El Viceministerio de Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia recibió 65 denuncias por presuntos hechos de corrupción contra jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Magistratura, Derechos Reales y efectivos policiales. Así lo informó el viceministro Yamil García, quien anunció una plataforma de denuncias
Las denuncias se registran en medio de las investigaciones que involucran al exfiscal general Róger Mariaca, al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Rómer Saucedo y a otros exoperadores judiciales, investigados en causas penales. García no vinculó directamente las 65 denuncias con esos casos.“Al día de hoy, el Viceministerio de Transparencia ha recibido 65 denuncias en contra de diferentes instancias vinculadas al sistema de administración de justicia. Gran parte de las denuncias han sido recibidas por un código QR”, precisó.
Del total, 25 denuncias corresponden a autoridades judiciales; 24, a fiscales; 13, a funcionarios del Consejo de la Magistratura y Derechos Reales, y tres, a efectivos de la Policía Boliviana. Los señalamientos se refieren a posibles irregularidades cometidas durante el ejercicio de sus funciones y deben investigarse.
García adelantó que en los próximos días se habilitará una plataforma destinada a facilitar el registro y seguimiento de denuncias. El mecanismo no estará limitado a la administración de justicia: también podrá recibir reportes sobre funcionarios de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral, además de gobernaciones, alcaldías y otras instituciones públicas. El mecanismo aún no tiene fecha de lanzamiento.
Como ejemplo de los hechos que su despacho busca revisar, mencionó una denuncia presentada hace casi dos años contra funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Potosí. Según explicó, un fiscal rechazó la acusación y esa decisión fue objetada por el Gobierno.
“Hemos aperturado una línea investigativa a todas las autoridades del sistema de administración de justicia que hayan sido denunciadas por hechos de corrupción, por favorecer a ciertas personas o a ciertas empresas”, afirmó.
El viceministro sostuvo que la ampliación de los canales de denuncia busca facilitar que la ciudadanía comunique posibles actos de corrupción. Las acusaciones recibidas deberán ser evaluadas por las instancias competentes; no constituyen prueba de culpabilidad.



















