un juicio de responsabilidades, según la relación que pueda establecerse con las próximas decisiones judiciales.
En el caso Maletas, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) cruceño, Aldo Quezada, declaró como investigado y atribuyó a Saucedo un papel central en el presunto entramado. También mencionó al exfiscal general Róger Mariaca, recluido preventivamente en Cantumarca, en la pesquisa sobre una presunta red de protección al narcotráfico. Urioste anunció que citará a otras personas mencionadas por Quezada, incluido el juez Primo Flores, y ampliará las indagaciones a funcionarios de Aduana, Policía, DGAC y el aeropuerto, sin descartar al Segip, encargado de la entrega de documentos de identificación personal.
Las declaraciones de Quezada también apuntan a un presunto direccionamiento informático de procesos por sustancias controladas, legitimación de ganancias, aduanas y corrupción hacia determinados juzgados. Afirmó que algunos despachos acumulaban cientos de expedientes mientras otros recibían una fracción.
Además, el remezón alcanzó al terreno electoral. Quezada aseguró que Saucedo intentó favorecer a un familiar en las elecciones para alcalde de San Ignacio de Velasco y que mantenía “coordinación con la presidencia del TSE”. El gobernador Juan Pablo Velasco, a su vez, denunció amenazas y presiones para impedir que Libre presentara candidatos en ese municipio cruceño.
Gustavo Ávila, presidente del TSE, rechazó cualquier coordinación irregular. “Jamás hemos coordinado esos temas”. “Viniendo de una persona que está siendo investigada, llama poderosamente la atención porque no dijo nada en las elecciones subnacionales”, añadió. Esos comicios se desarrollaron en marzo.
En Santa Cruz, el presidente del Tribunal Electoral Departamental, Marco Monasterio, aseguró que la cancelación de las personerías de ASIP y SOL respondió a una actuación institucional respaldada por una resolución constitucional y ratificada por el TSE. Ofreció someter las actuaciones a una auditoría.
Para completar este cuadro de remezón, otro movimiento ocurrió en el TDJ cruceño. Irma Villavicencio, que reemplazó a Quezada el 23 de octubre, presentó su renuncia a la presidencia apenas 20 días después. No explicó las razones. La Sala Plena fue convocada para hoy viernes, a las 14:00, a fin de considerar su dimisión; Villavicencio continuará como vocal de esa entidad judicial.
También ayer, Urioste posesionó en Sucre a 68 fiscales de materia provisorios, seleccionados —según afirmó— por méritos y sin recomendaciones. “Estamos dejando atrás una tradición de designaciones a dedo, a amiguismo”, sostuvo. Recordó que el servicio fiscal es gratuito y que los nombrados reciben salarios del Estado: “No estamos esperando llenarnos los bolsillos de plata”. Su mensaje llegó mientras el Ministerio Público procura recomponer su conducción tras la detención de Mariaca, quien al parecer lideraba una red que pudo favorecer al narcotraficante Sebastián Marset y varios de sus allegados y miembros del PCC.
Los cambios institucionales coinciden con investigaciones todavía abiertas y que continurán en el curso de los próximos días, según anticipó la Fiscalía.