El diálogo convocado por el Gobierno para ayer domingo no llegó a concretarse. Las organizaciones movilizadas endurecieron sus condicionamientos, una denuncia de muerte durante el operativo de desbloqueo amenaza con agravar la conflictividad y, en paralelo, el oficialismo avanzó en el Senado con la abrogación de la Ley de Estados de Excepción, eliminando restricciones que limitaban el accionar del Ejecutivo ante escenarios de crisis. El escenario deja al país en uno de los momentos más tensos desde el inicio del paro indefinido impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB), mientras persisten los bloqueos que impiden el ingreso regular de alimentos, medicamentos y combustibles hacia La Paz.
La convocatoria lanzada el viernes fijaba para las 9:00 de ayer domingo una reunión en la Casa Grande del Pueblo con representantes de la Federación Tupac Katari. Sin embargo, los dirigentes de los denominados ponchos rojos no asistieron al encuentro y ratificaron que mantendrán las medidas de presión instaladas en distintos puntos del país.
Pese a ello, el instructivo emitido por la organización campesina ordenó a sus bases permitir el paso de ambulancias, brigadas médicas, cargamentos de oxígeno y otros vehículos vinculados a emergencias sanitarias.
En la misma línea, la COB emitió un instructivo nacional para habilitar de manera inmediata corredores humanitarios en todos los puntos de bloqueo.
El documento sostiene que las protestas son “legítimas, orgánicas y constitucionales”, aunque remarca que la vida y la salud de la población deben ser preservadas.
No obstante, la principal organización sindical del país endureció su posición frente al Gobierno. Tras un ampliado de emergencia en La Paz, la COB resolvió que ninguna organización afiliada o no afiliada acudirá a instancias de diálogo mientras no se anulen los mandamientos de aprehensión emitidos contra dirigentes sindicales y no se libere a los detenidos durante los operativos de desbloqueo. Entre los mencionados figura el dirigente Mario Argollo Mamani.
La tensión aumentó aún más tras conocerse documentos forenses que apuntan a la muerte de Víctor Cruz Mamani, un joven de 24 años que habría fallecido durante los enfrentamientos registrados el sábado en Vilaque Copata. El certificado de defunción emitido por el médico del IDIF Edwin Rojas señala como causa de muerte una “fractura de vértebra cervical y sección medular” provocada por un “traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego”. La autopsia, realizada la madrugada de este domingo por requerimiento del fiscal Fabio Maldonado, incluyó revisiones en el cráneo, tórax y sistema digestivo.
Mientras la crisis social escala, el Senado aprobó la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción y remitió la norma a Diputados para su revisión. La ley, promulgada en 2020, establecía límites temporales, controles legislativos y responsabilidades administrativas, civiles y penales para autoridades y efectivos durante un eventual estado de sitio. Su eliminación amplía el margen de acción del Ejecutivo en un contexto marcado por el deterioro del conflicto y la creciente presión sobre el Gobierno.