Cuatro personas han muerto en el país a causa de las consecuencias generadas por los bloqueos de caminos que se prolongan por 21 días, en medio de advertencias de afectación directa a emergencias médicas y traslados de pacientes en distintas regiones.
La cuarta víctima es un niño de 12 años del municipio de Llallagua, en el departamento de Potosí, que perdió la vida luego de que una ambulancia que lo trasladaba de emergencia hacia la ciudad de Potosí no pudiera continuar su recorrido debido a los bloqueos, lo que obligó a desviar la ruta hacia Oruro, donde finalmente se produjo el deceso.
El Ministerio de Salud informó sobre el caso y lamentó lo ocurrido, señalando en su comunicación que la vida debe estar por encima de cualquier conflicto, en alusión a las dificultades de tránsito que impidieron el paso del vehículo de emergencia.
El Colegio Médico de Bolivia confirmó el fallecimiento del menor y señaló que la causa fue una sepsis. Su presidente, Wilfredo Anzoátegui, advirtió además que las restricciones en las rutas están generando dificultades para el traslado de insumos médicos, incluido el oxígeno, hacia distintos centros de salud.
Con este hecho, suman cuatro las muertes asociadas a los efectos de los bloqueos. El primer caso corresponde a una mujer de 56 años de nacionalidad beliceña que no logró llegar a un centro médico tras sufrir una descompensación cuando retornaba hacia Perú por la ruta Desaguadero.
El segundo caso es el de una paciente con falla renal de la comunidad Candelaria, en Guanay, que no pudo acceder a su tratamiento de hemodiálisis debido a los bloqueos en Caranavi y posteriormente falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.
El tercer caso corresponde a una mujer de 20 años que no logró recibir atención médica oportuna.
Los bloqueos de caminos han derivado en una crisis que ya no se limita al tránsito o al abastecimiento, sino que comienza a reflejarse en consecuencias humanas irreversibles, especialmente en casos donde el acceso oportuno a la atención médica se ve interrumpido.
La situación ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de emergencia en regiones alejadas, donde una interrupción en las rutas puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, al impedir el traslado de pacientes en estado crítico hacia centros hospitalarios especializados.
Asimismo, el impacto de estas medidas de presión ha generado preocupación en sectores médicos y sociales, que advierten sobre el riesgo de que las restricciones prolongadas continúen afectando el traslado de insumos esenciales como medicamentos, oxígeno y equipos de emergencia.
En ese contexto, distintas voces han insistido en la necesidad de priorizar la vida y garantizar corredores humanitarios o vías habilitadas para emergencias, a fin de evitar que la conflictividad social siga traduciéndose en pérdidas humanas.
El escenario mantiene abierta la tensión política y social en el país, con posiciones aún distantes entre el Gobierno y los sectores movilizados, mientras el impacto de las medidas de presión continúa reflejándose en la circulación de personas, el abastecimiento y la atención de emergencias.
En ese contexto, la conflictividad social se mantiene sin una salida inmediata, en medio de llamados a la negociación y advertencias sobre el costo humano que ya comienzan a evidenciarse en distintos puntos del país.
En diferentes ciudades del país se registraron marchas pacíficas en rechazo a los bloqueos, que continúan generando perjuicios en la circulación y el abastecimiento.