La Paz vivió este jueves una de las jornadas más violentas y caóticas de los últimos años. El centro político del país quedó convertido en un campo de batalla entre mineros cooperativistas, maestros rurales y fuerzas policiales desbordadas por la magnitud de las protestas. Las explosiones de dinamita, las gasificaciones, los ataques a edificios públicos y el colapso de la ciudad reflejaron el agravamiento de una crisis que ya dejó de ser sectorial para convertirse en una disputa abierta por el poder.
Desde el mediodía, miles de cooperativistas mineros descendieron desde El Alto hacia el centro paceño. La marcha, inicialmente presentada como una movilización reivindicativa, rápidamente derivó en enfrentamientos violentos cuando los manifestantes intentaron ingresar a plaza Murillo por la calle Potosí. La Policía respondió con gases lacrimógenos, mientras los mineros lanzaban cachorros de dinamita y piedras contra los uniformados.
Las detonaciones estremecieron la avenida Mariscal Santa Cruz, el Obelisco, la calle Yanacocha y la calle Honda. El humo cubrió varias cuadras y obligó al cierre inmediato de comercios, oficinas públicas y puestos de venta. Funcionarios estatales evacuaron edificios cercanos ante el temor de que la violencia escalara aún más.
En medio de ese escenario, la contradicción política de la jornada quedó expuesta con crudeza. Mientras cientos de mineros hostigaban a la Policía y exigían la caída del presidente Rodrigo Paz, cerca de un centenar de dirigentes cooperativistas negociaba dentro de Palacio de Gobierno con autoridades del Ejecutivo.
La movilización minera nació con demandas concretas: combustible, explosivos, nuevas áreas de explotación y el reconocimiento exclusivo de Fencomin frente a otra federación emergente. Sin embargo, la presión callejera terminó absorbiendo el discurso de renuncia presidencial impulsado por la COB y otros sectores movilizados.
La violencia no quedó concentrada en plaza Murillo. En la avenida Arce, maestros rurales protagonizaron otra escena de tensión extrema al intentar tomar el Ministerio de Educación. La reducida presencia policial permitió que los manifestantes avanzaran hasta el frontis del edificio estatal, donde comenzaron a arrancar rejas, destruir jardineras y lanzar piedras, escombros y basureros contra la infraestructura pública.
Por varios minutos, la Policía prácticamente desapareció del lugar y se refugió dentro del ministerio. Esa retirada dejó vía libre a los actos vandálicos. Las imágenes de rejas arrancadas, muros dañados y mobiliario urbano destruido retrataron el vacío de control estatal en uno de los puntos más sensibles de la ciudad.
La reacción policial llegó tarde y mediante gasificaciones que terminaron radicalizando aún más a los maestros rurales. Lo que comenzó como una protesta salarial derivó en un alineamiento político con los sectores que ahora exigen la renuncia del mandatario. Un dirigente advirtió que el magisterio romperá el diálogo con el Gobierno y se sumará plenamente a las movilizaciones nacionales.
La ciudad quedó atrapada entre dos frentes simultáneos de conflicto. Mientras en el centro histórico estallaban dinamitas y gases, la conexión entre el centro paceño y Sopocachi se volvió prácticamente intransitable. El tráfico colapsó y cientos de ciudadanos buscaron escapar de una ciudad convertida en escenario de confrontación permanente.
La crisis también comenzó a golpear directamente el abastecimiento energético. En horas de la tarde, YPFB anunció la suspensión del despacho de combustible hacia las zonas bloqueadas, argumentando riesgos para las cisternas y sus conductores. La estatal advirtió que el suministro solo se restablecerá 48 horas después del levantamiento de las medidas de presión.
La decisión expuso el nivel de deterioro de la situación nacional. Después de dos semanas de movilizaciones, bloqueos y cercos sobre La Paz y El Alto, el conflicto ya no solo amenaza la estabilidad política, sino también la logística básica del país. El abastecimiento de alimentos, combustibles y servicios esenciales comienza a resentirse aceleradamente.
El Gobierno, mientras tanto, apareció superado por la simultaneidad de los conflictos. El grueso del contingente policial fue destinado a contener a los mineros, dejando vulnerables otras instituciones públicas. La ausencia de un operativo integral de desbloqueo y control permitió que las protestas se expandieran territorialmente y adquirieran un carácter cada vez más agresivo.
La Central Obrera Boliviana terminó de consolidar el tono político de la jornada. Su secretario ejecutivo, Mario Argollo, confirmó que las demandas sectoriales quedaron relegadas y que el objetivo central es la renuncia del presidente Rodrigo Paz y todo su gabinete. La narrativa sindical dejó de hablar exclusivamente de salarios o combustibles y pasó a plantear un cuestionamiento total al modelo de gobierno.
El dato más inquietante es que las bases parecen haber rebasado incluso a sus propios dirigentes. En las calles, muchos manifestantes coreaban consignas mucho más radicales que las expresadas formalmente en las negociaciones. La sensación dominante en La Paz fue la de una movilización fragmentada, sin conducción clara y cada vez más difícil de contener.
Al caer la noche, la sede de Gobierno quedó marcada por el humo de los gases, los restos de piedras y las huellas de destrucción sobre avenidas y edificios públicos. Ocho detenidos y decenas de escenas de violencia resumieron una jornada que dejó una señal inquietante: la crisis boliviana ya entró en una fase donde el conflicto social, la presión política y el desborde callejero empiezan a mezclarse peligrosamente.