La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ya tiene un proyecto de ley que plantea la anulación de la Ley 767, Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), y la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) retenido hasta ahora. Su tratamiento solo depende de la voluntad política de las directivas de la Cámara de Diputado y la de Senadores.
Así lo indicó el diputado tarijeño, José Luis Porcel, proyectista de este proyecto de ley.
Porcel recordó que la Ley 767 fue promulgada el año 2015 y el 2020 hubo una devolución establecida por la expresidenta transitoria, Jeanine Áñez, como efecto de la pandemia del Covid-19. En ese entonces el desembolso significó algo de 200 millones de bolivianos. Sin embargo, la confiscación de recursos no fue suspendida y por ende en el gobierno de Luis Arce se mantuvo esa retención del 12% del IDH. Se estima que entre el 2016 y el 2025 esta retención sumó 96.516.099 bolivianos.
Para cambiar esa situación es que Porcel presentó el proyecto el 10 de marzo de 2026, que básicamente establece la abrogación de la Ley 767.
“¿De qué va a depender de que este proyecto de ley sea tratado en la Cámara de Diputados? fundamente de la voluntad del presidente del Estado. Si él instruye a las cámaras de Diputado y Senadores que se inicie este trámite, lo vamos a hacer”, dijo Porcel a PLUS TLT, a tiempo de hacer énfasis en la necesidad de esta norma, porque no solo beneficiará a Tarija, sino a todas las otras regiones productoras de hidrocarburos.
El diputado tarijeño no duda del respaldo que habrá de las bancadas de otros departamentos, que también necesitan esos recursos para sobrellevar la crisis financiera, por lo que, recalca, dependerá del Gobierno su rápido tratamiento.
Cabe recordar que este planteamiento lo hizo el alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, en el encuentro de autoridades electas realizado en Cochabamba. Ahí, el burgomaestre indicó que esos fondos podrían ayudar a cumplir los compromisos que tienen las alcaldías, gobernaciones y universidades estatales del país, hasta que se logre un acuerdo en torno a la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria, propuesta conocida como el 50-50.
El vocero de la Alcaldía, Adrián Vega, recalcó que actualmente urge frenar la confiscación mensual del 12% del IDH. “Desde hace 10 años, que todos los meses de manera sagrada nos retienen el 12% del IDH, esto tiene que devolverse a las regiones para que se inviertan en salud, educación y que sea una bocanada de aire mientras se discute el 50-50”, dijo el funcionario.
Vega indicó que esta propuesta está haciendo socializada con otras municipalidades del país, por lo que espera que tenga eco y se abra un espacio de análisis y concertación.
No hay respuesta del Gobierno
Por el momento el Gobierno nacional no se ha pronunciado sobre la devolución del 12% del IDH confiscado ni sobre la abrogación de la Ley 767. Y aunque en pasados días el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza, anunció el adelanto en el desembolso de recursos correspondientes al IDH y regalías departamentales de la gestión 2026, con el objetivo de fortalecer la liquidez financiera de gobernaciones, municipios y universidades públicas, y garantizar la continuidad de obras, programas y servicios en todo el país, la retención de recursos se mantiene.
“Siempre va ser bueno tener recursos disponibles, pero nos preocupa que esos recursos que son muy necesarios todavía estén en la nebulosa. A nada, está bien, pero hay que seguir debatiendo el tema”, dijo el Alcalde de Tarija, al reiterar que los municipios requieren recursos para sostenerse hasta lograr el 50-50.
LaFRASE
“Desde hace 10 años, que todos los meses de manera sagrada nos retienen el 12% del IDH, esto tiene que devolverse a las regiones”
Adrián Vega
VOCERO
¿Tiene el BCB los recursos del Fondo?
El artículo 13 de la Ley 767 establece que los recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera serán abonados de forma automática en una cuenta habilitada en el Banco Central de Bolivia, los cuales «podrán ser invertidos” en instrumentos financieros siguiendo los lineamientos establecidos para la administración e inversión de las Reservas Internacionales. Hasta el 2024 se estima que el Fondo era superior a los 400 millones de dólares. Sin embargo, desde las regiones han advertido que estos recursos pudieron ser usados con otra finalidad.