Sin acero no hay industrialización. Ningún país se industrializó importando los hierros de sus propias fábricas, y Bolivia no será la excepción. Por eso la siderurgia del Mutún no es un proyecto más: es la condición previa de cualquier proyecto industrial serio en el país.
Después de las vicisitudes con Jindal, Bolivia encaró una planta siderúrgica pequeña pero pionera, con una inversión de $us 546 millones y siete plantas: concentración, peletización, acería, laminación, central eléctrica, reducción directa y auxiliares. En marcha producirá cerca de 200 mil toneladas anuales de barras corrugadas y alambrón, apenas el 50 % del acero que demanda nuestra industria. Con una inversión actualizada del mismo monto se duplica la capacidad y se cubre el 100 % de la demanda nacional.
Y aquí el dato que cambia la conversación: esta planta no se pagó con excedentes, se pagó con deuda. El 85 % provino del Eximbank de China, un crédito de $us 396,1 millones a 15 años y 3 % de interés, con el Estado boliviano como prestatario. Bolivia paga esa deuda pero la planta no opera. El cronograma de amortización no espera a que se enciendan los hornos.
El complejo generará 700 empleos directos, miles de indirectos y un ahorro de divisas de $us 200 millones. En el actual contexto de escasez de dólares, esa cifra no es una estadística, es oxígeno.
¿Por qué, entonces, no ha sido inaugurado en su operación integral? Los entendidos señalan una sola causa: falta de capital de trabajo. Los insumos y reactivos del proceso, todos importados, están valorados en unos $us 40 millones.
Detengámonos ahí, porque ese es el escándalo silencioso. $us 40 millones frente a 546 ya invertidos, el 7%; 10% frente a los 396 que debemos al Eximbank. Frente a 200 millones anuales de ahorro de divisas: se recuperan en menos de tres meses de operación. Cada mes de retraso le cuesta al país unos $us 17 millones en divisas entregadas al exterior para comprar el acero que ya podemos producir aquí. No existe en Bolivia una inversión de $us 40 millones con semejante retorno. Ninguna.
Queda un tema técnico que exige seriedad: la central eléctrica, esencial para la Reducción Directa, consumirá 700.000 m³ de gas por día, el 2,5 % de los 28 millones que produce el país. Es manejable, pero requiere un contrato firme de largo plazo. Una acería no se enciende con voluntarismo.
A la demora se suma la opacidad. El país se endeudó por 15 años para levantar esta planta y tiene derecho a informes periódicos, verificables y públicos sobre su estado real.
La salida no es un misterio: una estructura gerencial multidisciplinaria de primer nivel; el capital de trabajo gestionado ante el Ministerio de Economía, o inversión mixta, si fuese necesario; el cierre contractual de las observaciones con el contratista, y un cronograma público con responsables y plazos.
Pero nada de ello ocurre solo. La minería boliviana necesita instituciones conducidas con criterio técnico, y una de las que hoy viene mostrando una gestión efectiva y eficiente es la AJAM, gracias al equipo que se ha conformado, desburocratización de trámites y control real del sector. Ese estándar institucional debe complementarse con una nueva Ley Minera, moderna y previsible, que otorgue seguridad jurídica y atraiga capitales nacionales y extranjeros a la minería y la siderurgia.
La planta ya está construida, sólo falta encenderla.