La actual crisis de abastecimiento de alimentos, gas licuado y combustibles en las ciudades bolivianas confirma una alerta planteada hace cinco años por el investigador y docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Lucio Tito, quien en 2021 advirtió que la seguridad alimentaria del país no dependía únicamente de la capacidad productiva del campo, sino de una política pública integral capaz de articular producción rural, transporte, almacenamiento, comercialización y consumo urbano.
El diagnóstico cobra actualidad en medio de los bloqueos de carreteras que han dejado mercados con poca oferta, puestos cerrados y precios elevados, principalmente en La Paz, donde se reportaron dificultades para acceder a alimentos, gas y combustible luego de tres semanas de interrupciones viales.
Según el análisis de Tito, uno de los efectos más graves de los conflictos sociales es el corte de la cadena de suministro. Los bloqueos aíslan los centros de producción agropecuaria, principalmente ubicados en el oriente y zonas rurales productivas, de los principales mercados de consumo del occidente. Esa interrupción deriva en desabastecimiento, especulación y aumento inmediato de precios en la canasta familiar.
El impacto no se limita al consumidor urbano. La producción primaria también sufre pérdidas directas: ganado, aves y productos agrícolas perecederos pueden morir, deteriorarse o perder valor comercial en rutas cerradas antes de llegar a centros de acopio, mercados o plantas de procesamiento. De esa manera, el conflicto social se convierte en un factor de riesgo alimentario, económico y sanitario.
Para Tito, el problema de fondo no está en la falta de capacidad de la tierra para producir alimentos, sino en la forma en que se administra el sistema agroalimentario.
En 2021, el investigador planteó una política pública que ordene el accionar rural, debido a que distintas instituciones estatales trabajan de manera aislada. En ese marco, mencionó la necesidad de coordinación entre ministerios vinculados al área rural, el medio ambiente, las obras públicas, el desarrollo productivo y la economía plural.
El experto también cuestionó que las políticas públicas se hayan concentrado principalmente en la producción primaria, es decir, en cuánto se cosecha, sin desarrollar con la misma fuerza los eslabones posteriores: poscosecha, cadenas de valor, transporte seguro, almacenamiento masivo, logística de distribución y conexión estable con los mercados urbanos.
A ello se suma la falta de seguridad jurídica y técnica para los productores. La postergación de normas claras sobre biotecnología aplicada, uso de suelos y protección de rutas productivas deja al sector agroalimentario expuesto a la inestabilidad social, al contrabando y a la ausencia de planificación de largo plazo.
Tito propone la necesidad de avanzar hacia una política pública sistémica, sostenible y coordinada, capaz de conectar el escenario rural con el urbano. El debate debe partir del consumidor final y de los alimentos que realmente componen la canasta familiar boliviana, entre ellos papa, chuño, harinas, pan, pastas, pollo, arroz, carne de res, maíz, cebolla, tomate, zanahoria, pescado, lechuga, quinua, aceite, huevos, cítricos, yuca, papaliza, oca, banano y plátano.
Sin embargo, el escenario actual muestra que esas advertencias no fueron asumidas con la urgencia necesaria. La frase “las ciudades viven de la producción de alimentos en el campo” vuelve a tener vigencia, pero requiere una precisión: el campo tampoco produce ni comercializa de manera plena sin la interacción con las urbes, porque necesita insumos, combustible, transporte, tecnología, financiamiento, asistencia técnica y mercados estables.
La crisis demuestra que las ciudades bolivianas son altamente vulnerables cuando dependen exclusivamente de alimentos que viajan cientos de kilómetros. El eje central —La Paz, Cochabamba y Santa Cruz— puede quedar rápidamente afectado cuando se rompen las rutas de abastecimiento. La seguridad alimentaria, por tanto, ya no puede pensarse solo desde el área rural, sino también desde el entorno urbano y periurbano.
El transporte aparece como el punto más débil de la cadena. La falta de diésel, las restricciones viales y los bloqueos encarecen los alimentos, retrasan su llegada a los mercados y, en el caso de productos perecederos, pueden provocar su pérdida antes de ser vendidos. Esta situación también evidencia una desconexión creciente entre campo y ciudad: las urbes han dejado casi toda la responsabilidad de producir alimentos al área rural, mientras el campo enfrenta cambio climático, falta de apoyo técnico y dificultades logísticas.
Frente a este escenario, especialistas y actores vinculados al abastecimiento plantean diversificar los canales de suministro mediante redes de compra directa con productores locales de valles y zonas periurbanas cercanas, para reducir la dependencia de las carreteras troncales.
También se sugiere crear reservas comunitarias y familiares de alimentos secos, granos andinos como quinua y cañahua, además de conservas que permitan resistir períodos de aislamiento.
Otra medida urgente es exigir políticas municipales de resguardo alimentario. Los gobiernos locales deben proteger áreas agrícolas metropolitanas, promover mercados de cercanía y activar mecanismos de control frente a la especulación de precios en productos básicos durante las crisis.
En ese contexto, la agricultura urbana y periurbana deja de ser vista como una actividad complementaria o recreativa. Producir alimentos dentro y alrededor de las ciudades se perfila como una estrategia de supervivencia, prevención y resistencia frente a futuras interrupciones de abastecimiento.
El aprovechamiento de balcones, terrazas, patios y espacios verticales con macetas o sistemas hidropónicos puede permitir el cultivo de hortalizas de rápido crecimiento, como acelga, lechuga y tomate. Del mismo modo, los huertos comunitarios barriales pueden transformar terrenos baldíos o áreas verdes vecinales en espacios de producción colectiva para abastecer parcialmente a familias de una zona.
La reutilización de residuos orgánicos mediante compost casero también aparece como una alternativa para fertilizar suelos urbanos sin depender de agroquímicos costosos.
A ello se suma la necesidad de fortalecer la soberanía en semillas, mediante la recuperación, conservación e intercambio de semillas locales, reduciendo la dependencia de insumos importados.
La crisis actual confirma que la seguridad alimentaria no se garantiza solo produciendo más, sino asegurando que los alimentos puedan circular, llegar a los mercados, mantenerse accesibles y resistir periodos de conflicto.
Como advierten los estudios sobre el tema, la seguridad alimentaria incluye disponibilidad, acceso, uso adecuado y estabilidad en el tiempo; por ello, una interrupción prolongada de rutas o combustibles puede afectar tanto como una baja productiva.
Bolivia enfrenta así una lección crítica: sin coordinación estatal, sin protección de rutas productivas, sin reservas, sin cadenas cortas de suministro y sin agricultura urbana, la mesa de los hogares seguirá dependiendo de una cadena frágil que puede romperse con cada bloqueo, cada crisis de combustible o cada conflicto social.