El modelo gasífero pierde atractivo: 93% de la renta va al Estado y 7% a las petroleras

La crisis del gas natural en Bolivia tiene una dimensión que trasciende la disponibilidad física del recurso: también refleja un problema de rentabilidad, inversión y capacidad para reponer lo que el país produce y consume. La discusión ya no se limita a cuánto gas queda bajo tierra, sino a qué condiciones económicas permitirán encontrar nuevos yacimientos y convertirlos en reservas comercialmente aprovechables.

La alerta se intensificó después de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó la certificación de reservas con fecha efectiva al 31 de diciembre de 2025. El estudio, elaborado por la consultora canadiense GLJ Ltd., estableció que Bolivia cuenta con 2,30 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas de gas natural, el nivel más bajo de los últimos 20 años.

El resultado también muestra que las reservas probadas y probables (2P) alcanzan a 2,76 TCF, mientras que las probadas, probables y posibles (3P) suman 3,24 TCF. Estas categorías no tienen el mismo grado de certeza: las reservas probadas representan el volumen con mayor nivel de confianza sobre su recuperación comercial.

La dimensión del retroceso se observa al comparar los resultados históricos. En 2013, Bolivia llegó a registrar alrededor de 10,3 TCF de reservas probadas; en 2023, la certificación reportó 4,5 TCF. El volumen de 2025 representa prácticamente la mitad del registrado dos años antes y cerca de una quinta parte del nivel de 2013.

Para Raúl Velásquez, analista de la Fundación Jubileo, esta situación responde principalmente a la falta de incentivos económicos para atraer capital hacia la exploración, antes que a un agotamiento geológico de los recursos hidrocarburíferos.

Un reparto que desincentiva la inversión
Velásquez cuestionó el esquema de distribución de la renta petrolera y sostuvo que el Estado concentra aproximadamente el 93% de esos ingresos, mientras que las empresas operadoras reciben el 7% restante.

“De cada 100 dólares, 93 van para el Estado y siete se quedan con las empresas petroleras. Ninguna empresa se animaría a invertir en un negocio en el que de cada 100 dólares, 93 van para el Estado”, afirmó.

Desde su perspectiva, esta distribución, junto con las condiciones de comercialización del gas en el mercado interno, reduce la rentabilidad esperada de los proyectos y limita la llegada de capital privado para buscar nuevos yacimientos.

El analista también cuestionó que durante aproximadamente dos décadas se haya mantenido un precio interno subsidiado cercano a $us 1,30 por millón de unidades térmicas británicas (BTU), frente a valores de exportación que, según su referencia, rondan los $us 7 por millón de BTU.

La diferencia es relevante para las decisiones empresariales: explorar y desarrollar un campo requiere inversiones millonarias, años de trabajo y asumir riesgos geológicos. Si el precio al que se comercializa la producción no permite recuperar esos costos y obtener una rentabilidad adecuada, los proyectos pierden atractivo.

Velásquez considera que esta combinación de elevada participación estatal y precios internos regulados ha limitado la inversión exploratoria y contribuido al deterioro de las reservas.

Su diagnóstico coincide con una de las explicaciones planteadas por la propia YPFB. Durante la presentación de la certificación, el presidente de la estatal, Sebastián Daroca, señaló que en los últimos años la inversión hidrocarburífera estuvo concentrada en un 65% en explotación y solo un 35% en exploración. Es decir, se priorizó producir desde campos conocidos antes que buscar nuevos reservorios.

La diferencia tiene consecuencias económicas: explotar un campo permite sostener la producción existente, pero sin exploración y nuevos descubrimientos resulta difícil reemplazar los volúmenes que se extraen.

El problema no es solo cuánto gas queda
El deterioro de las reservas también se refleja en el índice de reposición. Según los datos difundidos tras la certificación, este indicador se situó en 0,86. Esto significa que por cada unidad de gas producida se incorporó una cantidad menor de nuevas reservas, por lo que el país no está reemplazando todo el volumen que consume y extrae.

Velásquez remarcó que las reservas que actualmente declinan provienen, en buena medida, de descubrimientos realizados durante la década de 1990. También cuestionó que desde 2003 no se hayan concretado hallazgos de magnitud comparable, con excepción del desarrollo de Incahuasi-Aquio.

El desafío es que los recursos que todavía pueden existir bajo tierra no se convierten automáticamente en reservas. Para alcanzar esa condición deben ser identificados, evaluados y demostrar que pueden producirse comercialmente bajo determinadas condiciones técnicas y económicas.

Por eso, la discusión sobre una nueva política hidrocarburífera no se limita a modificar impuestos o precios. También incluye seguridad jurídica, reglas contractuales, estabilidad normativa y mecanismos que permitan a las empresas recuperar sus inversiones.

