Bolivia tiene una relación intensa y tóxica con los recursos naturales. Se enamora rápido, construye relatos épicos, expande el Estado o privatiza, reparte subsidios, multiplica discursos nacionalistas… y recién pregunta por la sostenibilidad cuando aparece la factura.
Hoy vivimos exactamente uno de esos momentos históricos. Cuando aún no termina la feroz disputa política por el poder y por los restos de la renta gasífera, cuando el país sigue discutiendo quién pagará las deudas, déficits y promesas acumuladas del viejo modelo basado en el gas natural, aparece una noticia capaz de despertar antiguos reflejos extractivistas: Bolivia experimenta un boom exportador impulsado por los minerales.
En el primer trimestre de 2026, las exportaciones alcanzaron $us 3.582 millones, prácticamente el doble del mismo período del año anterior. Los dioses de los recursos naturales, aparentemente reacios a abandonar del todo a Bolivia, parecen volver a sonreír. Esta vez el premio gordo no sería el gas; serían el oro, la plata y otros minerales.
Pero conviene guardar el champagne estadístico unos minutos. El oro metálico pasó de exportar $us 73 millones a $us 786 millones en apenas un año: un crecimiento cercano al 975 %. Pero cabe recordar que las exportaciones del metal amarillo llegaron en 2022 a $us 3.000 millones. Este es el reino del contrabando y la informalidad. La plata mineral superó por primera vez los $us 1.000 millones trimestrales. El resultado es tan impresionante como inquietante.
Porque cuando un producto crece casi 10 veces en un trimestre, los economistas experimentan una sensación conocida: fascinación técnica mezclada con sospecha profesional. ¡Uta che! ¿Qué estará pasando?
Los precios internacionales ciertamente ayudan. El oro vive máximos históricos y la plata atraviesa un excelente ciclo global, pero incluso los mercados alcistas tienen límites físicos.
Por eso circulan al menos tres hipótesis. La primera: más producción formal, excelente noticia. La segunda: formalización de operaciones previamente invisibles, bastante plausible. La tercera, la más incómoda: reexportación o triangulación de oro importado tras procesos de refundición. Una especie de turismo internacional aurífero donde el metal viaja, cambia de nacionalidad estadística y reaparece convertido en éxito exportador patriótico.
La diferencia importa enormemente, porque una cosa es generar nueva riqueza productiva y otra, bastante distinta, es inflar cifras comerciales sin modificar sustancialmente la capacidad económica del país.
Lo cierto es que minería y metalurgia explican prácticamente todo el crecimiento exportador. Hoy representan más del 90 % de las ventas bolivianas. Lejos de diversificar su economía, Bolivia parece haber perfeccionado uno de sus deportes históricos: poner más huevos en menos canastas.
Mientras tanto, el gas natural continúa escribiendo su lenta novela de decadencia. Las exportaciones hidrocarburíferas volvieron a caer y, más importante aún, el gas perdió relevancia dentro de la estructura exportadora nacional. En apenas 12 meses pasó de representar 16,5 % de las exportaciones a menos del 6 %.
Silenciosamente, Bolivia está dejando de ser una economía gasífera para convertirse nuevamente en una economía profundamente minera.
La vieja vaca lechera del gas, aquella criatura generosa que durante años financió subsidios, reservas internacionales, expansión estatal, estabilidad cambiaria y una vasta fauna político-corporativa, fue ordeñada con entusiasmo multipartidario, multisindical y multirregional sin medida ni clemencia, hasta quedar exhausta. Y con ella colapsa también buena parte del andamiaje económico construido alrededor de su renta.
Los subsidios a los hidrocarburos se volvieron fiscalmente difíciles de sostener. El tipo de cambio busca un nuevo equilibrio menos heroico y más compatible con la escasez de dólares.
Y ya no existen recursos suficientes para mantener satisfecho al amplio ecosistema de regiones, sindicatos, organizaciones sociales y actores políticos que durante años participaron, cada uno con admirable vocación redistributiva, de la gran piñata gasífera nacional.
Hoy la discusión pública gira alrededor de los pasivos del viejo ciclo: quién pagará la factura, quién absorberá el ajuste y quién administrará la escasez. Pero mientras los deudos del gas siguen disputándose la herencia y agarrándose a piñas, una pregunta mucho más estratégica golpea discretamente la puerta: ¿qué ocurre si la minería se convierte en la nueva gran fuente de excedentes del país?
Aquí aparece un detalle menos glamoroso que el oro pero infinitamente más importante: los impuestos. Porque incluso si el boom minero fuese real y sostenible –algo todavía sujeto a debate– surge inmediatamente una pregunta central: ¿cómo se distribuirá esta nueva renta? Y la respuesta preliminar no necesariamente tranquilizará a los administradores del viejo Estado gasífero.
El sistema tributario aplicado al sector minero boliviano es relativamente laxo. Dicho en castellano económico sencillo: el Estado captura una proporción limitada del excedente minero. En la época del gas, el Estado mordía más del 60% de la renta gasífera.
Si la nueva bonanza se consolida bajo las reglas actuales, buena parte del beneficio podría quedarse principalmente en manos de empresas, cooperativas, comercializadores y otros actores de la cadena extractiva; mientras el Estado observaría el espectáculo con entusiasmo patriótico pero con recaudación modesta.
Y aquí emerge la verdadera tensión estructural. ¿Es compatible un Estado grande, caro y acostumbrado a la renta del gas con una minería que tributa relativamente poco? La pregunta no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha; pertenece a la aritmética.
Los huérfanos, deudos y sobrevivientes de la vieja economía gasífera –ministerios, gobiernos subnacionales, sindicatos, organizaciones corporativas, redes clientelares y múltiples consumidores históricos de renta– seguirán teniendo sed de recursos, redistribución y poder político.
Pero el nuevo sector emergente podría no generar, bajo las actuales reglas fiscales, suficiente flujo estatal para alimentar el tamaño del aparato heredado del auge gasífero. Tarde o temprano esta discusión llegará.
Y convendría enormemente que llegue en universidades, parlamentos, espacios técnicos y negociaciones institucionales, antes que mediante la metodología boliviana tradicional de resolver disputas económicas: bloqueos, carreteras tomadas y cursos intensivos de teoría fiscal aplicada sobre el asfalto.
Porque una cosa es ganarse nuevamente la lotería de los recursos naturales, pero otra muy distinta –y bastante más difícil– es aprender finalmente a administrar el premio sin convertirlo, 20 años después, en otro funeral nacional con café frío e ideológico incluido.