En julio de 2016, el gobierno de Evo Morales promulgó la Ley 812 para modificar el Código Tributario. Entre algunos de los beneficios que se plantearon en ese momento a favor de los contribuyentes fue la reducción de multas e intereses, se incorporó la figura del “arrepentimiento eficaz” y se redujo el periodo de prescripción de la deuda tributaria de 10 a ocho años. Después de una década se volvió a presentar a consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley bajo el denominativo de Alivio Tributario, que busca, entre otras cosas, que los contribuyentes deudores regularicen sus trámites y que el Estado pueda recuperar algunos recursos. Se estima que la deuda tributaria en mora actualmente oscila de Bs 25 mil a 35 mil millones de bolivianos, de los que solo se espera recuperar entre 20 y 35%, lo que significará para el Estado boliviano dejar de percibir unos 18 mil millones de bolivianos, según el economista Luis Romero.
El Gobierno asegura que son cinco medidas pensadas para reducir la carga tributaria, mejorar la transparencia y facilitar el cumplimiento de obligaciones mediante la condonación de tributos de periodos anteriores a 2017 y de la gestión 2020. Esta normativa que ya fue aprobada en Diputados y Senadores con algunas modificaciones establece también un periodo de regularización de adeudos tributarios, restituye el régimen de prescripción a cuatro años tributarios, modifica la base imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y excluye las promociones empresariales del alcance de la Ley 060 de Juegos de Lotería y Azar.
“Su objetivo principal es recuperar recursos para el Estado en el corto plazo y aliviar la carga financiera de empresas y personas, especialmente en un contexto de menor liquidez fiscal. En términos prácticos, funciona como un “perdonazo parcial”, en el que el Gobierno prioriza recaudar una parte de la deuda antes que mantener montos elevados pero difíciles de cobrar”, asegura el economista. La normativa establece por “única vez” la eliminación de deudas tributarias generadas hasta el 31 de diciembre.
Empresarios
Los empresarios solicitaron que se precise algunas partes del proyecto. El presidente de la Cámara de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, advirtió de que una ambigüedad genera inseguridad y afectará la reactivación.
Explicó que cuando se establece la exclusión del beneficio para deudas iguales o mayores a Bs 10 millones no precisa en qué condición deben encontrarse, por tanto, se debería aplicar cuando las deudas estén contenidas en títulos de ejecución.
Normativa
El proyecto incorpora medidas extraordinarias y por única vez para contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y de la Aduana Nacional. Entre los principales beneficios se encuentra la condonación de deudas tributarias, intereses, multas y sanciones correspondientes a periodos anteriores a enero de 2018, además de obligaciones tributarias de 2020.
Asimismo, la ley habilita mecanismos de regularización tributaria para deudas acumuladas entre 2018 y 2025, permitiendo pagos al contado o facilidades de pago de hasta 36 cuotas mensuales, con eliminación parcial de intereses y sanciones.
Otro de los puntos centrales de la normativa es la reducción del plazo general de prescripción tributaria de ocho a cuatro años, medida que —según el informe de la comisión— busca fortalecer la seguridad jurídica.