Bolivia podría importar gas y pagar precios más altos
El deterioro de las reservas y la falta de nuevos descubrimientos abren otro riesgo: que Bolivia deje de cubrir toda su demanda con producción nacional y tenga que recurrir a compras externas.

Velásquez advirtió que el país podría comenzar a importar una parte del gas que consume en un plazo de dos a tres años. Se trata de una proyección del analista, no de una fecha oficial confirmada para el inicio de las importaciones.

El factor tiempo es determinante. El desarrollo de un nuevo campo puede demorar entre cinco y siete años, desde la exploración hasta que la producción alcance volúmenes comerciales. Por tanto, incluso si se modificaran inmediatamente las condiciones para atraer inversiones, los resultados no llegarían en el corto plazo.

Argentina aparece como uno de los posibles proveedores, pero Bolivia tendría que competir por la disponibilidad del energético y por la capacidad de transporte con otros mercados, entre ellos Brasil y Chile.

El costo de esas compras también podría ser mayor al que actualmente paga el mercado interno. Velásquez estimó que el gas importado podría costar entre $us 8 y $us 10 por millón de BTU durante el verano y subir a entre $us 12 y $us 15 en invierno, cuando la demanda argentina aumenta y la oferta puede restringirse.

La diferencia con el precio interno subsidiado de $us 1,30 por millón de BTU muestra el impacto potencial sobre los costos de abastecimiento. Sin embargo, esos valores son estimaciones del analista y no contratos de importación ya acordados.

Una mayor dependencia de las compras externas también tendría consecuencias sobre la balanza comercial y la disponibilidad de divisas. El país tendría que destinar recursos para adquirir un energético que durante años produjo localmente y exportó a mercados vecinos.

Menos exportaciones, menos divisas e ingresos fiscales
La caída de la producción gasífera ya representa un desafío para los ingresos externos de Bolivia. Durante años, las ventas de gas a Brasil y Argentina fueron una fuente importante de dólares para la economía, además de generar regalías, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y otros ingresos para el Estado y las regiones productoras.

Velásquez estimó que dejar de exportar determinados volúmenes podría representar una pérdida de alrededor de $us 100 millones mensuales en ingresos por divisas. La cifra debe entenderse como una estimación del analista, cuyo impacto efectivo dependerá de los volúmenes comprometidos, los precios de venta y la disponibilidad de producción.

El problema fiscal también está relacionado con el precio al que se comercializa el gas. Según Velásquez, el energético destinado al mercado interno genera regalías e IDH sobre una referencia subsidiada cercana a $us 1,30 por millón de BTU, mientras que su exportación puede generar ingresos calculados sobre precios considerablemente superiores.

En consecuencia, una menor capacidad exportadora puede reducir simultáneamente los ingresos de divisas y la recaudación vinculada a la actividad hidrocarburífera.

El impacto alcanza a las gobernaciones y municipios productores, que dependen de parte de esos recursos para financiar inversión pública, infraestructura y servicios.

Una nueva ley para recuperar el atractivo del sector
Frente a este panorama, Velásquez plantea modificar las condiciones económicas de la actividad mediante una nueva ley de hidrocarburos que revise el régimen fiscal, los precios y las condiciones de participación de las empresas privadas.

También considera necesario recuperar campos existentes mediante inversiones destinadas a mejorar su productividad, aunque advierte que estas operaciones requieren recursos y condiciones que permitan recuperar el capital comprometido.

Otro efecto que podría tener una revisión de los precios energéticos es modificar la competitividad de las fuentes de generación eléctrica. El gas subsidiado ha favorecido durante años a las plantas termoeléctricas, mientras que otras alternativas, como la hidroeléctrica, solar y eólica, enfrentan dificultades para competir en determinadas condiciones de mercado.

La diversificación de la matriz energética podría reducir la presión sobre el consumo de gas y liberar mayores volúmenes para otros usos o para la exportación, siempre que exista disponibilidad de producción.

La certificación de reservas pone así sobre la mesa un problema estructural: Bolivia necesita recuperar la inversión exploratoria, pero los nuevos descubrimientos no resolverán de inmediato la presión sobre el abastecimiento y las exportaciones.

El país todavía puede contar con recursos hidrocarburíferos bajo tierra, pero su aprovechamiento dependerá de que existan condiciones técnicas, económicas y jurídicas para explorarlos y desarrollarlos.

Como resumió Velásquez, el gas no necesariamente se terminó; el desafío es generar las condiciones para encontrarlo, producirlo y convertirlo nuevamente en una fuente de ingresos para la economía boliviana.

SourceEl Deber

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