Recientemente se registraron hechos relevantes en torno a la minería ilegal, sobre todo, en el norte paceño. Uno de ellos ocurrió en Senda Verde tras la denuncia de delitos ambientales que ponían en riesgo al refugio de animales; otro hecho sucedido fue en La Asunta, cuando comunarios, cansados de que la presunta actividad minera irregular afecte sus cultivos, merme su producción y contamine ríos, entre otros aspectos, incendiaron maquinaria de una empresa dedicada a esa actividad. Ante estos hechos, exigen la intervención urgente de autoridades competentes.
Respecto a lo ocurrido en Senda Verde, gracias al pedido de ayuda de voluntarios, se conoció sobre la denuncia de delitos ambientales por el sector, donde se registró movimiento de tierras y maquinaria pesada cerca del lugar que, entre otras cosas, refugia, rehabilita y protege a animales rescatados.
Posteriormente, se produjo la intervención de Fuerza Especial de Lucha Contra los Delitos Ambientales (Felcda) y en coordinación con personal de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) descubrieron indicios de deforestación y una posible afectación al río Coroico.
A causa de este hecho, las diputadas Cielo Berrios y Daniela Anagua presentaron una Petición de Informe Escrito (PIE) a la AJAM para conocer la situación legal de las empresas mineras establecidas en el lugar.
“Hemos presentado un PIE para saber exactamente lo que ha pasado, sobre todo, cómo es que está manejando esta empresa minera los permisos que tienen, porque la Constitución protege a estas áreas. En días más, la diputada Berrios y yo vamos a hacernos presentes en el lugar para hacer la fiscalización correspondiente, ya que no podemos permitir que estos atropellos sigan pasando”, aseguró Anagua.
En tanto, su colega Berrios señaló que esta actividad minera atenta de forma directa contra la salud de los animales y el medio ambiente en la región. “Tenemos los videos de cómo se estaría lavando el oro con mercurio en el río de Coroico, el cual provee de agua no solo a los animales de Senda Verde, sino a los pobladores del lugar. Se tiene entendido que, también, en ese río había peces, los cuales ahora están muertos”, manifestó.
Además, con la finalidad de determinar si existe algún grado de contaminación, a causa de la actividad minera, se tomaron muestras de agua para su análisis.
LA ASUNTA
Otro caso que también puso en alerta a las autoridades, fue lo ocurrido en La Asunta, Los Yungas de La Paz, donde los pobladores incendiaron maquinaria de una empresa que, presuntamente, se dedica a la actividad minera y contamina el río que atraviesa el sector, además de dañar sus cultivos y producción.
“Desde que asumí este cargo, como representante de Los Yungas, he estado denunciando constantemente estos actos que se realizan en el sector (…) y no solamente en ese lugar, hemos hecho la denuncia a nivel nacional que sí existe la minería ilegal”, enfatizó la diputada suplente de Alianza Libre, Beatriz Sarzuri.
La legisladora lamentó que las autoridades hicieron caso omiso a su denuncia, además de que no haya presencia ni control por parte de ellas en esas regiones donde -aseguró- hay varias empresas dedicadas a la minería ilegal.
“La AJAM brilla con su ausencia, solo dice que: sí son ilegales, reconoce que son ilegales, pero no hace su trabajo. Hemos pedido intervención inmediata en sectores como río Blanco, La Asunta y otros sectores, porque nuestros puentes corren riesgo y toda la carga se viene a nuestros municipios”, apuntó.
En ese sentido, Sarzuri alertó sobre posibles daños a los ríos, al medioambiente y a la producción agrícola de la región. Anunció que se trabaja en una normativa para declarar al municipio libre de actividad minera.
“Estos mineros trabajan sin medida, en esos sectores, pero las denuncias no fueron escuchadas por lo que exigimos la presencia de autoridades competentes. La reacción de los pobladores ya estaba anunciada, las autoridades no los tomaron en cuenta (…) la gente está cansada de esta actividad porque daña, nos daña”, sostuvo la legisladora.
Recalcó que, a raíz de la minería ilegal, también se registran destrozos de caminos, de los ríos, de los áridos (espacio donde hay bastante tierra para construcción), “un comunario ya no puede entrar a los áridos para construcción de sedes, canchas o viviendas, ahora se ha prohibido”.
De acuerdo con la diputada, la AJAM debe hacer cumplir la norma, hasta el momento demostró que “es incompetencia de la AJAM para que se registren enfrentamientos, heridos. Responsabilizamos a las autoridades de la AJAM, porque no han hecho su trabajo correspondiente”.
Asimismo, pidió una intervención urgente de las autoridades competentes y cuestionó el posible abastecimiento de combustible a operaciones mineras que, según la denuncia, serían ilegales.
“Cómo obtienen maquinarias el sector, cómo obtienen combustible, cuando los pobladores hacen filas de más de cuatro días para adquirir 20 litros, en cambio estas empresas reciben desde cisternas, entonces ¿quién gestiona eso? Tenemos videos, fotografías donde vemos que ingresan (combustible) en cisternas, antes era por turriles. Creo que hay un nido de corrupción en estas dos instituciones: YPFB, AJAM”, cuestionó Sarzuri.
La legisladora recalcó que no es que “estoy contra la minería, pero háganlo legalmente, tributando al Estado, al municipio, a la Gobernación”. Destinosturísticos
ACCIÓN
Ante estos hechos y la falta de datos relacionados con la actividad minera ilegal en la región de Los Yungas, la Gobernación paceña solicitó a la AJAM información oficial sobre las autorizaciones y derechos mineros en zonas donde se identificaron posibles actividades irregulares, con el objetivo de asumir acciones de fiscalización y control contra la minería ilegal en el departamento.
La solicitud fue planteada durante una reunión entre el secretario departamental de la Madre Tierra, Gabriel Pari, y el director ejecutivo nacional de la AJAM, Jaime Sanabria, en la que se abordó la situación de las actividades mineras observadas en distintos puntos del departamento.
Durante el encuentro, la Gobernación planteó la necesidad de conocer si las actividades y adjudicaciones para explotación minera identificadas en las zonas bajo observación cuentan con autorización de la AJAM y si fueron otorgadas conforme a la normativa vigente.
La solicitud busca contar con documentación e información oficial que permita desarrollar acciones de fiscalización.
Según Pari, el director de la AJAM asumió el compromiso de responder, en un plazo de 48 horas, a las solicitudes de información pendientes. Paralelamente, ambas instituciones acordaron coordinar una inspección en el río Boopi (municipio de La Asunta), donde se verificará la posible existencia de actividades de explotación minera ilegal y la presencia de empresas que presuntamente operarían al margen de la normativa.