Lo que para miles de bolivianos parecía una ayuda económica durante tiempos de crisis terminó convirtiéndose en una pesada carga financiera, según la abogada Paola Sequeiros, líder de la Fundación Microjusticia, quien advierte que el diferimiento bancario aplicado en Bolivia no significó una condonación de deuda, sino un mecanismo que acumuló intereses, amplió plazos y encareció significativamente los créditos de los usuarios financieros.
Para Sequeiros, el diferimiento no fue un regalo ni un perdón de deuda, pues las cuotas suspendidas durante varios meses simplemente fueron trasladadas al final del crédito, generando intereses sobre el capital, seguros y cargos financieros.
Aunque muchos clientes mantuvieron la misma cuota mensual, el tiempo de pago se extendió drásticamente, ya que un préstamo que inicialmente debía terminar en cuatro años, por ejemplo, puede prolongarse hasta siete o más, aumentando considerablemente el monto final cancelado.
La situación se vuelve aún más compleja en créditos de vivienda social o hipotecarios, que normalmente tienen plazos de hasta 25 años. Con las ampliaciones derivadas del diferimiento, las familias terminarán pagando durante mucho más tiempo, arrastrando incluso obligaciones que podrían recaer sobre los herederos en caso de fallecimiento del titular, por lo tanto, este supuesto favor terminó costando carísimo sostiene la jurista.
Uno de los aspectos más delicados es el seguro de desgravamen, ya que durante el periodo del diferimiento, el seguro continuó vigente porque la ley obligó a las entidades financieras a mantenerlo activo.
Sin embargo, el costo siguió siendo cobrado a los usuarios junto con otros cargos administrativos y financieros, lo que implica que, aunque el cliente no pagaba cuotas completas, la deuda continuaba creciendo silenciosamente.
Sequeiros también cuestiona la modificación normativa aplicada posteriormente mediante reglamentos y decretos. Según explica, la Ley 1670 inicialmente contemplaba la condonación de intereses, pero posteriores disposiciones alteraron ese espíritu y terminaron favoreciendo a las entidades financieras.
Para la abogada, el resultado fue un sistema donde el usuario quedó nuevamente en desventaja frente a contratos complejos y poco transparentes.
En este escenario, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que debería proteger a usuarios y clientes financieros, es señalada por no ofrecer respuestas efectivas.
La ASFI muchas veces termina diciendo que el usuario arregle directamente con el banco, por ello, insiste en que toda reclamación debe realizarse por escrito y mediante los mecanismos administrativos correspondientes, ya que sin esos antecedentes es imposible acudir posteriormente a instancias judiciales o constitucionales.
La especialista recomienda presentar puntos de reclamo formales y hacer seguimiento constante a cada respuesta dentro de los plazos establecidos, pues de lo contrario, los procesos quedan archivados y el usuario pierde toda posibilidad de defensa legal. La desinformación deja a las personas en total indefensión.
Otro problema identificado es la falta de comprensión sobre los planes de pago y las tasas referenciales. Muchos usuarios no saben por qué sus cuotas aumentan o cómo influyen los seguros y cargos adicionales dentro de sus obligaciones mensuales, lo que afecta especialmente a quienes tienen créditos comerciales o hipotecarios con tasas variables, donde el monto a pagar fluctúa constantemente.
Frente a esta situación, la Fundación Microjusticia trabaja junto a técnicos, abogados y exfuncionarios del sistema financiero en una propuesta de modificación a la Ley 393 y al reglamento del seguro de desgravamen. El objetivo es equilibrar la relación entre entidades financieras y usuarios, garantizando mayor transparencia y protección de derechos.
Sequeiros concluye que el verdadero problema no es únicamente el crédito, sino la falta de información, por eso insiste en que antes, durante y después de adquirir una deuda bancaria, las personas deben estar asesoradas técnica y legalmente para comprender exactamente cuánto pagarán, qué derechos tienen y cuáles son los riesgos ocultos detrás de cada contrato financiero.