Santa Cruz se pronunció. Una multitud avanzó anoche desde la plaza del Estudiante hasta la plaza 24 de Septiembre, en pleno corazón de la capital cruceña, detrás de una bandera verde y blanca de más de 50 metros que encabezó la Gran Marcha por la Democracia. No fue una movilización más. Fue una señal política desde la región más dinámica del país en medio de una crisis que, tras más de tres semanas de bloqueos y protestas, amenaza con desbordar al Gobierno de Rodrigo Paz.
El conflicto comenzó como una protesta sindical y sectorial, alimentada por reclamos salariales, escasez de combustibles y cuestionamientos económicos. Pero con el paso de los días escaló hacia una confrontación política abierta. Sectores de la Central Obrera Boliviana (COB), grupos campesinos y organizaciones radicalizadas instalaron bloqueos en rutas estratégicas, particularmente en el occidente del país, provocando el aislamiento progresivo de La Paz y El Alto, donde comenzaron a escasear alimentos, medicamentos, combustibles e incluso oxígeno.
La presión no se quedó en las carreteras. Algunos actores movilizados empezaron a exigir abiertamente el acortamiento del mandato constitucional de cinco años del presidente Rodrigo Paz, quien este mayo cumplió seis meses en el poder. La propuesta de convocar elecciones anticipadas en 90 días, alentada desde sectores afines a Evo Morales, terminó de elevar la temperatura política. En paralelo, movimientos ciudadanos de varias ciudades del país reaccionaron para exigir que se depongan esas medidas.
En ese contexto, Santa Cruz salió a las calles. La movilización convocada por la Asamblea de la Cruceñidad reunió a 24 sectores cívicos, representantes de las 15 provincias, delegados de los 56 municipios, bloques regionales, juntas vecinales y sectores productivos que se concentraron a 10 cuadras de la Plaza 24 de Septiembre, donde se desarrolló el mitin
Desde ese escenario instalado en la plaza principal, el tono de los discursos fue subiendo. El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, reclamó acciones inmediatas del Ejecutivo. “Si el Gobierno no desbloquea, aquí está este pueblo, nosotros vamos a desbloquear”, advirtió.
El presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, Josué Méndez, endureció aún más la postura y dio plazo hasta el fin de semana para liberar San Julián, uno de los puntos sensibles del conflicto.
El sector productivo también fijó posición. Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), sostuvo que el país no puede seguir como rehén de los bloqueos y demandó decisiones firmes para restablecer la circulación. Pero el acto no solo giró en torno al conflicto inmediato. También reactivó la demanda de profundizar la autonomía para llegar al federalismo.
Así, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, aprovechó el escenario para cuestionar el modelo centralista y anunciar una nueva fase de impulso autonómico.
“Llegó la hora. Hoy inicia un nuevo tiempo (…). Decirle a todo el país, se acabó el modelo centralista, que hoy está tratando de sobrevivir al golpe que le quieren dar los delincuentes que están tras el poder”, proclamó, mientras desde la multitud surgían gritos a favor del federalismo.
El mensaje conectó con una narrativa histórica del movimiento cívico cruceño: que la crisis actual no solo es consecuencia de la conflictividad social, sino también del agotamiento de un modelo de poder excesivamente concentrado en La Paz.
El cierre del acto estuvo a cargo del presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, quien dio al mitin su tono más confrontacional. Tras pedir un minuto de silencio por víctimas vinculadas al conflicto, apuntó contra quienes considera responsables del caos y reclamó al Gobierno asumir plenamente su autoridad constitucional. “No podemos permitir que no lleguen alimentos, oxígeno ni medicamentos a quienes lo necesitan. Pero tampoco podemos permitir que el Gobierno siga dialogando con quienes están matando al país”, afirmó el líder cívico.
Su mensaje incluyó una exigencia concreta: declarar un estado de excepción sectorizado en los puntos críticos del conflicto. Luego llegó el ultimátum político.
“Al Gobierno: tiene la Constitución por delante, pero también tiene hasta este día domingo para desbloquear todo el país, para desbloquear Santa Cruz, dejar las vías expeditas para enviar alimento. Caso contrario, somos miles los ciudadanos que vamos a salir a desbloquear”, advirtió a los pies de la Catedral.
Pero quizá la frase que mejor resumió el espíritu político de la movilización fue esta: “no vamos a permitir que caiga un gobierno elegido democráticamente”, afirmó el presidente cívico.
En paralelo, el investigador Rafael Archondo planteó ayer que la crisis no puede reducirse únicamente a una estrategia de Evo Morales. A su juicio, lo que estalla ahora son los “escombros” del Estado masista: una red de poder sindical, prebendal y territorial que durante años recibió recursos, cargos y beneficios, pero que hoy se rebela contra Rodrigo Paz porque ya no existen fondos para sostener ese esquema.
Esa lectura ayuda a explicar porqué la protesta combina demandas sociales, presión corporativa y una ofensiva política contra el Gobierno que apenas cumplió seis meses.