La sanción de la Ley de Alivio Tributario en el Senado abrió una nueva señal hacia sectores empresariales y contribuyentes que desde hace meses reclamaban mecanismos para regularizar deudas y reducir la carga financiera. El oficialismo apuesta a que la norma permita mejorar flujo de caja, bajar litigios fiscales y dar algo de respiro a la actividad económica.
La presión tributaria empezó a sentirse hace tiempo en Bolivia. Empresas con problemas de liquidez, contribuyentes arrastrando deudas antiguas y un aparato productivo golpeado por la falta de dólares y la desaceleración económica empujaron al Gobierno a mover una de sus piezas más sensibles: los impuestos.
Perdonazos y facilidades
El proyecto fue defendido ante la Cámara Alta por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, quien aseguró que la iniciativa busca “simplificar el sistema tributario, dar seguridad jurídica y permitir que los contribuyentes puedan regularizarse sin cargas excesivas”.
Entre los principales puntos de la ley se encuentra la condonación de deudas tributarias anteriores a 2017 y de obligaciones correspondientes a la gestión 2020, una etapa marcada por la paralización económica derivada de la pandemia. Además, se habilita un mecanismo de regularización con eliminación de intereses y multas, acompañado de facilidades de pago.
Otro aspecto relevante es la reducción del plazo de prescripción tributaria de ocho a cuatro años, una demanda recurrente de sectores empresariales que cuestionaban procesos largos y acumulación de sanciones.
La norma también incorpora mayor transparencia en la exposición del IVA en las facturas, estableciendo claramente la tasa del 13%, y flexibiliza restricciones vinculadas a promociones comerciales para incentivar la actividad empresarial.
Alivio en medio de la crisis
La aprobación de la ley ocurre en un momento delicado para la economía boliviana. En los últimos meses, distintos sectores empresariales advirtieron sobre caída del consumo, problemas de financiamiento y reducción de márgenes operativos.
Analistas económicos consideran que el alivio tributario puede ayudar a mejorar flujo de caja y reducir litigios fiscales, aunque advierten que el impacto dependerá de la velocidad de reglamentación y de la estabilidad macroeconómica.
“El problema de fondo sigue siendo la falta de liquidez y la incertidumbre económica. Sin embargo, una reducción de presión tributaria sí puede dar margen de maniobra a muchas empresas”, explicó un economista consultado por EL DEBER.
Desde el oficialismo, el Gobierno defendió la iniciativa como parte de una política orientada a dinamizar la economía y recuperar confianza. Según el Ministerio de Economía, las medidas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz buscan construir “un sistema tributario más simple, transparente y orientado al crecimiento”.
Sectores empresariales y contribuyentes ahora esperan la promulgación y reglamentación de la norma para evaluar su alcance real. En un país donde miles de empresas operan con márgenes cada vez más estrechos, el alivio tributario aparece como un intento de bajar presión en medio de una economía que todavía busca estabilidad.