Veinte años después de la nacionalización de los hidrocarburos, YPFB vuelve a ser intervenida por el Estado. La medida dispuesta por el Gobierno de Rodrigo Paz llega cuando Bolivia enfrenta una caída de 54% en sus reservas probadas de gas, de 56% en la producción y de 74% en las exportaciones, además de una creciente dependencia de combustibles importados.
Cuando Evo Morales anunció el 1 de mayo de 2006 el Decreto Supremo 28701, que nacionalizaba los hidrocarburos. El objetivo era recuperar para el Estado el control sobre los recursos naturales y colocar nuevamente a YPFB en el centro de la actividad petrolera.
El decreto obligó a las empresas petroleras a entregar el 100% de su producción a YPFB, que pasó a controlar la comercialización, las condiciones, los volúmenes y los precios. También estableció un plazo para que las compañías migraran a nuevos contratos y dispuso la nacionalización de acciones para que YPFB alcanzara una participación mínima de 50% más una acción en empresas estratégicas.
La medida significó un giro de 180 grados respecto al modelo aplicado durante los años 90, cuando la participación privada había ganado terreno y las unidades de exploración, explotación, transporte y logística de la estatal fueron capitalizadas. Con la Ley de Hidrocarburos 3058, aprobada en 2005, el Estado ya había comenzado a recuperar protagonismo y había elevado su participación en la renta mediante regalías e impuestos.
Lo que dejó la nacionalización
La nacionalización permitió al Estado tener una participación mucho mayor en la cadena hidrocarburífera y en los ingresos generados por el sector. Sin embargo, el problema que aparece dos décadas después está en la capacidad de sostener la producción.
El diagnóstico de la Fundación Jubileo, contenido en el documento YPFB: Restructuración e institucionalización en un contexto de crisis, muestra un deterioro progresivo de los principales indicadores del sector.
Entre 2009 y 2023, las reservas probadas de gas natural disminuyeron 54%, mientras que las reservas de líquidos cayeron 63%.
La producción también se redujo de manera significativa. Entre 2015 y junio de 2026, la producción de gas natural cayó 56% y la de líquidos 63%.
La caída se trasladó directamente a las exportaciones. En el mismo periodo, las ventas externas de gas natural disminuyeron 74%. Las exportaciones hacia Brasil, uno de los principales mercados durante el auge gasífero, se redujeron 61%.
El resultado es un cambio profundo en la posición energética del país. Bolivia pasó de disponer de excedentes importantes para exportación a enfrentar dificultades para sostener su producción y cubrir la demanda interna de combustibles.
La Fundación Jubileo señala que alrededor del 95% del diésel y el 60% de la gasolina especial que consume el país son actualmente importados.
Es decir, el país que durante años utilizó el gas natural como su principal fuente de ingresos y divisas tiene ahora una creciente dependencia de combustibles producidos en el exterior.
De producir a administrar
Tras la nacionalización, YPFB no logró consolidarse como una empresa institucionalizada y eficiente. Desde 2006 tuvo 17 presidentes ejecutivos, todos interinos, y desarrolló una estructura de unas 11 subsidiarias, dos vicepresidencias, siete gerencias y cinco direcciones nacionales. En 2025, su presupuesto para personal superó los Bs 2.400 millones.
Según Jubileo, el mayor control estatal no estuvo acompañado de una institucionalización que protegiera a la empresa de intereses políticos. Mientras los campos maduros declinaron, la reposición de reservas no avanzó al ritmo necesario y YPFB fue adquiriendo un mayor peso en la administración y comercialización, mientras perdía capacidad productiva.
Volver a producir
Para 2026, YPFB proyecta una producción promedio de 26,6 millones de metros cúbicos diarios de gas y 21.860 barriles diarios de líquidos, niveles muy inferiores a los alcanzados durante el auge gasífero.
Ante este escenario, el Gobierno de Rodrigo Paz plantea una nueva Ley de Hidrocarburos para devolver a YPFB su función productiva, con énfasis en exploración y explotación, además de una reestructuración institucional, evaluación del personal y mecanismos para atraer inversiones.
La intervención
La crisis derivó en la intervención extraordinaria de YPFB mediante el Decreto Supremo 5697, por hasta 180 días, prorrogables excepcionalmente por otros 90.
La comisión interventora deberá revisar la importación, logística, distribución y comercialización de combustibles, realizar auditorías y fortalecer la trazabilidad, además de investigar posibles desvíos, contrabando y acaparamiento.
La medida enfrenta así dos problemas acumulados: la caída de la producción hidrocarburífera y las dificultades de gestión y abastecimiento de combustibles.
Veinte años después de la nacionalización, el desafío ya no es solo que el Estado controle los hidrocarburos, sino que YPFB vuelva a tener la capacidad de encontrarlos y producirlos